Menem anuncia que rechazará cualquier demanda de extradición presentada por Garzón

El procesamiento y orden de detención a efectos de extradición dictados por el juez Baltasar Garzón contra 98 militares y civiles argentinos por graves delitos cometidos durante la última dictadura han causado revuelo en Argentina. A cinco semanas del traspaso de poderes al nuevo presidente, Fernando de la Rúa, el Gobierno en funciones del peronista Carlos Menem ha cerrado filas contra la decisión del magistrado español y ha anunciado que rechazará la petición de Garzón. Por su parte, De la Rúa opinó que la decisión del juez de la Audiencia Nacional no tiene efecto operativo en Argentina.
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El procesamiento y orden de detención a efectos de extradición dictados por el juez Baltasar Garzón contra 98 militares y civiles argentinos por graves delitos cometidos durante la última dictadura han causado revuelo en Argentina. A cinco semanas del traspaso de poderes al nuevo presidente, Fernando de la Rúa, el Gobierno en funciones del peronista Carlos Menem ha cerrado filas contra la decisión del magistrado español y ha anunciado que rechazará la petición de Garzón. Por su parte, De la Rúa opinó que la decisión del juez de la Audiencia Nacional no tiene efecto operativo en Argentina.

"Vamos a rechazar de plano este pedido apenas entre en la Cancillería, y le vamos a ahorrar esta tarea al futuro Gobierno. Este juez, que trata de hacer vedettismo en todo el mundo, está totalmente fuera de lugar", declaró Menem. En las filas de la Alianza no hay unanimidad de criterios entre las dos principales fuerzas de la coalición, radicales y Frepaso (Frente País Solidario).Frente a la contundencia expresada por otros miembros del Gabinete saliente, por algunos de los militares procesados y sus abogados, la postura de los dirigentes de la Alianza más próximos al presidente electo es más matizada. Prometen respetar la Constitución dejando el caso en manos de la Justicia, pero otorgan escasas posibilidades de éxito a las pretensiones de Garzón. De la Rúa ha sido quien ha hablado más claro al declarar que la orden del juez español no tiene efecto operativo en Argentina. Su asesor en asuntos jurídicos, Ricardo Gil Lavedra, cuyo nombre se baraja como posible ministro de Justicia, opinó que, en principio, la extradición no es aplicable y recordó que varios de los militares de la dictadura fueron sentados en el banquillo, aunque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y más tarde el indulto dictado por Menem les eximió de las consecuencias.

El diputado del Frepaso Juan Pablo Cafiero, por su parte, señaló que la Justicia tendrá que dirimir si acepta una eventual solicitud de extradición para los 98 procesados y sostuvo que el principio de territorialidad, que defiende el Gobierno de Menem "ha ido perdiendo fuerza". Mayor firmeza exhiben los también diputados del Frepaso Jorge Rivas, Alfredo Bravo, Jorge Giles y Marcela Bordenave, quienes han reclamado un proyecto de resolución del Gobierno para dar curso a la orden de búsqueda y captura internacional dictada por Garzón para no "deshonrar los tratados internacionales firmados con España". Los parlamentarios se refieren al tratado de asistencia jurídica mutua entre Argentina y España de marzo de 1987 y que entró en vigor en 1990.

"Show mediático"

El ministro del Interior, Carlos Corach, fiel escudero del presidente en funciones, acusó a Garzón de preparar "un show mediático" y para descalificar su actuación recurrió a los crímenes cometidos en la guerra civil española. "Un millón de muertos, fusilados, torturados y nunca nadie en la transición española juzgo a ningún militar", dijo. Y prosiguió con su razonamiento: "En la Argentina se cometieron crímenes contra la humanidad y nosotros lo hemos dicho, no ahora cuando es fácil decirlo, sino en el momento que se estaban cometiendo, cuando muchos de los que ahora hablan de derechos humanos estaban debajo de la cama". Corach dejó ahí la acusación, sin entrar en más detalles.

Uno de los militares que figura en la lista de 98 procesados por el juez Garzón es el general Luciano Benjamín Menéndez, que durante la dictadura fue jefe del III Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba, contra el que pesan graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos y que fue indultado por Menem. Su hermano Mario fue el comandante de las fuerzas militares argentinas que combatieron contra el Reino Unido en la guerra de las Malvinas.

El general procesado por Garzón calificó de "insolencia" y de "atentado contra la soberanía" el paso dado por el juez español. El general trató de agitar conciencias: "Es ridículo. Al paso que vamos, volvemos a la colonia, los hechos de la Argentina se juzgan en la metrópoli. Todos los argentinos deberían sentirse afectados". Negó las acusaciones no sólo del juez español, sino de los jueces argentinos que instruyen causas contra militares, al afirmar: "A cada paso encuentran una cosa que inventar. Lo del robo de menores es un cuento, una barbaridad inventada. Se están buscando elementos para seguir manteniendo activa esta agresión para los que combatimos la subversión marxista".

El controvertido paso dado por el juez Garzón será, sin duda, uno de los asuntos que tratarán hoy Carlos Menem y Fernando de la Rúa en la primera reunión para preparar el traspaso de poderes de aquí a un mes.

El presidente electo ha recibido una petición de entrevista por parte del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que planteó la necesidad de aceptar la orden de búsqueda y captura contra los exrepresores de la dictadura argentina. Pérez Esquivel manifestó su preocupación por la actitud que pueda asumir el nuevo Gobierno.