Los granjeros critican al Gobierno belga sobre las dioxinas

El sindicato agrícola belga Boerenbond, radicado en Flandes, criticó ayer con dureza las últimas medidas del Gobierno sobre la crisis de las dioxinas. "Después de muchas declaraciones y medias promesas por parte del anterior Gobierno y del actual", comunicó el sindicato, "los granjeros aún están esperando que se tomen las primeras resoluciones para que no les consideren como responsables del problema, sino como sus principales víctimas". Boerebond representa a 60.000 granjeros flamencos y de habla alemana.El pasado viernes, el primer ministro Guy Verholfstadt -que hace 11 días entró en funcion...

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El sindicato agrícola belga Boerenbond, radicado en Flandes, criticó ayer con dureza las últimas medidas del Gobierno sobre la crisis de las dioxinas. "Después de muchas declaraciones y medias promesas por parte del anterior Gobierno y del actual", comunicó el sindicato, "los granjeros aún están esperando que se tomen las primeras resoluciones para que no les consideren como responsables del problema, sino como sus principales víctimas". Boerebond representa a 60.000 granjeros flamencos y de habla alemana.El pasado viernes, el primer ministro Guy Verholfstadt -que hace 11 días entró en funciones, tras la dimisión del anterior Gobierno provocada por la crisis de la contaminación ganadera con dioxinas- cerró 233 granjas donde el empleo de dioxinas podría haber escapado al control de las autoridades. El Gobierno aprobó el bloqueo del mercado y la destrucción de la carne posiblemente contaminada, e instó a los granjeros a limitar voluntariamente su capacidad de producción al 80% en los próximos seis meses. Esa reducción fue calificada por Boerebond de "poco realista", argumentando: "Es sencillamente imposible suspender el proceso de producción de animales vivos y pretender partir de cero. Ello llevaría por lo menos medio año".

Bélgica está aún recuperándose de la crisis que se inició en abril, cuando se descubrió que carne potencialmente tratada con dioxinas había sido vendida a centenares de granjas. Sin embargo, el pasado viernes el Gobierno aseguró que no había ninguna prueba de nuevas fuentes de contaminación por dioxina, por lo que no se hacía necesaria ninguna prohibición.

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