Dos concejales socialistas de Iurreta y Rentería hacen efectiva su dimisión

La cascada de dimisiones de concejales socialistas en el País Vasco parece no tener freno. Aitor Lamas, edil del Ayuntamiento de Iurreta (Vizcaya), y Gemma Artola, que ocupaba ese mismo cargo en el Consistorio de Rentería (Guipúzcoa), hicieron el jueves y ayer efectiva la renuncia a sus puestos. Ambos alegaron motivos profesionales para dejar la política local, pero reconocieron que la obligación de llevar escolta por el acecho de ETA también ha influido en su decisión. Así, son ya 16 los ediles del PSE que han dimitido.

El partido ya ha cubierto las dos vacantes, aunque con algunas dif...

La cascada de dimisiones de concejales socialistas en el País Vasco parece no tener freno. Aitor Lamas, edil del Ayuntamiento de Iurreta (Vizcaya), y Gemma Artola, que ocupaba ese mismo cargo en el Consistorio de Rentería (Guipúzcoa), hicieron el jueves y ayer efectiva la renuncia a sus puestos. Ambos alegaron motivos profesionales para dejar la política local, pero reconocieron que la obligación de llevar escolta por el acecho de ETA también ha influido en su decisión. Así, son ya 16 los ediles del PSE que han dimitido.

El partido ya ha cubierto las dos vacantes, aunque con algunas dificultades. Los siete militantes siguientes en la lista del PSE de Iurreta renunciaron a sustituir al concejal dimisionario, poniendo distintas objeciones. 'Tenían ya otros compromisos laborales', explicó Ángeles Muñoz, la única concejal del PSE- EE que queda en el consistorio. Pero también reconoció que hubo quien prefirió evitar la incomodidad de llevar escolta, protección que el partido socialista impuso a sus cargos del País Vasco tras el asesinato del teniente de alcalde de Lasarte, Froilán Elespe, en marzo de 2001.

La renuncia de Aitor Lamas se produjo el jueves, durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Iurreta, localidad de 4.800 habitantes gobernada por PNV-EA. La coalición nacionalista tiene cuatro concejales en esta corporación, Batasuna tres y PP y PSE, dos ediles cada uno. Lamas, estudiante de 22 años, no ha sido, hasta la fecha, objeto de amenazas. 'Éste no es un Ayuntamiento especialmente problemático', manifestó Muñoz. Pero en la dimisión del concejal, han pesado tanto motivos profesionales como de seguridad. 'Está estudiando y pensando en buscar trabajo, y claro, el escolta echa para atrás. No ha podido con todo'. Julio Martínez, militante que figura en el puesto 10 de la lista, será quien sustituya la plaza vacante. Esta realidad da aún más crédito a la preocupación manifestada por Muñoz. 'Espero que no', confió, 'pero creo que puede ser inevitable que en algunos pueblos no tengamos representación porque nadie quiera presentarse'.

Una década en la política

La situación se repite en los consistorios de los tres territorios vascos. Ayer, Gemma Artola, concejal del PSE-EE de Rentería, hizo oficial su renuncia ya anunciada, en un pleno. La edil, que llevaba ya una década trabajando por la localidad desde la política, adujo motivos 'profesionales y personales' para justificar el abandono de su cargo. Pero añadió la coletilla que se repite en cada dimisión. 'Me ha pesado el hecho de tener que llevar escolta'. Probablemente, también el haber visto morir asesinados por ETA durante estos años a dos de sus compañeros de corporación: José Luis Caso y Manuel Zamarreño.

En todo caso, Artola, que será sustituida por Gemma Insausti, quiso dejar claro que su dimisión no implica un alejamiento total de la filosofía que le llevó a la política. 'Esto no supone', aseguró, 'que yo deje mis convicciones ni la vida política. Y, en concreto, pienso participar en todas las discusiones del congreso que tenemos delante para clarificar la posición de nuestro partido en la sociedad vasca'.

El pleno celebrado ayer en Rentería reflejó el clima de crispación de la vida política en el País Vasco. En el debate de una moción presentada por el colectivo pro-amnistía Askatasuna, parte del público insultó a los ediles de todos los partidos salvo Batasuna. 'Torturadores', 'cobardes'. La iniciativa, que instaba al Ayuntamiento a sufragar los gastos de los vecinos que han denunciado casos de malos tratos en las comisarías, no prosperó. Si lo hizo, en cambio, un manifiesto presentado por el PSE-EE, en 'defensa del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas'.