El PP da marcha atrás en su intento de facilitar a la policía los datos de los internautas

Hasta ayer, el Partido Popular proponía que los operadores y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones debían 'retener los datos de tráfico durante 12 meses' y que los servidores tenían que poner los datos a disposición 'de las autoridades judiciales o policiales en el marco de una investigación'. Sin embargo, cuando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) estaba a punto de culminar el antepenúltimo trámite parlamentario, el PP dio marcha atrás y limitó el acceso a los datos de navegación a los jueces y fiscales.

Fue en la Comisión de Ciencia y Tecnología...

Hasta ayer, el Partido Popular proponía que los operadores y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones debían 'retener los datos de tráfico durante 12 meses' y que los servidores tenían que poner los datos a disposición 'de las autoridades judiciales o policiales en el marco de una investigación'. Sin embargo, cuando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) estaba a punto de culminar el antepenúltimo trámite parlamentario, el PP dio marcha atrás y limitó el acceso a los datos de navegación a los jueces y fiscales.

Fue en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que debatía la ponencia sobre la LSSI. El miércoles que viene se vota en el Senado antes de su definitiva aprobación en el Congreso.

Instantes antes de la votación, el presidente de la Comisión, de Coalición Canaria (CC), solicitó un receso para introducir las modificaciones del PP. Era el punto más polémico de la LSSI. 'Va contra la Constitución y lo van a tener que cambiar antes del pleno', pronosticó segundos antes Félix Lavilla, portavoz del PSOE en la comisión. Así fue. En folios aparte, el PP, con el apoyo de CiU y CC, introdujo 13 enmiendas (ocho del PP y cinco pactadas con CiU). Una de ellas cambiaba sustancialmente el punto.

Cambio de planes

El nuevo texto asegura que los datos deberán ponerse a disposición de los jueces o del ministerio fiscal cuando lo requieran. No hace mención a la policía. También asegura que 'en ningún caso la obligación de la retención afectará al secreto de las comunicaciones'. Y que sólo se deberán retener los datos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que empezó la comunicación.

Sin embargo, en la enmienda presentada el 6 de junio, el PP se refería a la retención de 'los datos de las transmisiones electrónicas (tales como el número de identificación de los equipos de origen y destinatarios de la comunicación, tiempo de duración de la conexión, volumen de datos transmitidos...)'. Instantes antes de la supresión del artículo, la portavoz del PP en la comisión, Lucía Delgado, seguía defendiendo la enmienda: 'Sólo pedimos el punto de acceso y cuándo conectó. Así podremos perseguir a un pederasta que se introduce en el chat de niños'.

Así, la nueva ponencia, después de minutos de discusiones sobre la validez de introducir enmiendas en el texto antes del pleno, confusión en las votaciones y consultas al Reglamento del Senado, fue aprobado con los votos de PP, CiU y CC. La ponencia, pues, superó los seis vetos presentados.

Lavilla comparó la intención del PP de guardar los datos con un 'Gran Hermano alentado desde Interior en el que todo se escucha aunque en España sólo hay 27 policías dedicados a delitos en Internet'. El miércoles, los proveedores de acceso a Internet se quejaron de los costes que les supondrá almacenar los datos un año.