Unos veterinarios contratados por la Xunta certifican la salud de las vacas sin verlas

Estas contrataciones son consecuencia de la entrada en vigor del programa integral con que se afronta la crisis de las vacas locas, que incluye la exigencia de que toda res que vaya a ser sacrificada incluya entre su documentación obligatoria un certificado veterinario de que no padece ninguna de 26 enfermedades establecidas en un decreto de 1993.

Pedro Lila, presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo y representante de los cuatro colegios de Galicia, confirmó a este periódico la iniciativa de la Xunta: 'Sabemos que algunos de estos veterinarios han renunciado, que otros lo v...

Estas contrataciones son consecuencia de la entrada en vigor del programa integral con que se afronta la crisis de las vacas locas, que incluye la exigencia de que toda res que vaya a ser sacrificada incluya entre su documentación obligatoria un certificado veterinario de que no padece ninguna de 26 enfermedades establecidas en un decreto de 1993.

Pedro Lila, presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo y representante de los cuatro colegios de Galicia, confirmó a este periódico la iniciativa de la Xunta: 'Sabemos que algunos de estos veterinarios han renunciado, que otros lo van a hacer y que unos terceros quedan a la espera. Está claro que si se certifica así, la legalidad queda en entredicho y nos va a hacer quedar mal. No sé si quieren acaban con el sector ganadero o también con el sector veterinario'. Fuentes de la Xunta reconocieron la contratación de ese grupo de veterinarios y se limitaron a decir: 'Vamos a defender en Madrid la eliminación de los certificados'.

'El caos es absoluto', opinó Lidia Senra, del Sindicato Labrego Galego, que como otras organizaciones pide la supresión de los certificados. 'Ahora', agregó, 'hay gente que está pagando por un certificado, quienes lo obtienen gratis y los que no encuentran a nadie que se lo haga'.

El pasado 23 de diciembre se publicó en el BOE el decreto 3454/2000 que señala en su artículo 10 que 'todos los animales de la especie bovina, ovina y caprina destinados al matadero deber ir acompañados de un certificado que contenga al menos los datos que figuran en el anexo XI'. En dicho anexo consta un modelo en el que el veterinario debe hacer constar la identificación del animal, el matadero al que es destinado y declarar que 'no presenta síntomas clínicos de ninguna de las enfermedades relacionadas con el artículo 5 del Real decreto 147/1993 (...) y por tanto se consideran aptos para su sacrificio con destino al consumo humano'.

Confusión

La obligatoriedad de los certificados causó escenas de gran confusión durante los primeros días de aplicación en muchos puntos de Galicia. Tal fue el caso de la feria de ganado que se celebró el domingo siguiente en Melide, en A Coruña. Corrió la voz de que hacían falta certificados y nadie sabía qué hacer. 'De pronto', según comentó un testigo, 'aparecieron varios veterinarios dispuestos a firmar y, claro, hicieron su agosto. Cobraban 3.000 pesetas por cada uno'.

La cuestión, según el Colegio de Veterinarios de Lugo, fue que uno de ellos no era veterinario, dio un nombre supuesto con un número de colegiado falso sin que nadie lo advirtiera. La confusión siguió en otros puntos: en la cooperativa de Chetaca, en Lugo, apareció una montaña de certificados en blanco, ya firmados, para su uso por los ganaderos.Pero el último episodio rebasa todos los récords: es la propia Xunta la que ha propiciado que se firmen certificados sin examinar las reses contratando a 34 veterinarios para esa labor. Uno de los contratados relató a este periódico su experiencia: 'El lunes 8 de enero recibí una carta de la Xunta en la que se me convocaba a la una del mediodía en la sede de Presidencia en San Caetano porque iban a proceder a la contratación de 34 veterinarios. Se nos ofrecía un contrato de 45 días prorrogable a seis meses para actuar como 'veterinario certificador', relata. 'En Santiago nos juntamos algo más de 200 veterinarios. Un funcionario', agrega, 'nos explicó las condiciones del trabajo. Nos dijo que deberíamos hacer certificados veterinarios en los lugares asignados y que los jefes locales dispondrían de una despacho para realizar nuestra labor. Algunos de los presentes comentaron que eso era infumable, que lo lógico era visitar la explotación y examinar la vaca, pero el funcionario contestó que él no era técnico y que firmaran quienes quisieran'.

Según los datos de dicho veterinario, los contratados se repartieron como sigue: 'Ocho veterinarios en A Coruña, seis en Pontevedra, seis en Ourense, unos diez en Lugo y el resto, en la sede central de Santiago'. Sus destinos fueron, por lo general, dependencias de extensión agraria en diversas poblaciones u oficinas de la consejería, caso de Pontevedra capital.

'Decidí firmar ese contrato', cuenta. 'En un momento dado, pasó por allí Antonio Crespo, el director general de Agricultura, e hizo un comentario que nos sorprendió: 'espero que no firméis esa barbaridad'. Tras firmar me dijeron que me dirigiera al día siguiente [martes, día 9] a las ocho de la mañana al jefe de mi zona para recibir instrucciones. El jefe local no sabía nada de esto y ya me comentó que le parecía una burrada'.

Los jefes de área, en general, no supieron dar instrucciones. 'Alguno se pasó la jornada en un pasillo', relatan en Lugo. 'No es que les impidieran salir a una explotación, pero tampoco les facilitaban el transporte'. 'No firmé ningún certificado', confiesa uno de los veterinarios, 'pero un compañero sí lo hizo. Le comenté que debía negarse, pero no me hizo caso'.

En A Coruña, el Colegio Oficial de Veterinarios pidió a los contratados que no firmaran nada en las condiciones que se les imponían.