El juicio por la peste porcina de 2001 desvela numerosas irregularidades

La sesión de ayer del juicio contra los gerentes y veterinarios de dos integradoras de ganado porcino de Mollerussa (Pla d'Urgell) y Agramunt (Urgell) puso al descubierto la existencia de numerosas irregularidades y la falta de controles sanitarios en el sector que, a juicio del fiscal, pudieron ser la principal causa de que la peste porcina clásica (PPC) se propagara a varias zonas de la provincia de Lleida en 2001.

De las declaraciones efectuadas ayer por ganaderos, transportistas de ganado, veterinarios y responsables de mataderos se desprende que hubo tantas irregularidades que será...

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La sesión de ayer del juicio contra los gerentes y veterinarios de dos integradoras de ganado porcino de Mollerussa (Pla d'Urgell) y Agramunt (Urgell) puso al descubierto la existencia de numerosas irregularidades y la falta de controles sanitarios en el sector que, a juicio del fiscal, pudieron ser la principal causa de que la peste porcina clásica (PPC) se propagara a varias zonas de la provincia de Lleida en 2001.

De las declaraciones efectuadas ayer por ganaderos, transportistas de ganado, veterinarios y responsables de mataderos se desprende que hubo tantas irregularidades que será casi imposible determinar cuál fue el foco original de la PPC. El fiscal considera que la actitud negligente de los acusados al ocultar la existencia de animales enfermos en sus granjas contribuyó a la difusión de la peste, especialmente por contagio indirecto, es decir, por personas, vehículos y animales salvajes. La empresa Grefacsa, dedicada a la recogida de los cerdos muertos, también pudo ser una vía de contagio, ya que las rutas que realizó en las semanas anteriores a la declaración oficial de la epidemia coinciden con la aparición de los diferentes focos. Además, el camionero reconoció que no se desinfectaba las botas cuando visitaba una explotación.

El fiscal también concluye que la investigación que ordenó para verificar si el contagio pudo tener su origen en la compra y entrada clandestina de lechones procedentes de países del Este, donde eran tres veces más baratos, resultó infructuosa por la falta de controles sanitarios de entradas y salidas de animales en las granjas, las irregularidades en la identificación de los animales al carecer de crotal auricular o tatuaje identificativo, omisión de anotaciones en los libros de explotación y otras anomalías.

Un informe de la Guardia Civil señala que los cerdos de una granja sospechosa, integrada por Piensos Yak, fueron comprados a una empresa de León que no tenía autorización para realizar esa actividad y fueron trasladados en camiones que no consta que hubieran sido desinfectados.

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