Divergencias en Telefónica para recurrir la tasa radioeléctrica

Telefónica no tiene claro si debe llevar a los tribunales al Gobierno a propósito de la tasa radioeléctrica impuesta por el Ejecutivo y cuyo importe se eleva a 960 millones de euros este año para las compañías de móviles. A cuatro días de que venza el plazo para la presentación del recurso ante la Audiencia Nacional, las divergencias han surgido en el seno de la filial de móviles y del propio grupo entre los partidarios de seguir adelante con el recurso, tal y como estaba previsto, y de los que creen que es preciso dar marcha atrás y evitar enfrentamientos con el Gobierno. Los que respaldan la...

Telefónica no tiene claro si debe llevar a los tribunales al Gobierno a propósito de la tasa radioeléctrica impuesta por el Ejecutivo y cuyo importe se eleva a 960 millones de euros este año para las compañías de móviles. A cuatro días de que venza el plazo para la presentación del recurso ante la Audiencia Nacional, las divergencias han surgido en el seno de la filial de móviles y del propio grupo entre los partidarios de seguir adelante con el recurso, tal y como estaba previsto, y de los que creen que es preciso dar marcha atrás y evitar enfrentamientos con el Gobierno. Los que respaldan la opción de no recurrir la tasa creen que es necesario dejar una puerta abierta para la negociación con el Ejecutivo, más aun después de que éste rebajara un 62% la cuantía de la tasa para 2002.

Las diferencias de criterio entre los principales responsables tanto de Telefónica Móviles, que mantendrá hoy una reunión para discutir el asunto, como del propio grupo se han hecho palpables en la demora de la presentación del recurso hasta agotar los plazos, pese a que el resto de operadores (Vodafone, Amena y Xfera) ya han emprendido la vía judicial, tras ser desestimado su recurso administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, no sólo los operadores recurren a la Audiencia Nacional para dirimir sus conflictos. El propio Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha recurrido a la Audiencia la decisión de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de conceder licencias a las compañías que deseen tender redes de cable para dar televisión. Dichas concesiones chocan con la política más restrictiva del Ejecutivo, que, tras adjudicar los concursos del cable en las diferentes de demarcaciones, eliminó los más de 150 operadores de televisión local que operaban en España en 1998.