El BBVA busca un pacto con Bolivia para entregar las acciones de las petroleras

El BBVA no tiene previsto pedir compensaciones al Gobierno de Bolivia si tiene que traspasarle las acciones de las petroleras, porque no son de su propiedad, ya que sólo actúa como gestor de fondos de pensiones. El banco busca un acuerdo con el Ejecutivo de Evo Morales para que le exima de toda responsabilidad en el pago de pensiones, ya que al desprenderse de las acciones, también dejará de percibir los dividendos con los que abonaba las prestaciones. La entidad tiene previsto seguir en Bolivia con el negocio de pensiones privadas y valora su máximo perjuicio en 2,9 millones de euros.

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El BBVA no tiene previsto pedir compensaciones al Gobierno de Bolivia si tiene que traspasarle las acciones de las petroleras, porque no son de su propiedad, ya que sólo actúa como gestor de fondos de pensiones. El banco busca un acuerdo con el Ejecutivo de Evo Morales para que le exima de toda responsabilidad en el pago de pensiones, ya que al desprenderse de las acciones, también dejará de percibir los dividendos con los que abonaba las prestaciones. La entidad tiene previsto seguir en Bolivia con el negocio de pensiones privadas y valora su máximo perjuicio en 2,9 millones de euros.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer tras su entrevista con el ministro de Exteriores belga, Karel de Gutch: "No hay nada que indemnizar. No estamos expropiando a nadie, sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo de Bolivia". Probablemente sin saber exactamente lo que se le preguntaba en aquella confusión de voces y empujones, insistió en que lo reclamado al BBVA eran "aportes de los trabajadores que sólo estaban administrados por la empresa privada y ahora lo van a estar por el Estado boliviano", informa Ricardo M. de Rituerto desde Bruselas.

El conflicto se inició el lunes pasado cuando el Gobierno de Evo Morales anunció que daba un plazo de tres días para que el BBVA y la aseguradora suiza Zurich entregaran "de forma gratuita" las acciones de las petroleras Andina, Chaco y Transredes a la petrolera pública YPFB. Estas acciones nunca fueron propiedad de las entidades, sino que se las entregó en 1997 el Gobierno boliviano como garantía financiera cuando se privatizó el sistema público de pensiones. El BBVA y Zurich tenían depositadas estas acciones ante el compromiso asumido de pagar las pensiones a los bolivianos de edad avanzada o sin recursos económicos. Estos pagos procedían de los dividendos de las acciones.

Parte de este dinero se destinaba al llamado Bono de Solidaridad (Bonosol), que se entrega una vez al año a unos 300.000 ciudadanos mayores de 65 años. El montante es unos 1.800 bolivianos (unos 176 euros). Ante esta situación, lo que plantea el banco español es que si el Gobierno de Bolivia se queda con las acciones, también deberá asumir el compromiso de gestionar las pensiones.

El BBVA está analizando el decreto boliviano, pero comentó que no pedirá indemnizaciones al Ejecutivo, sino un contrato claro que le exima ante cualquier tribunal, nacional o internacional, de cualquier responsabilidad con el pago de pensiones.

El banco aseguró ayer que su intención es continuar en Bolivia con el negocio de las pensiones privadas que ya desarrolla ahora. La entidad presidida por Francisco González cuenta con 562.000 clientes de pensiones públicas y 836.000 de las privadas. En 2005, el beneficio neto obtenido por esta gestora fue de 2,2 millones de euros y la inversión total realizada por el banco asciende a 2,9 millones de euros.

"Escenario legal"

"La voluntad es entregar las acciones, pero en un escenario legal que nos deje sin miedo a que los bolivianos o futuros gobiernos se nos echen encima", dijo el gerente general del banco, Ildefonso Núñez, informa Efe. El BBVA cree que las negociaciones van por buen camino y no descarta llegar a un acuerdo en próximos días.

Núñez explicó que desde el 4 de mayo, tres días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ha tenido conversaciones con el Gobierno sobre la entrega de las acciones, en las que no se había avanzado, y que por ello "comprende" el ultimátum de tres días dado por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

Por su parte, el presidente de BBVA, Francisco González, eludió referirse directamente a Bolivia, aunque sí advirtió que "fuera de la economía de libre mercado y la democracia no hay futuro".

Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno, declaró ayer a la Cadena SER que "el tema no suena bien, pero hay que analizarlo un poco más en detalle para ver de qué estamos hablando". En su opinión, "si se están tomando unos activos de una entidad sin existir ninguna compensación, obviamente es inaceptable. Pero si de lo que estamos hablando es quitarle la gestión de unos fondos que tenía con ciertas obligaciones, habrá que ver cual es la compensación". El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, dijo ayer que esta situación será "irrelevante" y tendrá un efecto "mínimo en las cuentas del BBVA". Las acciones del banco cayeron ayer en Bolsa un 0,30%.

Además, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, subrayó la conveniencia de preservar "la seguridad jurídica" de todas las empresas foráneas para propiciar la entrada de inversiones en el país andino.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, fue más lejos al asegurar que "no es de recibo" que el Gobierno boliviano exija al BBVA las acciones sin compensación. Así, reprochó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que haya dejado la política exterior española en la "indigencia" y le instó a realizar una gira por Latinoamérica para reclamar que se respeten la ley y los acuerdos comerciales.