Editorial:

Difícil equilibrio

LAS GRANDES cifras económicas sobre las que se construirán los Presupuestos Generales del Estado para 1999 indican, en primer lugar, que el Gobierno mantiene un elevado grado de optimismo económico para el ejercicio que viene; lo cual no deja de ser un mensaje estimulante para los agentes económicos. Las previsiones anunciadas por Aznar y ratificadas ayer por el Consejo de Ministros prevén para 1999 un crecimiento del 3,9%, con una tasa de inflación del 1,8% y una contención del déficit en el 1,7% del PIB. Nada hay de extraño ni disparatado en este cuadro general de objetivos; al fin y al cabo...

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LAS GRANDES cifras económicas sobre las que se construirán los Presupuestos Generales del Estado para 1999 indican, en primer lugar, que el Gobierno mantiene un elevado grado de optimismo económico para el ejercicio que viene; lo cual no deja de ser un mensaje estimulante para los agentes económicos. Las previsiones anunciadas por Aznar y ratificadas ayer por el Consejo de Ministros prevén para 1999 un crecimiento del 3,9%, con una tasa de inflación del 1,8% y una contención del déficit en el 1,7% del PIB. Nada hay de extraño ni disparatado en este cuadro general de objetivos; al fin y al cabo, parece una extrapolación, convenientemente mejorada, de los excelentes indicadores económicos actuales.Pero tan razonable como la proyección del Gobierno, naturalmente teñida por la coyuntura, es abrigar algunas dudas sobre el equilibrio interno que abrigan tales cifras. Es probable que el año próximo se pueda mantener una tasa elevada de crecimiento, próxima al 3,9% marcado por el Ejecutivo. Al fin y al cabo, en estos momentos la economía está creciendo a esa tasa; incluso algunos analistas sospechan que puede superar el 4%. Es más difícil coincidir con la apuesta del Gobierno en que un crecimiento tan alto vaya acompañado de nuevos recortes en la inflación. Es más prudente suponer que el IPC ha agotado gran parte de su capacidad potencial de descenso conseguida hasta ahora por la caída de los precios de los alimentos; que los costes de los servicios tampoco bajarán de manera significativa, en ausencia de las reformas de los mercados que continuamente se defienden, pero que no llegan a ejecutarse, y que el crecimiento del consumo, asociado a crecimientos elevados, puede aproximar a la economía a los límites de recalentamiento, es decir, de estrangulamientos en la oferta que encarezcan los precios de los productos.

Mientras se perfilan algunos criterios importantes para la determinación de los gastos y los ingresos públicos del año próximo, tarea en la que tendrá sin duda una importancia singular la reunión del presidente del Gobierno y su principal socio parlamentario, el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, sí es posible aventurar que en los próximos Presupuestos el criterio fundamental de análisis debe ser el de la inversión pública. Porque establecido un nivel aceptable de ajuste en el déficit, el Gobierno debe cuidar ahora con especial atención la generación y mantenimiento de las infraestructuras públicas, muy descuidadas en los últimos dos años, en los que la prioridad absoluta era conseguir el gran objetivo de la integración en la moneda común. Es complicado conjugar una política restrictiva del gasto con la financiación sostenida de infraestructuras públicas que permitan la reproducción fluida del capital público y privado. Ése es precisamente el difícil equilibrio que debe mantener la economía española en la Europa de la moneda común.

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