Investigación y Tribunal de Cuentas: ceremonia de la confusión
(*)EL PAÍS del 14 de noviembre de 1999 publicó un artículo sobre la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas al Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Lamentablemente, la información publicada contiene afirmaciones que traducen un profundo y grave desconocimiento de los mecanismos propios de la evaluación científica y que ponen en entredicho el proceso de mejora de la investigación biomédica y sanitaria alcanzada en la última década. Las afirmaciones a las que nos referimos son las siguientes: "Investigadores becados participan en las comisiones que dan las ayudas" y "el FIS no ejerce con...
(*)EL PAÍS del 14 de noviembre de 1999 publicó un artículo sobre la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas al Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Lamentablemente, la información publicada contiene afirmaciones que traducen un profundo y grave desconocimiento de los mecanismos propios de la evaluación científica y que ponen en entredicho el proceso de mejora de la investigación biomédica y sanitaria alcanzada en la última década. Las afirmaciones a las que nos referimos son las siguientes: "Investigadores becados participan en las comisiones que dan las ayudas" y "el FIS no ejerce control científico de la inversión realizada".El hecho de que los investigadores que reciben ayudas sean al mismo tiempo miembros de las comisiones de evaluación es un fenómeno general en el ámbito científico biomédico internacional que resulta de la aplicación del procedimiento de evaluación por pares (peer review). Dicho procedimiento consiste en que la evaluación de los proyectos de investigación o de los resultados de ésta la realizan otros investigadores con un nivel de conocimiento y experiencia, como mínimo, similar al de los autores de los productos evaluados. Los evaluadores, a su vez, aceptan evaluar los proyectos o los artículos con total imparcialidad y deben rechazar hacerlo si existe conflicto de intereses. Como consecuencia de este procedimiento es un hecho generalizado que los investigadores que publican trabajos en las revistas científicas más prestigiosas sean al mismo tiempo evaluadores de trabajos de otros colegas remitidos a las mismas revistas. Este procedimiento fue adoptado en la anterior etapa del FIS y constituye uno de los hitos en el reciente periodo de progreso científico en el campo de las ciencias de la salud en España. En la práctica, cada proyecto era asignado a dos comisiones y en cada una de ellas era revisado por dos evaluadores. Los proyectos con discrepancias eran revisados en el Consejo Científico. A partir de cierto presupuesto, los proyectos eran también evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Cabe citar que las 12 comisiones evaluadoras del FIS agrupaban a más de 70 investigadores, los cuales lideraban o pertenecían a grupos de investigación que incluían a más de 350 investigadores, todos ellos de reconocida experiencia. No debe, pues, extrañar que un 5% o un 10% de los investigadores becados tuviera una participación directa o indirecta en el proceso de evaluación. El proceso de adopción de la revisión por pares por parte del FIS no ocurrió de manera aislada, sino en el contexto del establecimiento de procesos robustos de evaluación científica por parte de la ANEP y del Ministerio de Educación y Ciencia. Por lo tanto, y en total desacuerdo con las expresiones atribuidas al Tribunal de Cuentas en el artículo de EL PAÍS, el FIS no sólo no era un terreno abonado a la endogamia, sino todo lo contrario, ya que estableció uno de los pocos sistemas de que disponemos los investigadores para mitigar y prevenir la endogamia. El FIS, en la etapa auditada, solicitaba a los investigadores miembros de las comisiones de evaluación que mantuvieran confidencial su pertenencia a las mismas, así como que se abstuvieran de revisar cualquier proyecto con el que tuvieran relación directa o indirecta capaz de comprometer su imparcialidad, debiendo además ausentarse físicamente de las discusiones entre terceros cuando existía conflicto de intereses. Sin embargo, no se puede privar a los investigadores que evalúan de la posibilidad de presentar nuevos proyectos.
Debemos, por tanto, diferenciar con claridad dos aspectos distintos: primero, que el mecanismo con el que el FIS en 1996 y en los años anteriores ha evaluado los proyectos de investigación ha sido el mecanismo de revisión por pares con los mecanismos de control inherentes al mismo; y segundo, que como consecuencia de las limitaciones intrínsecas al peer review pueden haberse producido irregularidades como también se producen en la evaluación científica de cualquier otro país con mucha mayor tradición científica que el nuestro.
En el caso del FIS, la escasez de recursos humanos y la falta de experiencia y tradición en sus inicios sin duda facilitaron que los mecanismos de evaluación no tuvieran toda la calidad que hubiera sido deseable. La auditoría del Tribunal de Cuentas al FIS y el debate que aquí reclamamos deberían servir para comprometer a los responsables de la investigación a dar un salto cualitativo dotando a las agencias de financiación y evaluación científica, que en la actualidad disponen ya de notable experiencia, de los recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar mayores cotas de calidad.
La segunda afirmación vertida en el artículo de EL PAÍS se refería a la ausencia de control científico. Es evidente el notorio desconocimiento de los mecanismos de evaluación científica modernos. El FIS solicitaba a los investigadores responsables de los proyectos una memoria anual y una memoria final. Las comisiones de evaluación del FIS debían revisar el progreso de los proyectos de acuerdo con las memorias anuales como requisito imprescindible para la percepción de las anualidades subsiguientes. Es verdad, sin embargo, que hasta 1996 no se había producido una evaluación sistemática de las memorias finales. No obstante, es preciso señalar que, en la tradición científica, la evaluación más relevante es la que se refleja en la producción científica. El FIS promovió diversas evaluaciones de la producción científica de las ayudas concedidas. Así, durante el periodo 1990-1993, en comparación con la del periodo 1986-1989, pudo comprobarse que "España había pasado del séptimo al sexto puesto de la Unión Europea en cuanto a la producción científica biomédica y en ciencias de la salud" (véase Medicina Clínica 1997, 109: 481-496), con una tasa de crecimiento del 61%, la segunda más alta en el mundo en dicho periodo. El FIS financió además, como muestra su talante innovador, un proyecto titulado Evaluación de la actividad del FIS como programa de I+D, el primer y hasta ahora único ejercicio de esta naturaleza promovido por una agencia de I+D en España.
Finalmente, el artículo sobre la auditoría del Tribunal de Cuentas alude a incidentes tales como la justificación de datos falsos en las memorias económicas, "que en algunos casos podrían incluso tener responsabilidades penales". Lamentablemente, es muy probable que situaciones de este tipo hayan ocurrido. Sin embargo, resulta de la máxima importancia destacar que el Sistema Nacional de Salud en España no ha acometido las reformas necesarias, en los hospitales y otros centros biomédicos, para permitir la adecuada gestión de las ayudas de investigación recibidas por los investigadores de los centros sanitarios, motivo por el cual dichos centros han debido hacer frente a las dificultades de gestión económica buscando soluciones de índole diversa y no siempre adecuadas.
La gravedad de las afirmaciones atribuidas al informe del Tribunal de Cuentas no debe ser en ningún caso minimizada; por el contrario, debe ser tomada como un acicate para un debate abierto capaz de reconocer las fortalezas y las debilidades del actual sistema de gestión de los fondos públicos y privados dedicados a la investigación. Este debate debe servir para comprometer a las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito a la implementación urgente de reformas que permitan una óptima gestión de dichos fondos. En lo que se refiere a la evaluación científica, debe ser la propia comunidad científica la que, sobre la base de los mecanismos de gestión y evaluación propios de los sistemas de I+D, se comprometa a reforzar pautas de comportamiento éticas que ofrezcan las mejores garantías posibles de que la originalidad científica, el rigor metodológico, la producción científica, la experiencia acreditada y la relevancia sanitaria y social prevalecerán sobre cualesquiera otros criterios. Al FIS como institución y a sus responsables en la etapa mencionada debemos reconocerles el gran mérito de haber adoptado los mecanismos más adecuados de evaluación científica y de haber contribuido con ello, junto con otras agencias, al progreso de la ciencia biomédica y sobre la salud en España. Los responsables actuales del FIS siguen contando con el pleno apoyo de la comunidad científica para progresar hacia cuotas más altas de calidad y excelencia en la gestión de los recursos públicos de investigación biomédica y sobre la salud.
(*) Firman conjuntamente este artículo: Josep M. Antó, Francisco Bolúmar, Jordi Camí, Juan E. Feliu, Juan García Puig, Luis Munuera, Emilio Muñoz, Miguel A. Piris, Ricard Pujol, Francisco X. Real, Eduard Rodríguez-Farré, Jordi Soler Soler. Los firmantes han sido miembros del Consejo Científico del FIS o de sus comisiones evaluadoras en diferentes periodos.