Los artistas plásticos acusan al Gobierno de no defender los derechos de autor
Los artistas plásticos y creadores visuales se han puesto en pie contra el Gobierno. El objeto de la polémica es la adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 a la normativa europea, que todos los países de la UE tienen que tener lista este año. En el caso de España, está en fase de anteproyecto de ley. "Los creadores visuales tenemos un top manta y el Gobierno ha perdido una magnífica ocasión para defender los derechos de los autores". Así resumió ayer Javier Gutiérrez Vicén, director general de Vegap (la entidad de gestión de los artistas plásticos, que agrupa a 1.500 asoci...
Los artistas plásticos y creadores visuales se han puesto en pie contra el Gobierno. El objeto de la polémica es la adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 a la normativa europea, que todos los países de la UE tienen que tener lista este año. En el caso de España, está en fase de anteproyecto de ley. "Los creadores visuales tenemos un top manta y el Gobierno ha perdido una magnífica ocasión para defender los derechos de los autores". Así resumió ayer Javier Gutiérrez Vicén, director general de Vegap (la entidad de gestión de los artistas plásticos, que agrupa a 1.500 asociados), el malestar de un sector que reúne desde artistas plásticos hasta el arte electrónico, como pintores, escultores y diseñadores gráficos y fotógrafos, ilustradores o dibujantes de cómic. "En nuestro caso, en la manta no hay un tostadora y un inmigrante. Es una delincuencia de guante blanco, de empresas que usan las obras de los creadores para campañas de publicidad y merchandising, y que eluden el pago de los derechos de autor", añadió Gutiérrez.
El diseñador gráfico Alberto Corazón, de la Fundación Arte y Derecho; el pintor Perico Pastor, presidente de Vegap, y Concha Jerez, presidenta de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV), explicaron los aspectos del anteproyecto de ley que rechazan. El Gobierno plantea la creación de una comisión de arbitraje que en el caso de un litigio con una empresa que se niegue a pagar los derechos sea quien, a petición del usuario, fije la tarifa o depósito hasta que llegue el juicio. Hasta ahora eran los jueces quienes fijaban esa tarifa. "Con esto, el Ministerio de Cultura invade una función propia del Poder Judicial y eso es inaceptable", dijo Gutiérrez.
Copias digitales
El otro gran punto de fricción son las copias digitales de uso privado. En la actual ley, para compensar a los autores el precio que no cobran se fijó un canon para todos los sistemas de reproducción analógica básica (como fotocopiadoras o cintas vírgenes de audio y vídeo) y para las obras que se presenten en "cualquier soporte visual". Ahora, el anteproyecto suprime la expresión "soporte visual", de forma que sólo se benefician del canon los derechos reprográficos, es decir, las fotocopiadoras y cintas, pero deja fuera el CD Rom y cualquier soporte digital. "El Gobierno ha elegido un modelo para beneficiar a quien utiliza las obras, en perjuicio de los autores, atiende más a los intereses de las empresas que a los creadores", resumió Gutiérrez.
Este anteproyecto de ley también preocupa a las asociaciones de bibliotecarios y documentalistas, que consideran que en algunos casos puede perjudicar a los usuarios de los centros públicos. Según señalaron ayer en Barcelona, en el marco de las VIII Jornadas de Documentación (www.fesbadi.org), la ley debería ampliar los límites de reproducción en archivos y bibliotecas en varios supuestos, incluidos el préstamo y la reproducción para conservación y para investigación, entre otros.