Conflicto lingüístico

Ha vuelto a ocurrir. Un conflicto lingüístico, que me atrevería a calificar de menor, está generando una gran controversia a escala estatal. ¿Qué ha sucedido? La profesora Josefina Albert, de la Universidad Rovira i Virgili, suministró dos copias del examen de selectividad de 1998 en castellano a dos alumnos que, supongo, tenían dificultades para comprender las preguntas en catalán. ¿Es criticable la acción de la profesora Albert? La normativa vigente en la Universidad Rovira i Virgili indica que las dudas que los estudiantes pudieran tener sobre los enunciados en catalán de las preguntas debe...

Ha vuelto a ocurrir. Un conflicto lingüístico, que me atrevería a calificar de menor, está generando una gran controversia a escala estatal. ¿Qué ha sucedido? La profesora Josefina Albert, de la Universidad Rovira i Virgili, suministró dos copias del examen de selectividad de 1998 en castellano a dos alumnos que, supongo, tenían dificultades para comprender las preguntas en catalán. ¿Es criticable la acción de la profesora Albert? La normativa vigente en la Universidad Rovira i Virgili indica que las dudas que los estudiantes pudieran tener sobre los enunciados en catalán de las preguntas deben ser aclaradas en primer lugar de manera oral. La profesora Albert no lo hizo y les suministró directamente una copia del examen en castellano. Es posible que desde un punto de vista estricto la actitud de la profesora Albert sea criticable al no seguir la normativa vigente. Pero no creo que su actitud justifique que fuese apartada por el rector, Lluís Arola, de las pruebas de selectividad del año 1999. Para mí, la decisión del rector tampoco puede justificarse por la consulta que realizó la docente al Defensor del Pueblo. Aunque es cierto que la realización de esta consulta con anterioridad a cualquier reacción del rectorado siembra serias dudas sobre las motivaciones subyacentes en la actuación de la profesora Albert. Estoy seguro que una actitud más prudente por ambas partes hubiese evitado la utilización interesada de este conflicto para atacar la política lingüística que se viene desarrollando en Cataluña desde hace casi dos décadas. La cual, a pesar de tener algunos aspectos criticables, ha permitido caminar sosegadamente en la senda de la normalización del uso del catalán. Y no debemos olvidar que el catalán es la lengua propia de Cataluña y una de sus dos lenguas oficiales.- . . Quien no pertenece a ninguna de las dos comunidades lingüísticas implicadas en la polémica provocada en la URV no puede sentir más que perplejidad delante de un caso que no tendría que haber llegado nunca a los tribunales. A pesar de la cooficialidad del catalán y del castellano, los que más alzan la voz en estos días son los partidarios del fatídico bilingüismo unilateral. Aunque pretendan defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, en realidad lo que buscan es la división y el conflicto con el único objetivo de frenar el más mínimo intento de hacer realidad la normalización lingüística en Cataluña. En la URV nadie cuestiona que tanto alumnos como profesores tienen el derecho de expresarse en castellano. Lo que sí parecen cuestionar algunos es el carácter cooficial del catalán. ¿Cómo se entiende, si no, que una profesora titular perturbó el buen funcionamiento de las PAAU, vulnerando de manera arbitraria e irresponsable la normativa lingüística que regula dichas pruebas? ¿Cómo se explica que el juez instructor, de acuerdo con el fiscal del caso, decidió procesar al rector y al coordinador de las PAAU? ¿Cómo se justifica la suspensión cautelar de un reglamento aprobado con mayoría en el claustro, que concedía a los catedráticos y profesores titulares un razonable periodo de dos años para adquirir un determinado conocimiento de la segunda de las lenguas oficiales? Todo ello tan sólo es posible desde una posición que rechaza el uso normal del catalán en los centros universitarios y que hace oídos sordos a la legítima exigencia de respeto por las leyes que regulan la normalización lingüística en el ámbito universitario. Si el Estatuto establece que el catalán y el castellano son cooficiales en Ca-

taluña, ¿por qué todavía hay personas que exigen el conocimiento de ambas lenguas únicamente a una parte de la población?- . Lenke Kovács Ribbink Licenciada en Filología por la URV. Reus.

A propósito del escándalo de la Rovira i Virgili, no logro salir de mi asombro. ¿Pero cómo? ¿Es que no se reparten los exámenes en las dos lenguas oficiales de la comunidad? ¿Es que los alumnos tienen que pedir expresamente la versión en castellano del ejercicio? ¿Acaso es que, incluso si la piden, se les niega? ¿Eso ocurre normalmente?Lo peor del caso es que eso no es todo. Cuando un profesor, haciendo uso del más elemental sentido común y cumpliendo su deber profesional y moral, atiende a un alumno que solicita su examen en castellano, ¿es posible que sea objeto de represalia por parte de las autoridades académicas? ¿Eso ocurre en nuestra Universidad? ¿Cómo podemos consentirlo sin elevar nuestra más airada protesta? ¿En nombre de qué sagrados principios pueden violentarse hasta ese extremo la racionalidad y la dignidad?

Y aún hay más. Nuestras autoridades políticas en su conjunto, en lugar de llevarse las manos a la cabeza y ponerse de inmediato a corregir estas manifiestas arbitrariedades, deciden apoyar ciegamente, sin argumentos, sin análisis, al rector de la universidad. Lo que debieran haber hecho es redactar un manifiesto solicitando humildemente perdón a los estudiantes a quienes se negaba el derecho a recibir el examen en la lengua que quisieran y a la profesora que se lo proporcionó, en la medida en que, como cuerpo político, pudieran ser corresponsables de tamaña indignidad (que lo es, y mucho).- José Antonio Mengíbar Aguilera. Torrelles de Llobregat.