Aumenta la deuda pública del Estado
El gasto público se sostiene con impuestos y con otros ingresos, entre los que primordialmente está el déficit. Cuando esto ocurre, esta última proporción se financia mediante el endeudamiento. Se trata, pues, de un instrumento habitual al que no hay por qué renunciar de antemano. Las posibilidades de recurrir a él vienen determinadas por la capacidad que se posea para hacer frente a la devolución de los préstamos y por la confianza que despierta el emisor.
En determinadas circunstancias, tiene lógica económica el endeudarse, y lo mismo puede decirse de la lógica política. Una norma de ...
El gasto público se sostiene con impuestos y con otros ingresos, entre los que primordialmente está el déficit. Cuando esto ocurre, esta última proporción se financia mediante el endeudamiento. Se trata, pues, de un instrumento habitual al que no hay por qué renunciar de antemano. Las posibilidades de recurrir a él vienen determinadas por la capacidad que se posea para hacer frente a la devolución de los préstamos y por la confianza que despierta el emisor.
En determinadas circunstancias, tiene lógica económica el endeudarse, y lo mismo puede decirse de la lógica política. Una norma de elemental exigencia democrática ha de llevarnos a conocer cómo evolucionan los déficit, los activos y los pasivos financieros públicos. Vaya por delante que esto no siempre se consigue con facilidad. De hecho, en España, en el ámbito financiero público ocurre lo mismo que en otros aspectos relacionados con las obligaciones y con los derechos, que las zonas de opacidad son amplias, a la vez que la transparencia es más escasa de lo debido.
La inversión pública que 'escapa' a la medición de déficit supera los cuatro billones y medio de pesetas
Realizadas estas consideraciones preliminares, diré que pretendo comparar el peso de la deuda pública del Estado entre finales de 1995 y finales del año 2001. Parto del hecho de que al finalizar el primero de estos años, el peso de la deuda en circulación, de la que era este agente titular, suponía el 52,38% del PIB, mientras que seis años después se había reducido la ratio hasta el 47,40%. Ahora bien, si en lugar de seguir la marcha en términos relativos se hace la comparación en magnitudes absolutas, se ve que en igual periodo de tiempo la deuda pública en circulación del Estado ha experimentado un aumento de 78.900 millones de euros. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del actual ejercicio, pero no amplió las referencias temporales por razones de homogeneidad con otras magnitudes.
Estamos ante una cantidad destacada que no ha sido el único recurso financiero del que dispuso el Gobierno del señor Aznar durante el último sexenio. En este tiempo llevó a cabo un rápido e intenso proceso de privatizaciones, que estimo que le proporcionó 21.000 millones de euros más. Por tanto, los recursos obtenidos entre ambas vías alcanzaron los 99.900 millones de euros.
¿A qué fueron dedicados? La mayor parte de los mismos se destinaron a la cobertura de los déficit de caja no financieros del Estado. En esta finalidad se emplearon 53.040 millones de euros. Otros 19.468 fueron a la concesión de préstamos, adquisiciones de acciones y a aportaciones patrimoniales en diferentes políticas públicas.
La comparación entre los recursos y los empleos nos sitúa, de un lado, en 99.900 millones de euros, mientras que, del otro, aparecen 72.508 millones de euros. Por tanto, se produce una diferencia que no se explica ni por el déficit de caja ni por la variación neta de activos financieros. La cuantía de la diferencia ha sido de 27.392 millones de euros (o lo que es lo mismo, 4.560 billones de pesetas).
¿Por qué, si hay déficit cero, sigue creciendo el volumen de deuda pública del Estado? Porque se ha producido la huida del Presupuesto de una serie de actividades y organismos que no se computan a la hora de medir el déficit, pero que siguen siendo actividades públicas que han de ser cubiertas con recursos de esta naturaleza.
¿Tiene sentido lo que está ocurriendo? Desde mi punto de vista, no existe justificación económica. En los años que comparo, España vivió una etapa de baja inflación, por lo que difícilmente puede sostenerse que la marcha de los precios complicó la política fiscal obligando a ampliar las emisiones, habida cuenta de que se estaban produciendo cambios en el valor de la deuda. Los precios aumentaron el 17%, mientras que el endeudamiento lo hizo el 31%.
Tampoco encuentro sólidas razones administrativas, dado que considero inverosímil el que -por parte de alguien- pudiera argumentarse que las captaciones de recursos en el mercado se produjeran de manera injustificada.
Mi opinión es otra. Creo que si aparece mayor deuda pública del Estado es porque ha habido anteriormente un conjunto de déficit que han sido financiados a través de ella. De ocurrir las cosas de esta manera, puede suceder que la contabilidad trate de esconderlo y que resulte evidente el afán de las autoridades de presentar un déficit nominal distinto del real. Estas prácticas, a las que algunos Gobiernos se dedican con fruición, suelen durar poco, ya que más temprano que tarde los trucos y las trampas quedan al descubierto.
Si no hay ni razones económicas ni administrativas, ¿por qué en España ha aumentado el volumen de deuda pública del Estado en circulación? Esta pregunta la hice en el debate, discusión y aprobación de los Presupuestos para el año 2003. No obtuve respuesta, ni en la Comisión de Presupuestos ni en el Pleno de la Cámara. El silencio oficial no puede servir para que eluda extraer algún tipo de justificación. Son razones políticas las que explican la marcha de los acontecimientos.
Durante estos años, el Estado asumió cargas procedentes de organismos públicos, que se decidió que escaparan al control del déficit, pero que no podía evitarse que se reflejaran en el volumen de su endeudamiento.
¿Cómo se ha hecho esa tarea de distraer un volumen tan cuantioso de recursos, que, siendo gasto público, no figuran como tal, en el momento de medir el déficit del Estado? Técnicamente diré que fundamentalmente se ha recurrido a vaciar los gastos que se venían contabilizando en los capítulos VI (inversiones reales) y VII (transferencias de capital) de la clasificación económica de los Presupuestos, trasladando al capítulo VIII (activos financieros). Ya que en este capítulo no cuentan en el cómputo del déficit, aunque lo sean. El recurso a la financiación externa o la sustitución de las transferencias destinadas a la cuenta de explotación por préstamos avalados por el Estado son otros procedimientos que han servido para poner de relieve que el problema del gasto público en España es primero de transparencia, y después, de magnitud.
¿Dónde se ha hecho esta operativa a través de la cual se viene ocultando la existencia de más de cuatro billones y medio de gasto público y que no figuran como déficit del Estado? En varios sitios y actividades; para ilustrar al lector citaré algunos.
En el sector público empresarial deficitario: en la SEPI o en RTVE. De esta última hemos sabido recientemente que la acumulación de deudas arrastrada por ella supera los 6.200 millones de euros. Este desajuste ni ha estado ni va a estar reflejado nunca en el desequilibrio presupuestario. Los préstamos que ha necesitado para funcionar han sido avalados por el Estado, y desde esa situación pasarán a incorporarse como deuda pública que pagará el Estado.
Los antiguos organismos autónomos vienen siendo sustituidos por sociedades estatales poseedoras de igual finalidad. En ellos se contabilizaban las inversiones en capítulos que entraban a formar parte del déficit. Ahora no, ya que la financiación la reciben mediante ampliaciones de capital que, al figurar como un activo financiero, no se consideran déficit público.
El Ministerio de Defensa viene recurriendo a estos procedimientos contables, al emplear al Ministerio de Ciencia y Tecnología como departamento nodriza. Una profusa actividad bancaria totalmente opaca le permite conceder préstamos a empresas esencialmente públicas para que fabriquen armas con un fuerte componente tecnológico: el avión, la fragata, el carro de combate, el radar, el helicóptero, el submarino, el misil o la barcaza de desembarco se financian así. La investigación científica tampoco ha escapado al sistema prestamista.
He expuesto algunos datos y casos referidos a organismos públicos desde los que se ejecutan políticas públicas que escapan a la medición del déficit público. En los seis últimos años, la magnitud de los recursos empleados en todos ellos supera los cuatro billones y medio de pesetas.
Considero que hacer política cuesta dinero y que lo mejor que puede ocurrir es que se sepa y que se mida adecuadamente. De no ser así, cuando lo que se ve es cómo va aumentando la deuda pública del Estado, sin explicaciones solventes, se abre un marco de duda que lleva con fundamento a afirmar que en España el déficit cero es una penosa mentira apoyada en la alquimia contable.
Francisco Fernández Marugán es diputado del PSOE.