La demolición de un edificio histórico en Toledo lleva a Medio Ambiente al juzgado
La Confederación del Tajo alega que no necesita permiso para "obras de interés general"
Prevaricación de funcionario público, delito contra el patrimonio y daños son los ejes de la querella presentada por la oposición del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PP, contra la Confederación Hidrográfica del Tajo por la demolición de las llamadas turbinas de Vargas, un edificio del siglo XIX que estaba situado junto al río Tajo y a la sombra del Alcázar. La querella fue admitida a trámite el viernes por el Juzgado número 4 de Toledo. En plena polémica, la CHT alega que no necesitaba permisos municipales al tratarse de obras de "interés general".
El pasado 14 de enero máquina...
Prevaricación de funcionario público, delito contra el patrimonio y daños son los ejes de la querella presentada por la oposición del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PP, contra la Confederación Hidrográfica del Tajo por la demolición de las llamadas turbinas de Vargas, un edificio del siglo XIX que estaba situado junto al río Tajo y a la sombra del Alcázar. La querella fue admitida a trámite el viernes por el Juzgado número 4 de Toledo. En plena polémica, la CHT alega que no necesitaba permisos municipales al tratarse de obras de "interés general".
El pasado 14 de enero máquinas y piquetas de la empresa Juan Nicolás e Hijos, SA, se acercaban a orillas del Tajo para cumplir la orden de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que depende del Ministerio de Medio Ambiente, de derribar el edificio conocido como las turbinas de Vargas. Construido en 1870, el inmueble acogió hasta mediados del presente siglo los ingenios que suministraban agua y electricidad a Toledo. En 1992, el Ayuntamiento de la capital castellano-manchega y la Real Fundación de Toledo destinaron más de 30 millones de pesetas para su rehabilitación y conversión en una escuela-taller. "No deja de tener su ironía", comenta el concejal socialista Roberto López, "que hayan demolido un edificio destinado a formar a los jóvenes en asuntos de rehabilitación". Los 10 ediles socialistas y los dos de Izquierda de Castilla-La Mancha son los impulsores de la querella citada, que insiste en que "les gustara o no su diseño a los dirigentes del PP, el edificio de las turbinas de Vargas estaba protegido por el plan especial del casco histórico de Toledo".Al margen de los debates jurídicos y técnicos sobre el grado de protección del inmueble derribado, que durante las últimas semanas han marcado la actualidad en Toledo, nadie discute que la sede de la escuela-taller se encuentra dentro del área del centro histórico. A pesar de reconocer que la CHT cometió un error al derribar sin licencia municipal la turbina de Vargas, el presidente de esta entidad, José Antonio Llanos, aclaró ayer a este diario, que "las obras de interés general están exentas de la necesidad de pedir permisos".
"Además", agregó, "el edificio era de una total vulgaridad y su derribo obedece al plan de reconstruir en ese emplazamiento el ingenio de Juanelo Turriano, una obra clave de ingeniería del siglo XVI que bombeaba agua del Tajo hasta Toledo, así como al proyecto municipal de construir un museo del agua. Quizá en este caso pudo ser una equivocación no pedir permiso. Pero una cosa es una equivocación y otra es una obligación". Tras achacar la polémica a intereses electorales de la oposición, a cuatro meses de los comicios locales, Llanos señaló que "el proyecto y el presupuesto para reconstruir el ingenio de Turriano ya cuentan con la luz verde del Ministerio de Medio Ambiente".
Pero incluso arquitectos como Ignacio González Tascón, miembro de la Fundación Juanelo Turriano, subrayan que los planes de futuro "tienen su lógica, pero la forma en que se ha derribado el edificio está muy mal planteada".
Babelia
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