Las batallas del caso Cavallo

En el módulo de aislamiento de la prisión de Soto del Real (Madrid) está detenido el moldavo Pietro Arcán, acusado de asesinar con extrema crueldad y sevicia a un abogado en la localidad madrileña de Pozuelo en 2001. El mismo pabellón tiene otro inquilino desde el pasado lunes. Es argentino y se le imputan 227 secuestros y decenas de casos de desapariciones, torturas y asesinatos. Sus colegas de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) lo llamaban Miguel Ángel, pero es Sérpico o Marcelo quien aparece en muchos de los testimonios de sobrevivientes y familiares de vícti...

En el módulo de aislamiento de la prisión de Soto del Real (Madrid) está detenido el moldavo Pietro Arcán, acusado de asesinar con extrema crueldad y sevicia a un abogado en la localidad madrileña de Pozuelo en 2001. El mismo pabellón tiene otro inquilino desde el pasado lunes. Es argentino y se le imputan 227 secuestros y decenas de casos de desapariciones, torturas y asesinatos. Sus colegas de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) lo llamaban Miguel Ángel, pero es Sérpico o Marcelo quien aparece en muchos de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura argentina (1976-1983). En los expedientes judiciales figura como Ricardo Miguel Cavallo: oficial de inteligencia de la ESMA durante el Gobierno de la Junta Militar, diplomático en París en los estertores de la dictadura y, hasta el año 2000, un reconocido hombre de negocios en México.

Sérpico sale al patio dos veces al día y va al polideportivo en horas en las que no hay nadie

Las víctimas del ex militar argentino y el juez Garzón se enfrentan al último obstáculo: las trabas legales para un juicio oral

Hoy es un preso en España, a donde llegó en un vuelo procedente de México la mañana del lunes, después de que el Gobierno mexicano aprobara la extradición que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó en 1998 para juzgarlo por los delitos de genocidio y terrorismo. El acusado bajó la escalerilla del avión envuelto en un chaleco antibalas porque, dicen sus abogados, teme por su vida. El ex militar está recluido en un módulo para detenidos de alta peligrosidad o que, por el contrario, necesitan de protección especial. Allí la comunicación es escasa con los otros reclusos. Sérpico sale al patio -una hora por la mañana y otra por la tarde- con dos o tres internos como mucho. A veces puede ir a polideportivo, siempre en horas en las que no hay nadie. Almuerza y cena en la celda.

"Goza de todas las garantías para un juicio en condiciones; está en una cárcel legal y tiene la oportunidad de un proceso justo, algo que ni mi padre ni muchas personas desaparecidas tuvieron", afirma Federico Gómez, uno de los testigos que esta semana prestó declaración y aportó nuevas pruebas contra el ex militar ante el juez Garzón. Es la segunda vez que Gómez viaja a Madrid (en 1997 ya había declarado) para contar la historia de su padre, desaparecido cuando él tenía apenas 10 años. Una historia que ha repetido tantas veces que no titubea en fechas, nombres, ni lugares. Sólo se detiene para tragar saliva.

"Mi padre, Conrado Higinio Gómez, hijo y nieto de andaluces y con cinco hijos, fue un abogado brillante. La noche del 10 de enero de 1977 fue detenido en su despacho de Buenos Aires en un operativo en el que participó Cavallo. Le robaron de su caja fuerte los títulos de propiedad de varias tierras en la provincia de Mendoza y cerca de un millón de dólares. También le obligaron a firmar una cesión de bienes, entre ellos 35 caballos de carreras y un Ford del 26 (...) La última noticia suya fue una llamada del 25 de marzo de 1977, en la que habló con mi madre para ver si los militares le habían entregado un dinero. Se molestó porque no habíamos recibido un centavo y en ese momento se cortó la comunicación".

Este relato, sumado al de Marcelo Hernández, otro argentino que declaró esta semana en Madrid haber sido secuestrado por Cavallo y haber padecido torturas durante dos años en la ESMA, son los últimos testimonios en el proceso que se sigue contra el ex militar en España. El caso, como afirmó el magistrado mexicano que dictaminó la extradición, supone un hito por ser el primer proceso internacional que apela al principio de extraterritorialidad, es decir, la facultad de un país tercero de ejercer su jurisdicción por hechos cometidos fuera de su territorio; en este caso genocidio y terrorismo, ya que el delito de tortura fue considerado prescrito por la Justicia mexicana.

El carácter histórico de la decisión no le ha restado polémica. El mismo día del aterrizaje del ex militar en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el auto con el que Garzón decretó su ingreso en prisión. En su escrito, el fiscal plantea la falta de competencia de la jurisdicción española y recuerda que éste es el criterio que ha mantenido en todos los dictámenes dictados en esta causa.

Pero el Juzgado Central de Instrucción número cinco señala que el auto de prisión es procedente no sólo por que está amparado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, sino también porque en el caso hay víctimas españolas. Garzón responsabiliza a Cavallo de los asesinatos de las españolas Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya la madrugada del 11 de enero de 1977 en Buenos Aires, horas después de la desaparición de Conrado Gómez.

El proceso ha iniciado su marcha, aunque aún faltan varios eslabones para llegar al objetivo que desde hace más de tres años persiguen los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión argentina: un juicio oral a Cavallo. Todavía no está agotada la etapa de instrucción, es decir que pueden aportarse nuevas pruebas. El juez Garzón podría oír las declaraciones de más testigos e incluso volver a interrogar al presunto torturador argentino, que en su comparecencia inicial guardó silencio "amparándose en su condición de militar en el momento de los hechos juzgados".

Las declaraciones de los testigos citados esta semana, además de apoyar los cargos de genocidio, pretenden deshilar la trama de apropiación de recursos de la ESMA, una supuesta red de testaferros y empresas inmobiliarias que se dedicó a usurpar los bienes de secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar. Federico Gómez, por ejemplo, ha logrado reunir pruebas de que varias propiedades de su padre, sus caballos y el automóvil Ford pasaron a manos de antiguos represores, según una carta que le envió el también ex militar argentino procesado en España, Adolfo Scilingo, y que hoy está en poder de Garzón.

"Demostrar el saqueo de los represores es sólo un camino más para exigir el castigo del delito más grave que es el genocidio", afirma Gómez, quien advierte que son precisamente esos intereses económicos los que pueden amenazar el proceso: "Hay mucha gente que se benefició de toda esta corrupción de la ESMA, personas influyentes de Argentina que no están interesadas en juicios orales. Cavallo buscará que esas personas compren su silencio".

Por ahora, el caso Cavallo ha servido para que Argentina y España abran un debate interno sobre su cooperación con la justicia internacional. El Gobierno argentino ha anunciado esta semana que derogará el decreto que impide extraditar a los ex represores requeridos por otros países, una medida que, de concretarse, dejaría el camino libre para la extradición de 48 ex militares solicitada por Garzón. En España, cuatro grupos políticos presentaron el pasado viernes varias enmiendas al proyecto de ley que establece las pautas de cooperación con la Corte Penal Internacional, al considerar que "suprime" el principio de Justicia universal y podría impedir la investigación de delitos como los que se le imputan al ex oficial Sérpico.