Protesta de 144 cargos
El nombramiento de L. M. Ll., así como otras designaciones en favor de funcionarios españoles, alarmaron a 144 altos funcionarios, todos ellos de la categoría superior, la A. En dos cartas enviadas en noviembre al presidente José María Gil-Robles y una nota a la Mesa de la Cámara los funcionarios protestaron porque "los criterios que han presidido la provisión de cargos no han sido esencialmente los previstos en el Estatuto"; porque "los criterios de mérito han sido ninguneados, por no decir descartados, en beneficio de la nacionalidad" y porque "la búsqueda a ultranza de equilibrios nacionale...
El nombramiento de L. M. Ll., así como otras designaciones en favor de funcionarios españoles, alarmaron a 144 altos funcionarios, todos ellos de la categoría superior, la A. En dos cartas enviadas en noviembre al presidente José María Gil-Robles y una nota a la Mesa de la Cámara los funcionarios protestaron porque "los criterios que han presidido la provisión de cargos no han sido esencialmente los previstos en el Estatuto"; porque "los criterios de mérito han sido ninguneados, por no decir descartados, en beneficio de la nacionalidad" y porque "la búsqueda a ultranza de equilibrios nacionales en los nombramientos de cargos de carrera ni es legal, ni siquiera legítima", si margina a "los más cualificados". "El número de españoles entre los altos funcionarios de la casa es muy bajo, tanto Gil-Robles como yo hemos luchado mucho por equilibrarlo, y una forma de hacerlo ha sido traerlos de la Comisión". Así defendió el vicepresidente de la cámara Antoni Gutiérrez-Díaz (Iniciativa per Catalunya) el objetivo perseguido con los nombramientos. "Durante el mandato Gil-Robles se han producido 12 ascensos de A-4 a A-3; 10 son de plantilla, dos provienen de la Comisión; estos dos son españoles, pues no había en la Cámara funcionarios A-4 de esta nacionalidad; de los noventa A-3, sólo había tres españoles, ahora hemos pasado a cinco", señaló, por su parte, el portavoz de Gil-Robles. Los datos confirman pues la bondad del objetivo de reequilibrar el mapa, aumentando la presencia de españoles (o de suecos). El problema que plantean las sentencias y los procesos en curso es cómo alcanzar ese objetivo. O sea, la necesidad de hacerlo por métodos legales, sin actuaciones que supongan la violación del Estatuto o entrañen abusos de poder.