El presidente Frei reitera que Chile usará todas las vías para lograr el regreso de Pinochet
Dos días después del veredicto de la justicia británica que da luz verde al proceso de extradición de Augusto Pinochet a España, habló el presidente de Chile. Eduardo Frei fue tajante al reiterar la posición de su Gobierno: "Vamos a seguir usando todos los caminos, políticos, judiciales y de salud. Es conveniente que el senador Pinochet regrese a Chile y enfrente aquí los cargos que pesan en su contra en la justicia". Frei aseguró que, desde el día de la detención en Londres del ex dictador, el Gobierno chileno ha tenido una sola línea: "Defensa de principios y no de personas".
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Dos días después del veredicto de la justicia británica que da luz verde al proceso de extradición de Augusto Pinochet a España, habló el presidente de Chile. Eduardo Frei fue tajante al reiterar la posición de su Gobierno: "Vamos a seguir usando todos los caminos, políticos, judiciales y de salud. Es conveniente que el senador Pinochet regrese a Chile y enfrente aquí los cargos que pesan en su contra en la justicia". Frei aseguró que, desde el día de la detención en Londres del ex dictador, el Gobierno chileno ha tenido una sola línea: "Defensa de principios y no de personas".
El mandatario defiende la soberanía jurisdiccional de los tribunales chilenos y anunció que éste es el principio que su Gobierno va a plantear ante el Tribunal Internacional de La Haya. De momento, los abogados de Pinochet han fijado para el próximo 18 de octubre la fecha en la que interpondrán un recurso de apelación ante el Alto Tribunal de Justicia de Londres contra la resolución del juez Ronald Bartle. Paralelamente, en la capital británica, el director de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, prepara, con el embajador en Londres, Pablo Cabrera, y los abogados británicos que representan al Gobierno chileno una formulación convincente de las razones humanitarias para lograr que el ministro británico del Interior, Jack Straw, decida, eventualmente, devolver a Pinochet a su país por razones de salud. El margen de maniobra del Gobierno chileno es cada vez más estrecho. En Londres y en Madrid, las propuestas de solventar el caso al margen de la vía judicial han fracasado estrepitosamente. Otros intentos de hacer presión a nivel internacional se han estrellado con una muralla de indiferencia y, en algunos casos, han cosechado declaraciones de solidaridad de algunos mandatarios latinoamericanos sin efectos prácticos. Hasta la fecha, sólo el presidente argentino, Carlos Menem, se ha comprometido con su homólogo chileno a mantenerse firme en su negativa a acudir a la Cumbre Iberoamericana de La Habana si el general Pinochet no es devuelto a Chile.
Menem es una excepción. En vísperas de la resolución de Bartle, la Internacional Democratacristiana pidió a los países iberoamericanos que acudan a la cumbre en La Habana, desmarcándose de la postura de uno de sus principales afiliados, Eduardo Frei. El compromiso del presidente chileno de dejar resuelto el caso Pinochet antes de terminar su mandato es cada vez una posibilidad más lejana.
En el escenario político interno, a pesar de los intentos de los dos principales candidatos a las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de evitar que el caso Pinochet influya en la campaña, empiezan a sentirse las primeras salpicaduras. Un día después del fallo británico, dos máximos responsables de la campaña del candidato de la Concertación, el socialista Ricardo Lagos, hablaron claro y directo sobre las causas de fondo del proceso al general detenido. "Más allá de las consideraciones jurídicas, lamentamos que la derecha no haya hecho un discernimiento moral acerca de los asuntos que están en la base de este proceso: una situación sistemática de violación de los derechos humanos, que significó la muerte y desaparición de miles de personas", dijo el democratacristiano Jenaro Arriagada.
Por primera vez, los asesores de Lagos han lanzado un duro ataque a la derecha pinochetista, a la que acusan de soberbia por presentar como un "coste" muy bajo los más de 3.000 muertos de la dictadura o argumentar que la tortura es parte de las acciones de Estado. La candidatura de la coalición gubernamental entre democratacristianos y socialistas cree que ha llegado el momento de que se haga un "juicio moral" sobre lo que ocurrió en Chile durante los 17 años de dictadura militar. Se acercan las elecciones y el candidato del centroi-zquierda observa una disminución de su ventaja sobre su rival de la derecha, Joaquín Lavín. El último sondeo atribuye un 43,9% de los votos a Lagos frente a un 39,4% para su adversario.
En el equipo de campaña de Lagos prevalece la opinión de que un regreso de Pinochet a Chile antes de las elecciones favorecería las aspiraciones de su candidato y perjudicaría a Lavín. Con el ex dictador en territorio chileno se iniciaría el debate jurídico sobre su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, un terreno óptimo para que Lagos consiguiera unificar al electorado de la Concertación en contra de Pinochet, como ocurrió en el plebiscito de 1988.
A Lavín, el regreso del general le complicaría la cosas. Enrique Correa, ministro secretario general de la Presidencia durante el mandato de Patrico Aylwin y negociador de los acuerdos de la transición, afirma sin rodeos: "El regreso de Pinochet perjudicaría a la derecha". Lavín tendría que ir a recibirle, lo que alteraría la imagen que intenta transmitir el candidato de la derecha en los últimos tiempos: Pinochet es el pasado y él es futuro. Desde la detención del ex dictador, Lavín ha adoptado dos tácticas claramente diferenciadas. De entrada, viajó a Londres y acudió a manifestarse frente a la residencia del embajador español en Santiago, lo que tuvo un efecto negativo en las encuestas. Sus asesores han comprobado que un distanciamiento del general y de las posiciones más ultraderechistas que todavía sueñan con el régimen militar es la única vía para arañar votos a Lagos.
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