Greenpeace cree una "barbaridad" elevar el límite de cobre en moluscos
Técnicos de la Junta de Andalucía y del Gobierno central estudian desde el pasado martes la modificación de la norma que establece la acumulación máxima de cobre en moluscos y crustáceos. La Consejería de Salud ha tenido que prohibir en el último mes y medio el consumo de coquinas de fango, bocas, galeras y camarones capturados en la desembocadura del Guadalquivir porque sus organismos registraban más cobre que el legalmente admisible. La asociación ecologista Greenpeace calificó ayer de "auténtica barbaridad" la posibidad de cambiar el límite legal. En su comunicado, los ecologistas señalan ...
Técnicos de la Junta de Andalucía y del Gobierno central estudian desde el pasado martes la modificación de la norma que establece la acumulación máxima de cobre en moluscos y crustáceos. La Consejería de Salud ha tenido que prohibir en el último mes y medio el consumo de coquinas de fango, bocas, galeras y camarones capturados en la desembocadura del Guadalquivir porque sus organismos registraban más cobre que el legalmente admisible. La asociación ecologista Greenpeace calificó ayer de "auténtica barbaridad" la posibidad de cambiar el límite legal. En su comunicado, los ecologistas señalan que el objetivo de esta medida sería evitar el pago de las indemnizaciones a los pescadores que se han visto afectados por la inmovilización de estas especies, tras el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar. "La experiencia reconoce que los límites normativos con el tiempo siempre tienden a rebajarse y ser más restrictivos, nunca lo contrario", argumenta Greenpeace. Compensación económica El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Agustín Cuevas, fue el primero en oponerse a la intención de Junta y Gobierno de ampliar los límites legales del cobre (20 partes por millón) en moluscos y crustáceos. Cuevas remitió ayer al presidente del Gobierno andaluz , Manuel Chaves, un informe elaborado por los 12 municipios afectados por el vertido tóxico en el río Guadiamar que recoge las consecuencias económicas de la riada para la zona. El informe le será remitido también al presidente del Gobierno central, José María Aznar, ya que, a juicio de los alcaldes, las dos administraciones deben hacer frente a las medidas compensatorias para los distintos sectores económicos de los municipios afectados. Los regidores de los doce municipios han solicitado a Aznar y Chaves sendas reuniones. Por su parte, Enrique Groso, ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó ayer de que el muro iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente para proteger al Parque Nacional de Doñana de los arrastres tóxicos del Guadiamar "está casi concluido".