Bruselas reduce la multa por la plantación de vides
La Comisión Europea ha decidido rebajar de 108 a 85 millones de euros la propuesta inicial de multa a España por supuesta dejación en el control de las plantaciones ilegales de vides. Responsables de la Administración española han mostrado su confianza en que Bruselas rebaje mucho más esa sanción al haberse cumplido los requisitos exigidos por Bruselas y, si es posible, que se archive.
Las denuncias comunitarias afectaban fundamentalmente a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,Valencia y Extremadura. Bruselas ha reconocido haber cometido errores de cálculo a la hora de estima...
La Comisión Europea ha decidido rebajar de 108 a 85 millones de euros la propuesta inicial de multa a España por supuesta dejación en el control de las plantaciones ilegales de vides. Responsables de la Administración española han mostrado su confianza en que Bruselas rebaje mucho más esa sanción al haberse cumplido los requisitos exigidos por Bruselas y, si es posible, que se archive.
Las denuncias comunitarias afectaban fundamentalmente a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,Valencia y Extremadura. Bruselas ha reconocido haber cometido errores de cálculo a la hora de estimar las irregularidades. No obstante, los inspectores comunitarios tienen previsto viajar a España el próximo otoño para seguir sobre el terreno el desarrollo de la vendimia en esas zonas.
La UE prohibió las plantaciones de viñedos a partir de agosto de 1998. Posteriormente se puso en marcha en España un proceso de regularización de superficies siempre que sus propietarios demostraran que las habían plantado antes de esa fecha o que habían adquirido derechos para justificar la legalidad de las mismas. En ningún momento se ha dado una cifra oficial sobre el volumen de esas superficies, aunque en medios de la Administración se barajaba una cifra por encima de las 100.000 hectáreas sobre una superficie total de 1,1 millones de hectáreas.
Al tratarse de explotaciones ilegales, las comunidades autónomas tenían la obligación de controlar el cultivo de esas superficies y, sobre todo, evitar que sus producciones entraran en el circuito comercial o que percibieran ayudas comunitarias con cargo a los excedentes.
Los responsables españoles han señalado en Bruselas que por parte de las comunidades autónomas y, más concretamente en el caso de Castilla-La Mancha, se comunicó a los propietarios la obligación de arrancar ese tipo de viñedos.