Objetivos: vivienda e investigación
Las tareas inmediatas de decisión económica se orientarán a corregir dos problemas que afectan gravemente a la salud de la economía española: vivienda e inversión en investigación y desarrollo (en adelante, I+D). Pero esta prioridad no evita que los responsables económicos del futuro Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -que probablemente se conocerá esta semana- no deban aclarar algunos aspectos de su política económica o hacer frente a exigencias inmediatas de gestión; el alcance de la reforma fiscal que aplicará la Administración socialista o las relaciones con las empresas [mal] privat...
Las tareas inmediatas de decisión económica se orientarán a corregir dos problemas que afectan gravemente a la salud de la economía española: vivienda e inversión en investigación y desarrollo (en adelante, I+D). Pero esta prioridad no evita que los responsables económicos del futuro Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -que probablemente se conocerá esta semana- no deban aclarar algunos aspectos de su política económica o hacer frente a exigencias inmediatas de gestión; el alcance de la reforma fiscal que aplicará la Administración socialista o las relaciones con las empresas [mal] privatizadas por el primer Gobierno del PP. En el estado actual de formación del Gobierno, algunos de los criterios económicos están muy claros, pero no hay precisiones ni detalles incluso en los que tienen mayor definición. La personalidad de los gestores y los obstáculos políticos pueden modificar incluso algunas de las líneas de política económica firmemente establecidas hoy en Ferraz y su entorno.
En las empresas privatizadas se tratará de impedir los blindajes y favorecer en los consejos la presentación de impugnaciones a la gestión de los directivos
El nuevo Gobierno de Zapatero entiende que hay que reducir el tamaño de la 'burbuja inmobiliaria' acrecentando el mercado de alquiler en España
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VIVIENDA. Sea a través de un Ministerio de la Vivienda, sea a través de una Agencia Nacional de Alquiler dependiente del Ministerio de Economía o de Presidencia (el ministerio anunciado por Rodríguez Zapatero suscita un entusiasmo perfectamente descriptible entre los economistas del PSOE), el nuevo Gobierno entiende que hay que reducir el tamaño de la burbuja inmobiliaria, y que la forma más adecuada para conseguirlo es acrecentar el mercado de alquiler en España. La situación es de riesgo, aseguran, debido a la confluencia en el mercado de precios muy elevados con una producción de viviendas muy alta (1,5 viviendas por hogar, con crecimientos anuales de más del 15% cada trimestre), circunstancia que deja muy poco margen para la corrección de los precios.
La tarea de la agencia consistiría en crear un amplio mercado de alquiler en España que contribuyera a estabilizar los precios y acabar con la persistencia de siete millones de viviendas vacías. Con un mercado de alquiler más potente aumentaría la movilidad geográfica del empleo -el 76% de los trabajadores sigue diciendo que no se mueve de sus lugares de residencia, en parte por las dificultades de adquisición de vivienda- y se elaboraría un censo de morosos (arrendadores que no pagan) y de incumplidores (arrendatarios que no mantienen condiciones mínimas en las viviendas que alquilan).
El mecanismo de funcionamiento de la agencia es conocido: el arrendatario cede los derechos a la agencia nacional, que se hace responsable de la gestión del piso o pisos entregados a la gestión de la agencia. Se entiende que, mediante este procedimiento, los riesgos de impago u otros incumplimientos de contrato disminuirán. Los alquileres que se gestionen a través de la agencia quedarán exentos de tributación.
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I+D. En el ambiente político se extiende la idea de que el Gobierno redactará inmediatamente un plan de choque para aumentar la inversión en I+D. La idea conductora es aumentarla a razón de un 25% al año (ahora en España, la inversión es el 0,96% del PIB, cuando la media en Europa es el 1,91% del PIB) mediante el aumento de la inversión pública y el estímulo de las sociedades de capital riesgo.
La apelación al capital riesgo requiere, en primer lugar, el compromiso de bancos y cajas de ahorro para que apoyen las sociedades de capital riesgo; en segundo lugar, requiere un cambio drástico en el tipo de incentivos públicos que se aplicarán. Desaparecerán las bonificaciones fiscales y serán sustituidas por subvenciones.
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REFORMA FISCAL. De aplicación el ejercicio 2006 para las rentas de 2005. En el IRPF se pretende un tipo único, entre el 27% y el 30%, con mínimos exentos de 10.000 euros más 3.000 euros por cada hijo o dependiente. Para sociedades se aplicará el mismo tipo, de forma que quedará invalidada la conversión de personas físicas en personas jurídicas para pagar menos impuestos. Las plusvalías realizadas, si no se reinvierten, tributarán al 30% y se ajustarán por inflación.
En la galaxia fiscal abundan las incógnitas. Quizá el Gobierno no se atreva a imponer un tipo único y opte por los recargos. Queda por decidir si se eliminará la deducción por vivienda: hoy, la idea dominante es eliminar la deducción de las viviendas que se adquieran a partir de la implantación de la reforma, se respete para las anteriores y se anule para los contribuyentes que ya hayan disfrutado de la deducción por la compra anterior de una primera vivienda. En cuanto a si el aumento de la tributación de las plusvalías provocará salida de capitales, sólo podrá comprobarse cuando se aplique.
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EMPRESAS PRIVATIZADAS. El principio general será el de no intervención. Rodríguez Zapatero mencionó antes de las elecciones el desiderátum de que los presidentes de las compañías mencionadas -Endesa, Repsol, Telefónica, Altadis, Argentaria (hoy BBVA)...- pusiesen sus cargos a disposición de los consejos para sustentar la privatización sobre comportamientos más próximos a las normas de mercado. Es un deseo hoy improbable.
Línea probable de actuación: cambiar la legislación para impedir los blindajes en las empresas y favorecer la presentación en los consejos de impugnaciones a la gestión de los directivos.
Para amantes del déficit cero
EL PRÓXIMO MINISTRO de Economía tendrá pocos quebraderos de cabeza de naturaleza macroeconómica. Si se respeta la tesis de Miguel Sebastián, en el año 2004 se perseguirá el objetivo de equilibrio en la ejecución de los Presupuestos. Para años sucesivos, este principio se desarrollará según la posición cíclica de la economía. Dicho de otra manera, con crecimientos económicos superiores al 2,5% y tasas de inflación de más del 2%, el objetivo buscado sería el superávit presupuestario; con crecimientos menores y tasas de inflación más bajas se permitirían incluso pequeños déficit. Conviene recordar que la ortodoxia presupuestaria carece de glamour entre los políticos del PSOE.
El mercado laboral merece una atención especial. En este caso, el objetivo será reducir la elevada tasa de temporalidad en el mercado de trabajo; recuérdese que el número de contratos temporales sobre el total de contratos supera el 30% y casi triplica la
media europea. El PSOE quiere aumentar la tasa de contratos fijos, pero, eso sí, sin aumentar el coste del despido. Los economistas del Gobierno aseguran que tienen la clave para conseguirlo. Se trata de los contratos fijos con amplios periodos de prueba, una modalidad que debería sustituir con ventaja la contratación fija actual.
Toda política exige un objetivo y el procedimiento para conseguirlo. El método será el clásico: la negociación de empresarios y sindicatos, que serán inmediatamente convocados después de la formación del Gobierno.