Agricultura denuncia un fraude de casi 5.000 millones en la venta ilegal de leche

La leche negra es, según del Ministerio de Agricultura, la que excede las cuotas impuestas por Bruselas. Los productores, esquivando los controles oficiales, venden esa leche a determinados intermediarios que, a su vez, la revenden, también a un precio muy reducido, a las grandes empresas lacteas. Éstas colocan el producto en el mercado como segunda o tercera marca a un precio muy competitivo. La empresa denunciada por Agricultura e investigada por la Fiscalía Anticorrupción tiene su sede en Madrid y fue autorizada en 1996 por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para actu...

La leche negra es, según del Ministerio de Agricultura, la que excede las cuotas impuestas por Bruselas. Los productores, esquivando los controles oficiales, venden esa leche a determinados intermediarios que, a su vez, la revenden, también a un precio muy reducido, a las grandes empresas lacteas. Éstas colocan el producto en el mercado como segunda o tercera marca a un precio muy competitivo. La empresa denunciada por Agricultura e investigada por la Fiscalía Anticorrupción tiene su sede en Madrid y fue autorizada en 1996 por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para actuar como compradora de leche de vaca.

Las primeras anomalías detectadas surgieron en la campaña 1997/98. La empresa, cuyo nombre Agricultura prefirió no facilitar, presentó fuera de plazo la preceptiva declaración de compra de leche y aseguró que había adquirido 28 millones de kilos a ocho productores. De ellos, sólo uno, según la declaración, le había vendido 26 millones. El ministerio demostró que aquella operación era imposible, pues la supuesta empresa vendedora se había dado de baja en la actividad cinco años antes, en 1992. El empresario sospechoso, P. J. M. B, se vio en un callejón sin salida: no tenía pruebas de haber comprado esa cantidad de leche, y, sin embargo, figuraba como proveedor de 29 millones de kilos de leche a diez empresas.

Justificación de las ventas

Esa temporada, España no sobrepasó la cuota láctea a partir de la cual los compradores de leche deben pagar un peaje a la UE (60 pesetas por cada kilo). Este hecho libró al empresario sospechoso de acabar en los juzgados, ya que el FEGA no tuvo que abonar a las las arcas comunitarias ninguna penalización por sobrepasar la cuota. Pero el intermediario no se libró de que Agricultura le pusiera la lupa encima, y le incluyera en el plan de verificación de controles.

En la temporada 98/99, este empresario no presentó su declaración de compra de leche. Sin embargo, diez empresarios declararon que le habían comprado 81 millones de kilos. El acusado sólo aportó justificación documental de ventas por 28 millones de kilos. Ante su negativa a aportar más documentos, el FEGA recabó documentación a sus clientes y se confirmó que les había vendido 81 millones de kilos.

En mayo de 2000, el empresario sospechoso presentó por fin su declaración de compras de leche de la temporada 98/99. Cifró en 79,5 millones de kilos la leche comprada. Y aseguró que 77,4 millones de kilos se los vendió una sola empresa. Casualmente, era la misma firma inexistente que citó en su declaración de la temporada anterior como mayor proveedor. Los inspectores de Agricultura no admitieron esa irregularidad. Además, en la temporada 98/99 España sí rebasó la cuota láctea. Y por ello, este empresario debía haber abonado un peaje comunitario cuyo pago burló al no haber declarado sus compras.

Agricultura cifró en 4.650 millones de pesetas el fraude a la Unión Europea, por lo que presentó una denuncia contra el empresario sospechoso en los juzgados madrileños. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pasó el caso hace unas semanas a Anticorrupción. Agricultura tiene abiertos expedientes a otras tres sociedades de compra de leche, aunque por montos menores. De confirmarse los indicios, Agricultura llevará también a los tribunales a los supuestos defraudadores.

Los fraudes detectados son los primeros resultados de la comisión para la prevención del fraude creada en 1999 y que aglutina a los ministerios de Agricultura y Hacienda, y a representantes de las autonomías. Esta comisión trabaja desde hace año y medio sobre varios sectores donde se puede dar un doble fraude: económico y alimentario, en la medida que se vulneren las normas de calidad o etiquetado.

Según altos cargos de Agricultura, se han modernizado los sistemas de control del FEGA, órgano de coordinación de los organismos pagadores de ayudas de las autonomías y representante ante la UE de la gestión de tales fondos. El FEGA ha comenzado a aplicar sistemas de control similares a los de Hacienda, con cruces de datos fiscales y de los registros mercantiles e inmobiliarios. El objetivo es intensificar el control sobre la recepción de ayudas y hacer cumplir los peajes comunitarios (caso de la leche). Bajo la lupa de la comisión antifraudes se hallan sectores como el aceite de oliva, frutas y hortalizas, cárnico, ovino, piensos o semillas.