Economía inspecciona a L'Aliança por supuestas anomalías en sus facturas
El Gobierno catalán reclama 9,42 millones de euros a la mutua
Economía anunció ayer que realizará una 'inspección extraordinaria', conjuntamente con Sanidad, de la mutua L'Aliança. La decisión se ha tomado ante los indicios de que el hospital del Sagrat Cor, el más importante de la entidad, 'ha facturado al Servicio Catalán de la Salud (SCS) enfermos que han sido atendidos en este centro en función de su condición de mutualistas de la entidad aseguradora'. La mutua rechazó de plano haber facturado indebidamente al SCS.
Economía justifica su inspección por 'la gravedad de los hechos' que constan en una auditoría encargada por el Departamento de San...
Economía anunció ayer que realizará una 'inspección extraordinaria', conjuntamente con Sanidad, de la mutua L'Aliança. La decisión se ha tomado ante los indicios de que el hospital del Sagrat Cor, el más importante de la entidad, 'ha facturado al Servicio Catalán de la Salud (SCS) enfermos que han sido atendidos en este centro en función de su condición de mutualistas de la entidad aseguradora'. La mutua rechazó de plano haber facturado indebidamente al SCS.
Economía justifica su inspección por 'la gravedad de los hechos' que constan en una auditoría encargada por el Departamento de Sanidad sobre la facturación del concierto que la mutua tiene con el Servicio Catalán de la Salud. De esta auditoría se desprende que el hospital del Sagrat Cor ha facturado al SCS enfermos que eran mutualistas de L'Aliança y que habían pagado su correspondiente prima, con lo que la mutua habría incurrido en doble facturación.
Fuentes de la Generalitat indicaron que Sanidad lleva realizando 'un seguimiento estricto' de las cuentas de la mutualidad desde enero de 2001.
El Gobierno catalán calcula esta presunta doble facturación en 7,2 millones de euros anuales (1.200 millones de pesetas) en el Sagrat Cor, según publicó ayer La Vanguardia.
'No es verdad'
L'Aliança negó, verbalmente y por escrito, haber hecho doble facturación. 'No es verdad y lo reiteraré, si hace falta, ante un juez', declaró Xavier Caufapé, presidente de Centros de Asistencia Reunidos (CARSA), filial de la entidad que se creó en 1999 porque la Generalitat instó a L'Aliança a separar su negocio asegurador del asistencial.
El presidente de CARSA afirmó: 'Hasta ahora no se nos ha rechazado ninguna de las facturas que enviamos a final de cada mes, como hacen todos los hospitales que tienen un concierto de prestación de servicios sanitarios con el Servicio Catalán de la Salud. Todas las facturas han sido validadas y no tenemos ninguna notificación de la Generalitat en el sentido de que haya detectado irregularidades'.
El 32% de los 81,14 millones de euros facturados el año pasado por esta filial de L'Aliança corresponden al SCS. La doble facturación detectada equivaldría al 18% del concierto.
Comisiones Obreras, presente en el Consejo de Administración de L'Aliança, aseguró ayer que este tipo de 'anomalías' en la facturación era 'un secreto a voces'. Lluïsa Montes, secretaria general de la federación de sanidad de CC OO, recordó que el sindicato ya planteó esta cuestión en el Consejo de Administración de la mutua en 2000 y que la Generalitat 'lleva tiempo haciendo la vista gorda', añadió. Le pedimos que investigue'. CC OO incluso ha denunciado ser víctima de 'persecución sindical' a raíz de su denuncia, acusación que CARSA rechazó.
El Departamento de Sanidad también dio a conocer a Economía sus 'requerimientos reiterados' a L'Aliança para que le aporte la información que necesita para poder cerrar los ejercicios de 1997 y 1998.
Estas peticiones se refieren a una cláusula del plan de viabilidad de la mutua, acordado tras la intervención de la Generalitat, en 1997, en virtud de la cual el SCS le entregaría ayudas económicas para equilibrar las cuentas del Sagrat Cor, siempre que la mutua demostrara que el hospital perdía dinero. Según la Generalitat, 'las cuentas presentadas por L'Aliança eran globales, no específicas sobre el Sagrat Cor, y no se desprendía que hubiera pérdidas'. Así, el Gobierno catalán exige ahora a la mutua que devuelva 9,42 millones de euros: los 5,65 millones entregados a cuenta en 1997 y los 3,77 millones de 1998.