El Gobierno de Brasil quita a los latifundistas tierras equivalentes a casi dos veces España
Un decreto anula la propiedad de 93 millones de hectáreas anexionadas ilegalmente
El Gobierno de Brasil lanzó ayer un gigantesco golpe contra los terratenientes. Después de tres años de intensas investigaciones y tras revelar que un 10% del territorio ha sido anexionado ilegalmente por los grandes propietarios, el Gobierno decidió anular el registro de propiedad de 3.065 latifundios que ocupan 93,6 millones de hectáreas, extensión 1,8 veces mayor que España, 10,7 más que Andalucía o 187 más que La Rioja. El 55% de esas propiedades ilegales se sitúa en la Amazonia. El objetivo es destinar esas tierras a la reforma agraria y reservas ambientales.
La medida la anunció R...
El Gobierno de Brasil lanzó ayer un gigantesco golpe contra los terratenientes. Después de tres años de intensas investigaciones y tras revelar que un 10% del territorio ha sido anexionado ilegalmente por los grandes propietarios, el Gobierno decidió anular el registro de propiedad de 3.065 latifundios que ocupan 93,6 millones de hectáreas, extensión 1,8 veces mayor que España, 10,7 más que Andalucía o 187 más que La Rioja. El 55% de esas propiedades ilegales se sitúa en la Amazonia. El objetivo es destinar esas tierras a la reforma agraria y reservas ambientales.
La medida la anunció Raúl Jungmann, ministro de Propiedad y Desarrollo Agrario, en calidad de presidente del Instituto de Colonización y Reforma Agraria. Jungmann proclamó "un ataque formal y definitivo al latifundio, el mayor que un Gobierno haya hecho contra la ocupación ilegal de tierras, y un paso decisivo para la justicia en el campo". Y añadió que la decisión no es una confiscación, sino un medio de "cortar por la base el conflicto y la posibilidad de la ocupación de terrenos públicos con fines lucrativos o para expulsar de ellos a sus legítimos propietarios".Los actuales propietarios tienen ahora cuatro meses para recurrir y demostrar que las tierras las obtuvieron legalmente. Pero, según los informes recogidos por el Gobierno antes de la medida, más del 80% de esos latifundios son ilegales y va a ser muy difícil probar la legitimidad del 20% restante.
En la investigación previa participaron satélites, técnicos que visitaron los latifundios, y un análisis de los registros de la propiedad en cientos de notarías. Según datos oficiales, más de 50 de esos despachos están involucrados en el fraude.
El Gobierno expresó ayer su intención de destinar esos millones de hectáreas a la reforma agraria y a la creación de reservas ambientales. Además, preparan un catastro nacional que impida nuevos fraudes. Según Jungmann, "el actual catastro es lo más arcaico que tenemos en Brasil".
Los latifundistas implicados serán procesados por fraude. El fiscal general, Geraldo Brindeiro, anunció que va a canalizar los datos de la investigación a los juzgados de los diversos Estados, a fin de que se emprendan acciones penales.
Hay algunas propiedades amazónicas cuyos propietarios se han revelado inexistentes. Un fantasmagórico Carlos Medeiros registró en Pará nueve millones de hectáreas, y nunca pudo ser localizado. En Goiás, una hacienda de 12.000 hectáreas obtuvo un préstamo del Banco de Brasil a nombre de su propietario, Dinuamércio Silvino de Oliveira Neto: la realidad demostró después que la hacienda no existía. Jungmann enviará a la Policía Federal la relación de dueños inexistentes por si han servido para blanquear dinero del narcotráfico.
La acción del Gobierno, según el ministro, también busca combatir la tala irregular de maderas, en la medida en que numerosos latifundios ilegales tenían como único fin dicha actividad.
El decreto, con fecha de 15 de diciembre, ha sido ya publicado en el Diario Oficial del Estado. La presentación del mismo fue solemne, con la asistencia del presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso; del presidente de la Conferencia Episcopal, Jaime Chemello; del fiscal general, y de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados.
La medida del Gobierno ha recibido elogios, pero también matizaciones. La cabeza de la jerarquía episcopal, Jaime Chemello, calificó el fraude de "inconmensurable" y la iniciativa del Gobierno de acorde con la justicia, pero advirtió de que es preciso asegurar el derecho de defensa a los acusados. Y el máximo representante de los abogados, Reginaldo de Castro, tras apoyar el decreto, recordó que la decisión final corresponde ahora a los tribunales. "Felizmente, la Constitución impide que cualquier acto administrativo pueda ocupar el espacio destinado a las decisiones judiciales", dijo.
Más escéptico se mostró Manoel dos Santos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, que también participó en el acto solemne de la presentación del decreto: "No estoy seguro de que el Estado vaya a hacer lo que anuncia. Las macromedidas del Gobierno acaban siempre yendo contra la agricultura familiar".
Los latifundistas ya han reaccionado. En la localidad de Presidente Prudente, cerca de São Paulo, la líder de su partido (União Democrática Ruralista, UDR), Tánia Tenório de Farias, acusó a Jungmann de "arbitrario" y anunció que los propietarios van a recurrir.