Detenido un jefe de la Caja Laboral de Mondragón por ayudar a la red financiera de ETA

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer en Mondragón (Guipúzcoa) a Iñaki Mallagaray, jefe del departamento de auditoría interna de Caja Laboral, acusado de pertenecer al entramado financiero de ETA. Mallagaray alertaba presuntamente desde su cargo al entorno de la banda de investigaciones judiciales y policiales en curso. La operación, dirigida por el juez Garzón, está ligada a la detención, a fines de abril, de 11 miembros de Batasuna como responsables de la red empresarial creada por ETA para blanquear el dinero del impuesto revolucionario y los secuestros.

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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer en Mondragón (Guipúzcoa) a Iñaki Mallagaray, jefe del departamento de auditoría interna de Caja Laboral, acusado de pertenecer al entramado financiero de ETA. Mallagaray alertaba presuntamente desde su cargo al entorno de la banda de investigaciones judiciales y policiales en curso. La operación, dirigida por el juez Garzón, está ligada a la detención, a fines de abril, de 11 miembros de Batasuna como responsables de la red empresarial creada por ETA para blanquear el dinero del impuesto revolucionario y los secuestros.

Entre los arrestados en aquella operación figuraban el ex miembro de la Mesa Nacional de HB Rufino Etxeberria y Jon Gorrotxategi como presuntos integrantes del entramado empresarial, en el que se utilizaban también las herriko tabernas, las sedes sociales y bares de la formación radical.

La última operación policial se dirige contra el mecanismo empleado por el entorno de ETA para eludir la acción de la justicia contra sus operaciones financieras. El Ministerio del Interior aseguró ayer que Mallagaray, desde su cargo en la sede central de la Caja Laboral Popular en la localidad guipuzcoana, era el responsable de gestionar los diversos requerimientos judiciales enviados a la citada entidad para investigar los movimientos de las cuentas bancarias relacionadas con las herriko tabernas, con Batasuna o empresas de su entorno, dentro de la investigación del juez Garzón contra el entramado financiero de ETA-KAS-Ekin. Mallagaray alertaba presuntamente a los iimplicados sobre la marcha de estas investigaciones y el interés judicial y policial por ellos y les ayudaba a poner obstáculos a cualquier acción legal, según Interior, mediante la cancelación de cuentas o la utilización de personas interpuestas.

El detenido fue concejal de Herri Batasuna en la localidad vizcaína de Mallabia (su hija, Oiane, es la única concejal de Batasuna en Ermua), donde ayer agentes policiales practicaron registros tanto en su domicilio particular como en la herriko taberna Izar Gorri y la sociedad anónima Askalde. Igualmente registraron su lugar de trabajo en la sede central de la entidad de ahorro.

Garzón está estrechando el cerco al engranaje financiero-empresarial de ETA, del que forman parte las empresas Banaka, Eneko y Alberdi Artetxe. El magistrado requirió datos a la Hacienda de Guipúzcoa y a Caja Laboral relacionados con estas compañías porque podrían participar en el blanqueo del dinero recaudado a través del impuesto revolucionario y de los secuestros. Garzón constató compras de las empresas citadas por valor de más 1.000 millones de pesetas a grupos como KAS, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Senideak, Gestoras pro Amnistía, las herriko tabernas y AEK, según Vasco Press.

La Caja Laboral, entidad financiera del grupo Mondragón Corporación Cooperativa, recalcó ayer en un comunicado que basa su actividad en la 'transparencia' y en 'un riguroso cumplimiento de la ley'. La caja detalló que cuatro miembros de la Audiencia Nacional se presentaron en su sede central con una orden para 'bloquear las cuentas personales' de su ejecutivo. También solicitaron información histórica de la cuenta bancaria de una asociación cultural, en la que el arrestado estaba autorizado y que forma parte de 'la relación de entidades con cuentas a bloquear' por orden de Garzón.

El registro del lugar de trabajo de Mallagaray duró aproximadamente dos horas y media y se limitó a su mesa, armario y ordenador. Tras el mismo, según la caja, los agentes judiciales 'se han llevado el ordenador de su puesto de trabajo'. La entidad no espera en el futuro más intervenciones policiales en sus dependencias.