Las sociedades públicas cerraron 1997 con pérdidas de 24.920 millones

VIENE DE LA PÁGINA 1 En opinión del tribunal, salvo los incumplimientos en el área de contratación, Osakidetza ha cumplido "razonablemente" la normativa legal que regula la actividad económica-financiera.

En el capítulo de recomendaciones, el órgano fiscalizador aconseja la puesta en marcha de un presupuesto que detalle los objetivos que se quieren lograr, las acciones necesarias para conseguirlos y la evaluación de los resultados. También recomienda a Osakidetza que aumente los controles sobre la calidad de los proyectos aprobados y su viabilidad práctica. Así, recuerda que en dos cont...

VIENE DE LA PÁGINA 1 En opinión del tribunal, salvo los incumplimientos en el área de contratación, Osakidetza ha cumplido "razonablemente" la normativa legal que regula la actividad económica-financiera.

En el capítulo de recomendaciones, el órgano fiscalizador aconseja la puesta en marcha de un presupuesto que detalle los objetivos que se quieren lograr, las acciones necesarias para conseguirlos y la evaluación de los resultados. También recomienda a Osakidetza que aumente los controles sobre la calidad de los proyectos aprobados y su viabilidad práctica. Así, recuerda que en dos contratos de obra adjudicados por 854 millones de pesetas se han producido modificaciones que, sumadas a la liquidación final de las obras, han supuesto la alteración del precio de adjudicación en más de un 28%, "poniendo de manifiesto las deficiencias del proyecto inicial".

El Tribunal de Cuentas también ha auditado en otro informe las cuentas de los sociedades públicas correspondientes a 1997. En el ejercicio fiscalizado, el Gobierno vasco participaba, directa o indirectamente, con un porcentaje superior al 50% en un total de 64 entidades. Las sociedades y entes públicos cerraron el ejercicio económico con unas pérdidas acumuladas de 24.920 millones de pesetas y un endeudamiento total de de 15.124 millones de pesetas y recibieron del Gobierno 25.497 millones, de los que 6.008 fueron a través de subvenciones y 19.489 a través de ampliaciones de capital.

Las entidades que recibieron mayores aportaciones de la Administración general fueron EITB, Eusko Trenbideak y el Grupo SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial). Según el tribunal, los estados financieros de las sociedades públicas expresaban de forma transparente "la imagen fiel del patrimonio y su situación financiera, así como el resultado de sus operaciones". La pega que pone el organismo es que los objetivos reflejados en los presupuestos de estos organismos son "generales" y, por lo tanto, carecen del suficiente detalle como para permitir un adecuado análisis de su gestión.