Los trapos sucios de la expansión española

'Nos empujó la indignación moral de un capitalismo impune'. Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez iniciaron hace cuatro años, desde la más absoluta soledad, una investigación sobre la corrupción en Argentina. Nadie hizo el menor caso. Hoy, un año después de que el Senado de Estados Unidos tramitara una denuncia de los dos congresistas, la corrupción y el lavado de dinero de procedencia ilícita se han convertido en grandes temas de debate político en Argentina. 'Hemos conseguido maravillas en este tiempo', dicen.

Ahí están los resultados: aprobación de la ley contra el lavado de...

'Nos empujó la indignación moral de un capitalismo impune'. Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez iniciaron hace cuatro años, desde la más absoluta soledad, una investigación sobre la corrupción en Argentina. Nadie hizo el menor caso. Hoy, un año después de que el Senado de Estados Unidos tramitara una denuncia de los dos congresistas, la corrupción y el lavado de dinero de procedencia ilícita se han convertido en grandes temas de debate político en Argentina. 'Hemos conseguido maravillas en este tiempo', dicen.

Ahí están los resultados: aprobación de la ley contra el lavado de dinero, creación y reglamentación de la unidad de inteligencia financiera y la creación de una comisión parlamentaria para investigar, con Carrió como presidenta y Gutiérrez como vicepresidente. Los miembros de esa comisión han puesto manos a la obra para analizar y evaluar supuestas operaciones delictivas en entidades financieras y empresas, que tocan de lleno a compañías españolas.

Buena parte de la indagación está hecha por el subcomité permanente de Investigaciones del Senado de EE UU, que ha enviado a Buenos Aires abundante documentación. En concreto, sobre los bancos argentinos República y Mercado Abierto a través de sus bancos off shore en paraísos fiscales: el Federal Bank, en Bahamas, y el MA Bank, en Islas Caimán. El MA Bank pertenece al grupo financiero Mercado Abierto, tiene al ex secretario de Estado argentino Aldo Ducler entre sus principales accionistas y aparece implicado en lavado de dinero procedente del cartel de Juárez (México). Los investigadores señalan que por una cuenta del MA en el Citibank de Nueva York transitaron 1.800 millones de dólares.

Paralelamente, en 1992, el Citibank constituyó en Argentina el Citicorp Equity Investment (CEI), un grupo inversor que contó con el favoritismo del Gobierno de Carlos Menem en las privatizaciones de la década de los años noventa. De la mano de los hombres del Citi John Reed y Richard Handley entró en escena el financiero Raúl Moneta, 56 años, educado en el colegio Saint George de Buenos Aires, en las universidades estadounidenses de Stanford y Harvard, y con excelentes relaciones con Menem. Implicado como banquero en un sinnúmero de operaciones ilícitas, como la quiebra de dos bancos de Mendoza y en el lavado de dinero, y como operador político en el logro de favores a Telefónica (prórroga de contrato o aumento de tarifas), Moneta acabó prófugo de la justicia y hoy tiene cuentas pendientes con los tribunales.

Moneta, Handley y Reed

El banquero está detrás de entidades en paraísos fiscales como el Federal Bank o la United Finance Company (UFCO), constituida en las Islas Vírgenes a nombre de testaferros y con un capital de 50.000 dólares, y de diversas compañías a nombre de terceros, como International Investment Union, Citiconstrucciones, Adamson y American Exchange. Según la investigación en EE UU, el circuito del lavado de dinero pasaba sucesivamente por el Federal Bank, el Citibank de Nueva York, y desde allí se giraba a Argentina, directamente o a través del Banco República, propiedad de Moneta. Elisa Carrió menciona también sociedades constituidas en Uruguay y a la Unión de Bancos Suizos en el trayecto del dinero. 'Es una trama parecida a la puesta en pie por Montesinos en Perú. Hay características comunes en toda América Latina. Las investigaciones en Perú y Argentina podrían llegar a cruzarse'.

Parte de los fondos mencionados han servido, según la investigación, para financiar las inversiones del CEI, que controlaba, entre otras sociedades, a Cointel, que ostentaba el 50% de Telefónica Argentina. La voz de Moneta y el CEI adquirió un protagonismo creciente en el seno de Telefónica gracias a la labor de Luis Martín Bustamante, ex director delegado de la compañía, que acabó como presidente de Telefónica Argentina con el apoyo del trío cada vez más influyente de Moneta, Handley y Reed. Con Juan Villalonga en la presidencia de Telefónica (1996-2000), Bustamante llegó a consejero delegado de Telefónica de España y a presidente de Telefónica Móviles. En la actualidad es socio de Marcial Portela, director general adjunto del área internacional del BSCH y primer ejecutivo de Telefónica Internacional con Villalonga. También Reed tuvo vínculos con Telefónica Internacional, de la que fue consejero.

Con gran habilidad, según testigos de la época, Bustamante concentró en sus manos las relaciones con la central en España y con Villalonga, y se desembarazó de cuanto adversario encontró en el camino. Los lazos de Bustamante con el CEI fueron estrechándose y, favor con favor se paga, dieron sus frutos. Según consta en la documentación del Senado de EE UU, Telefónica y sus directivos operaban con los bancos de Moneta, dentro y fuera de Argentina, como el Banco República y el Federal Bank. Moneta y Reed se incorporaron a Telefónica Internacional.

Un turbio alquiler

En el segundo tramo de la década de los noventa, el CEI se transformó en el mayor grupo multimedia de Argentina, con inversiones de 15.000 millones de dólares en negocios telefónicos y medios de comunicación, según declararon Handley y Moneta en marzo de 1998.

Una operación, con abundantes interrogantes, sobre la que la comisión investigadora prestará atención, se refiere al emblemático edificio República, en el centro financiero de Buenos Aires. UFCO compró el 8 de julio de 1993 a Bunge & Born dos parcelas por ocho millones de dólares. La construcción del edificio costó 36,8 millones de dólares, según los estados contables de la firma Citiconstrucciones. La información que baraja la comisión indica que en junio de 1996 Moneta vendió el edificio en 98 millones de dólares a la firma, de su propiedad República Compañía de Inversiones. El edificio alberga el cuartel general de Telefónica, que firmó un contrato de 2,1 millones de dólares por el alquiler de varios pisos durante cinco años, y otros 4,4 millones de dólares por un cartel luminoso en lo alto.

La Cámara de Diputados requirió a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en abril de 1998 información sobre quiénes son los dueños de UFCO, 'dado que Telefónica Argentina declararía como uno de los principales accionistas de la firma'. La respuesta dice: 'En este organismo no obran antecedentes relacionados con la empresa United Finance Company'. Similar respuesta dio la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.