El PP quiere personarse en el 'caso BBV' para implicar al PSOE
El juez Garzón no se ha pronunciado todavía sobre la pretensión de los populares
El Partido Popular ensaya la pirueta jurídica. Si el fiscal anticorrupción David Martínez Madero pretendía la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, en el caso BBV, el PP intenta personarse como acusación, ejerciendo la acción popular, en el mismo proceso y trata de mezclar los hechos que se investigan con las comisiones irregulares de la Expo 92, el AVE y el caso Filesa, implicando de paso al PSOE. El juez Baltasar Garzón no se ha pronunciado todavía sobre su admisión, pero fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que parece evidente que e...
El Partido Popular ensaya la pirueta jurídica. Si el fiscal anticorrupción David Martínez Madero pretendía la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, en el caso BBV, el PP intenta personarse como acusación, ejerciendo la acción popular, en el mismo proceso y trata de mezclar los hechos que se investigan con las comisiones irregulares de la Expo 92, el AVE y el caso Filesa, implicando de paso al PSOE. El juez Baltasar Garzón no se ha pronunciado todavía sobre su admisión, pero fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que parece evidente que el PP, tras la experiencia de Gescartera, quiere quitarse la etiqueta de sospechoso pasando la patata caliente al PSOE con hechos que se investigan en otro procedimiento anterior que también tramita Garzón.
El abogado del PP Juan Ramón Montero, que ya actuó en el caso Filesa, ha presentado una querella en el caso BBV contra los 'administradores, de hecho o de derecho, representantes legales, miembros del consejo de administración o apoderados' de nueve sociedades: Foxglove, Ltd.; Winchmore Properties, Ltd.; Bilbao International Bank Jersey; BIBJ Management, Ltd.; Canal Trust Company, Ltd.; BIBJ Nomines, Ltd.; BBV Privanza Jersey; Canal Internacional Holding, SA, y BBV International Investment Corporation, por los presuntos delitos de 'estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, mercantil y privado y de utilización de los mismos, y delito fiscal'.
Mezcla
Señala que los hechos 'han contribuido a deteriorar, ante los ciudadanos e instituciones del Estado español la fiabilidad y confianza en el sistema bancario'. La querella menciona que se ha producido un perjuicio en 'intereses generales' del 'sistema democrático' y destaca que el Partido Popular está legitimado para actuar en este caso por haber 'perjuicios a fondos públicos', 'tanto más cuanto las irregularidades investigadas puedan afectar a la transparencia y confianza institucional que, en un estado democrático, perjudica directamente a los partidos políticos (...) cuando la disposición de aquellas cuentas haya favorecido a una formación política determinada', en clara alusión al PSOE, aunque sin citarlo expresamente en esa ocasión.
La querella, bajo el pretexto de que las supuestas irregularidades se cometieron a través del BBV Privanza Jersey, mezcla los hechos que se investigan en el caso BBV -la utilización de las estructuras de BBV en Jersey para la posible comisión de delitos fiscales, las operaciones en Latinoamérica y lo relativo a la inspección del Banco de España con la constitución de fondos de pensiones para los consejeros de BBV- con el caso Telemundi, el único fleco no sobreseído de las comisiones irregulares detectadas en la Expo 92.
El caso por las comisiones de la Expo 92 fue abierto por el juez Garzón en 1996 y continúa vivo en la actualidad. El procedimiento, que lleva el número 181/96 del Juzgado Central número 5, investiga las comisiones ilegales de Telemundi, la televisión de la Expo, canalizadas a través de las sociedades Foxglove y Anstalt. En la actualidad, está declarado parcialmente secreto, se encuentra pendiente de un informe del fiscal David Martínez Madero -el mismo que en el caso BBV- y de varias diligencias. Entre los imputados figura Luis Oliveró, uno de los condenados por la financiación irregular del PSOE a través de Filesa.
En la querella del PP se señala textualmente: 'En Foxglove se ordenó la configuración societaria que permitió, desde el anonimato, el ingreso de las comisiones generadas a raíz de la adjudicación de contratos públicos. Foxglove, Ltd., fue creada y participada el 9 de marzo de 1987 a partes iguales por tres sociedades, controladas por el Bilbao International Bank Jersey, de las cuales fue Canal Trust Company, que también fue trustee del Trust 532 y de la sociedad encargada de su gestión, Sharington, quien se encargó de la gestión que permitió la utilización de los fondos procedentes de las comisiones nacidas de adjudicaciones de contratos públicos, las implicaciones en torno a Foxglove, en relación con los contratos de la Expo 92, se transmite en la sociedad suiza Telemundi AG (...), quien se comprometió a pagar un porcentaje en concepto de comisiones a Foxglove y a Anstalt Salimas, que aparece como propiedad del administrador único de Filesa, Luis Oliveró'. Más adelante menciona las comisiones del AVE y recuerda la condena del caso Filesa.
Fuentes de la Audiencia Nacional calificaron de 'ridícula' la pretensión de incorporar la investigación de esos hechos al proceso sobre el BBVA, toda vez que, en el hipotético y nada probable caso de que se demostrase la conexidad de los hechos, el procedimiento sobre Telemundi es mucho más antiguo que el de BBVA, que se inició en 2000, por lo que la acumulación se produciría sobre el primer sumario.