300 juristas arremeten contra los tribunales militares creados por Bush

Más de 300 profesores de Derecho estadounidenses han firmado esta semana una carta de protesta contra los tribunales militares creados por George W. Bush. La carta, con origen en la Universidad de Yale, califica esos tribunales de 'legalmente deficientes, innecesarios e imprudentes' e indica que supondrían una violación de la división de poderes (dejan la administración de justicia en manos del Ejecutivo), vulnerarían los criterios constitucionales sobre garantías procesales y permitirían al presidente romper tratados internacionales sobre armonización jurídica.

Los profesores de Derech...

Más de 300 profesores de Derecho estadounidenses han firmado esta semana una carta de protesta contra los tribunales militares creados por George W. Bush. La carta, con origen en la Universidad de Yale, califica esos tribunales de 'legalmente deficientes, innecesarios e imprudentes' e indica que supondrían una violación de la división de poderes (dejan la administración de justicia en manos del Ejecutivo), vulnerarían los criterios constitucionales sobre garantías procesales y permitirían al presidente romper tratados internacionales sobre armonización jurídica.

Los profesores de Derecho indican en su carta, dirigida al Comité Judicial del Senado, que con esos tribunales secretos se asume que los procedimientos utilizados en la justicia civil y en la justicia militar ordinaria son inadecuados para juzgar ciertos asuntos, como el terrorismo a gran escala o los crímenes de guerra.

Desde un punto de vista práctico, advierten a la Casa Blanca de que la puesta en práctica de esa vía castrense extraordinaria, secreta, con garantías procesales reducidas y sin derecho a apelación, dejaría a Estados Unidos sin autoridad moral para protestar cuando tribunales de ese tipo fueran utilizados contra ciudadanos estadounidenses en otros países.

Judith Resnik, profesora de Derecho Federal en la Universidad de Yale e impulsora de la protesta, declaró al diario The New York Times que era necesaria 'una discusión pública' sobre la pertinencia de los polémicos tribunales. 'Creo que el poder ejecutivo y el Congreso deberían explorar las opciones que ofrece el sistema ya existente', dijo.

Precedentes consensuados

John Dean, que fue un colaborador directo de Richard Nixon en la época del Watergate y que en principio se muestra de acuerdo con la orden presidencial sobre los tribunales, declaró, por su parte, que 'un acuerdo entre el presidente y el Congreso' disiparía muchas de las críticas. Dean comentó que las leyes estadounidenses no establecían con claridad si George W. Bush necesitaba o no la aprobación parlamentaria para crear tribunales militares ordinarios, pero recordó que Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt, que en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial emplearon instrumentos de ese tipo y a los que la Casa Blanca invoca como precedentes, se aseguraron de contar con el beneplácito del Congreso antes de establecerlos. 'El presidente tendría una posición más sólida si explicara claramente a los parlamentarios cuál es su proyecto, y así desaparecerían protestas como la de estos 300 profesores', dijo.

'Lo que me intriga es lo mal que ha trabajado la Administración en la exposición de su idea', agregó John Dean. 'Esta presidencia es muy consciente de la necesidad de explicar las cosas al público, y, sin embargo, esta vez han sido muy torpes'.

La semana pasada, Dean publicó un artículo en el que pedía 'mucha prudencia' en el uso de los tribunales militares y recordó que el creado en 1942 por Roosevelt para juzgar a ocho saboteadores nazis infiltrados en territorio estadounidense fue una farsa: uno de los nazis no era tal, sino una fuente del FBI que denunció a los demás; como el proceso fue secreto y el Gobierno quería hacer pasar la detención de los saboteadores por una gran operación policial contra un grupo enemigo sin fisuras, se condenó a cadena perpetua al antinazi y sólo se le perdonó al cabo de ocho años, con la condición de que no revelara a nadie la verdad.