Una ex funcionaria presenta en Chile la primera querella por genocidio contra Pinochet

La abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado en la dictadura chilena, presentó ayer una querella criminal en la Corte de Apelaciones de Santiago por el delito de genocidio contra el general Augusto Pinochet y otros ex altos mandos militares. La denuncia señala la responsabilidad del ex dictador y sus oficiales en el homicidio del periodista Carlos Berger, uno de los 71 prisioneros políticos asesinados en octubre de 1973 por la llamada Caravana de la Muerte.

La acusación se suma a las otras 20 querellas criminales presentadas en Chile contra Pinochet por casos de violaciones a los dere...

La abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado en la dictadura chilena, presentó ayer una querella criminal en la Corte de Apelaciones de Santiago por el delito de genocidio contra el general Augusto Pinochet y otros ex altos mandos militares. La denuncia señala la responsabilidad del ex dictador y sus oficiales en el homicidio del periodista Carlos Berger, uno de los 71 prisioneros políticos asesinados en octubre de 1973 por la llamada Caravana de la Muerte.

La acusación se suma a las otras 20 querellas criminales presentadas en Chile contra Pinochet por casos de violaciones a los derechos humanos, que investiga el magistrado Juan Guzmán. Según Carmen Hertz, usando el aparato del Estado, la dictadura de Pinochet (1973-1990) practicó una política de genocidio para tratar de exterminar a un sector de la sociedad chilena."No fue una suma de crímenes, ni un exceso, sino una política con un objetivo central, sistemática, coordinada y centralizada, de la que es responsable Pinochet", afirma Hertz. Ella considera que uno de los casos en el que se demuestra la participación de Pinochet es el de ejecuciones de la Caravana de la Muerte en el desierto de Calama. En este caso, sostiene, está acreditado que el ex dictador envió, un mes después del golpe de Estado de septiembre de 1973, a una comitiva militar al mando del general Sergio Arellano a recorrer el país, supuestamente para acelerar los procesos judiciales a prisioneros políticos. Pero la comitiva, conocida en Chile como la Caravana de la Muerte, fue asesinando prisioneros izquierdistas (26 en Calama y 46 en otras ciudades), muchos de los cuales ya habían sido condenados.

Dotada de poderes especiales, la misión enviada por Pinochet pasó por encima de las autoridades locales e incluso militares. En la mayoría de los casos inhumaron en secreto los cuerpos. Berger, de 30 años, que era director de una radio en Calama y cumplía una condena de 61 días de prisión dictada por un tribunal militar, fue sacado de la cárcel para ser asesinado.

Otros acusados

La querella, presentada también por los delitos de homicidio, asociación ilícita e inhumación ilegal, tiene cierto parecido con la acusación del juez español Baltasar Garzón contra Pinochet. Incluye entre los acusados al general Arellano, al brigadier Pedro Espinoza (que cumple condena de seis años de prisión en Chile por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier), a los coroneles Sergio Arrendondo y Marcelo Moren, y a los ex oficiales Juan Chiminelli y Sergio de la Mahotier.

Recuerda la abogada que en Chile hay sectores que sostienen que a Pinochet se le puede juzgar en el país. "Veamos si es cierto, si se le puede juzgar, pero por sus conductas, no por una multa de tráfico", desafía. La jurista renunció a su cargo de directora jurídica de la Cancillería chilena después de la detención de Pinochet en Londres por la postura adoptada por el Gobierno.

Mientras, en Madrid, el ex intendente de la ciudad chilena de Valdivia, Sandor Arancibia, declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, sobre las circunstancias en que fue condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua en una parodia de juicio. Fue acusado de colaborar con un inexistente desembarco de tropas cubanas mediante lanchas rápidas lanzadas al río Valdivia. Arancibia pasó cuatro años en diversos centros de detención, tras lo cual se le cambio la pena por el exilio. Aún sigue sin poder votar en Chile.

Arancibia, que reside en Montpellier (Francia), en cuya universidad trabaja como académico, explicó al juez Garzón que en los consejos de guerra se amenazó con torturar a aquellos detenidos que no quisieran firmar una declaración confirmando la existencia del citado plan.