El PP abandona una reforma que hace 10 meses era "prioritaria" y que se aprobó sin debate parlamentario

El reglamento de fundaciones, que sigue vigente, fue aprobado por el anterior Gobierno del PP en enero, a sólo dos meses de las elecciones generales del 12 de marzo. El plan, impulsado por el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, se ofreció en su momento como el proyecto estrella de la gran reforma sanitaria de los populares. Justo 10 meses después, tras superar en el camino numerosas protestas y negociaciones con sindicatos y colegios médicos, ha dejado de ser prioritario y se transfiere la responsabilidad sobre su desarrollo a la voluntad de las comunidades autónomas. Bue...

Oposición al decreto

El reglamento de fundaciones, que sigue vigente, fue aprobado por el anterior Gobierno del PP en enero, a sólo dos meses de las elecciones generales del 12 de marzo. El plan, impulsado por el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, se ofreció en su momento como el proyecto estrella de la gran reforma sanitaria de los populares. Justo 10 meses después, tras superar en el camino numerosas protestas y negociaciones con sindicatos y colegios médicos, ha dejado de ser prioritario y se transfiere la responsabilidad sobre su desarrollo a la voluntad de las comunidades autónomas. Buena prueba del interés que tenía el Gobierno en aprobar la pretendida reforma fue el modo en que se aprobó en diciembre de 1999 la regulación de las fundaciones públicas sanitarias.Lo incluyó el PP en el Senado, en el último momento, y por sorpresa, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, un ardid para eludir el debate parlamentario. El real decreto -desarrollo de una ley aprobada en 1997 con el consenso del PSOE- que recoge el reglamento de fundaciones se aprobó en Consejo de Ministros, sin contar tampoco con el debate parlamentario. La reforma que introdujo Romay, y que sigue vigente, supone que los hospitales, previa solicitud al Insalud y con la necesaria aprobación del Consejo de Ministros, pueden obtener forma jurídica de fundación, consorcio, sociedad estatal o fundación pública sanitaria.

En la práctica, esto les otorga autonomía para contratar personal, realizar fichajes, vender o alquilar bienes, así como recibir dinero extra procedente de donaciones públicas o privadas. La oposición rechazó el decreto desde el principio, tanto por la manera y el momento en que fue aprobado como por su contenido. La portavoz del PSOE de Sanidad en el Congreso, Matilde Valentín, recuerda que los socialistas no se opusieron a otorgar autonomia de gestión a los centros hospitalarios, pero sí a que pudieran vender libremente patrimonio público. El PSOE se opuso sobre todo a que los hospitales públicos, una vez convertidos en fundaciones, puedan recibir el apoyo de dinero privado, porque provoca diferencias en los servicios de los centros y crea desigualdad de oportunidades en el acceso a la sanidad.