Los comités de ética

Anna Veiga (EL PAÍS, 30 de abril de 2002), bióloga y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), ha denunciado la situación de esta Comisión Nacional y su decepción por 'haber trabajado en balde y, sobre todo, la impotencia que produce no recibir respuesta de quien nos convocó' (el Ministerio de Sanidad). Sorprendentemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de crear otro Comité Nacional de Ética que no puede sino tener unos objetivos muy parecidos a los del Ministerio de Sanidad. Las historias de estas dos comisiones son un buen ejemplo de lo que no debe s...

Anna Veiga (EL PAÍS, 30 de abril de 2002), bióloga y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), ha denunciado la situación de esta Comisión Nacional y su decepción por 'haber trabajado en balde y, sobre todo, la impotencia que produce no recibir respuesta de quien nos convocó' (el Ministerio de Sanidad). Sorprendentemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de crear otro Comité Nacional de Ética que no puede sino tener unos objetivos muy parecidos a los del Ministerio de Sanidad. Las historias de estas dos comisiones son un buen ejemplo de lo que no debe ser una comisión de ética.

Los comités de ética que ahora comienzan a brotar en España como hongos, tienen en otros países una larga tradición y alguna historia a sus espaldas, especialmente en EE UU, donde ya en 1962, en Seattle, se crea la God'Commite, que podría ser considerada la primera comisión de ética institucional propiamente dicha. Surgen los comités como una necesidad ante la impotencia de la ley para dar respuesta en tiempo real a los nuevos retos de la ciencia, de la tecnología y también a los rápidos cambios de una sociedad civil cada vez más dinámica. Son, por encima de otras cosas, instrumentos de autorregulación cívica, más que agentes de la instrucción política.

En España, en la Ley General de Sanidad de 1990, se crean los Comités de Ética e Investigación Clínica. En cambio los Comités Asistenciales de Ética sólo han fructificado en pocos centros (en Andalucía sólo ha funcionado de manera continuada uno en el hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, disuelto sin que se hayan dado aún suficientes razones para ello y en la actualidad, por razones estratégicas, existe uno en el hospital de Marbella).

Además de estos comités institucionales, poco a poco, se van creando comités nacionales de bioética, como fue el caso en 1983 de Francia, el más antiguo y conocido. Otros muchos se han ido creando. Me he permitido esta breve reseña para que el lector vea que hay alguna experiencia sobre la que aprender, tanto en España como fuera de ella, y que sería muy conveniente considerarla ahora que se está preparando un proyecto de creación en Andalucía de un Comité Andaluz de Ética y de Investigación Biomédica. El Gobierno de Sevilla debería saber que no puede hacer lo mismo que ha hecho el Gobierno de Madrid: crear unos comités al servicio de sus propios intereses políticos y de su confort gerencial. Deberían saber que un comité de ética que nace bajo sospecha de dirigismo institucional es un comité que nace ya muerto. Independencia, pluralismo, respetabilidad y capacidad de argumentación son condiciones imprescindibles de cualquier comité de ética, ya sea local, autonómico o nacional.

Un comité de ética es siempre un comité asesor, pero no (sólo) del aparato político o administrativo. Lo es, sobre todo, de la sociedad. Por eso es intolerable que una vez creado, los informes y las propias deliberaciones de los comités queden a la discreción de los intereses del Ejecutivo. La creación de comités de ética necesita de la regulación institucional tanto como también de su distanciamiento de las instituciones. Por eso es tan importante la prudencia en su generación. Crear un comité de ética o unas comisiones de éticas para reforzar el control político sobre la sociedad civil es invertir la dirección de la flecha pues la razón última de ser de las comisiones es probablemente la contraria, la de controlar a través del asesoramiento, del consejo y de la orientación del debate público, las naturales tendencias del poder político a intervenir desde su posición partidaria.