La ONU pide que se investigue dónde están enterrados republicanos fusilados tras la guerra

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha remitido al Gobierno una recomendación para que investigue la desaparición a manos del régimen franquista de al menos dos casos de republicanos fusilados tras la guerra civil. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica presentó 64 casos, pero la ONU se ha limitado a los sucedidos a partir de 1945, fecha de fundación de ese organismo. No obstante, la comunicación precisa que la ONU 'no minimiza la importancia' de casos similares registrados entre 1936 y 1939.

Lo que viene a certificar Naciones Unidas, ...

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha remitido al Gobierno una recomendación para que investigue la desaparición a manos del régimen franquista de al menos dos casos de republicanos fusilados tras la guerra civil. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica presentó 64 casos, pero la ONU se ha limitado a los sucedidos a partir de 1945, fecha de fundación de ese organismo. No obstante, la comunicación precisa que la ONU 'no minimiza la importancia' de casos similares registrados entre 1936 y 1939.

Lo que viene a certificar Naciones Unidas, aunque sólo para los dos casos mencionados y cuyas identidades no ha difundido, es que el régimen franquista mató de manera ilegal a muchas personas, sin entregar los cuerpos a los familiares ni comunicarles dónde estaban. Y transmite el deseo de que el Gobierno averigüe el paradero de los restos.

Es lo que figura en un acuerdo firmado en 1991 por todos los países, incluido España, y que ya se ha aplicado en otros lugares donde hubo dictaduras sangrientas como Argentina y Chile. Además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene recopilados datos sobre más medio centenar de personas fusiladas en España con posterioridad al 24 de octubre de 1945 como consecuencia de la guerra civil. La Asociación calcula que unos 30.000 cadáveres fueron arrojados a fosas comunes y en cunetas, tras fusilamientos nocturnos.

La comunicación de la ONU es clara: 'El Grupo de Trabajo expresa la esperanza de que se inicien las investigaciones apropiadas por parte de las autoridades sobre los casos transmitidos'. El citado grupo depende del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y está integrado por tres personas, un peruano, un nigeriano y un macedonio.

La Asociación disponía de más de 2.000 peticiones. Pero dado que la ONU sólo exigía un mínimo de 25 y se trataba de una petición de carácter simbólico, presentó 64 casos. La mayoría anteriores a 1945.

Alcance simbólico

La comunicación de la ONU aclara que aunque la mayoría de los casos han quedado excluidos por ser anteriores a 1945, 'no minimiza la importancia' de esos hechos. El propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ha asumido el alcance simbólico de la iniciativa ya que aclara que 'el papel que puede desempeñar este procedimiento en la aclaración de los mismos es limitado'. Esto se debe a que son los Gobierno los que deben mostrar la voluntad de llevar a cabo las investigaciones.

La mayoría de los más de 2.000 casos documentados se refieren a muertes ocurridas durante la guerra, pero no en combate. Se trata de asesinatos selectivos en pueblos, realizados a partir de la ocupación del territorio por las tropas franquistas. Durante décadas, los vecinos supieron dónde estaban las fosas, pero hasta ahora nadie se había atrevido a pedir que se reabrieran porque el miedo ha perdurado incluso después del restablecimiento de la democracia.

El próximo 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento de Franco, se votará en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una proposición no de ley del PSOE, apoyada por Izquierda Unida y por la práctica totalidad de la oposición, en la que se pide al Gobierno que financie y facilite la reapertura de todas las fosas comunes que se conocen en España.

El Partido Popular aún no ha aclarado cuál será el sentido de su voto, si bien recientemente rechazó una enmienda del PSOE a los Presupuestos en la que se proponía destinar un millón de euros a reabrir fosas comunes. Los republicanos también enterraron a franquistas en fosas comunes, pero una vez terminada la guerra todas ellas fueron reabiertas y los que allí reposaban quedaron recordados con placas en los pueblos donde vivían.