¿Un duro más?

El sistema de financiación de las comunidades autónomas ha adolecido desde siempre de la falta de decisión política en los dirigentes autonómicos para crear tributos propios y financiar con el dinero de sus ciudadanos los gastos específicos de cada territorio. No son decisiones fáciles porque cualquier variación fiscal suele provocar agravios comparativos o plantear problemas de coordinación con otros impuestos. El suplemento impositivo de cinco pesetas sobre los hidrocarburos para financiar los gastos de la sanidad revela estas dificultades. Basta que una comunidad autónoma decida no aplicarl...

El sistema de financiación de las comunidades autónomas ha adolecido desde siempre de la falta de decisión política en los dirigentes autonómicos para crear tributos propios y financiar con el dinero de sus ciudadanos los gastos específicos de cada territorio. No son decisiones fáciles porque cualquier variación fiscal suele provocar agravios comparativos o plantear problemas de coordinación con otros impuestos. El suplemento impositivo de cinco pesetas sobre los hidrocarburos para financiar los gastos de la sanidad revela estas dificultades. Basta que una comunidad autónoma decida no aplicarlo para que el precio de la gasolina resulte más barato en su territorio y, por lo tanto, aparezcan distorsiones de precios y rencillas interterritoriales. La decisión de aplazar la creación de esta tasa parece lo más prudente a la luz de las objeciones planteadas ayer por la mayoría de las autonomías.

El problema principal del recargo autonómico sobre la venta de hidrocarburos para financiar la sanidad es que hace depender un bien público como es la salud de un impuesto indirecto que carece de efecto redistribuidor de la riqueza. Si un Gobierno autonómico requiere de mayores ingresos para atender gastos sanitarios o educativos más elevados, la forma más correcta de obtenerlos es aumentando la imposición directa (el IRPF, por ejemplo), para que la aportación de los ciudadanos al nuevo esfuerzo sea proporcional a su renta. Pero, al parecer, resulta más fácil y tiene menos coste político -o al menos eso creen los responsables de algunas autonomías- apostar por impuestos indirectos, que se recaudan aparentemente de forma indolora para el bolsillo de los contribuyentes.

El recargo sobre los combustibles revela, además, que los Gobiernos autónomos tienen dificultades para adecuarse a los nuevos criterios de financiación. Aunque el Ministerio de Hacienda presume de haber convenido un excelente acuerdo financiero, lo cierto es que presenta agudos contrastes, en algunos casos muy incómodos. Es verdad que las comunidades autónomas disponen ahora de más dinero, procedente de mayores tramos cedidos del IRPF; pero, en contrapartida, se les han impuesto otras restricciones financieras que obstaculizan su labor. Por ejemplo, sus limitaciones de endeudamiento son ahora superiores y tienen que acomodarse a la ideología del déficit cero impuesta desde el Gobierno de Madrid. Y ello a pesar de que las comunidades autónomas se han comportado mejor que el Estado central en la autolimitación de su endeudamiento.