AI pide a España que apoye un Tribunal Penal Internacional justo
Justo, imparcial y eficaz. Para Amnistía Internacional (AI), estos son los principios que debe reunir el futuro Tribunal Penal Internacional (TPI) que juzgará crímenes de guerra, delitos de genocidio y violaciones de los derechos humanos. Así lo planteó ayer AI en una conferencia de prensa en Madrid en la que pidió al Gobierno español que cambie su postura para asegurar una Corte Penal independiente.
A una semana de que se inicie en Roma la Conferencia Diplomática donde más de 140 países debatirán la creación de un Tribunal Penal permanente, AI instó ayer al Gobierno español a que cambi...
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Justo, imparcial y eficaz. Para Amnistía Internacional (AI), estos son los principios que debe reunir el futuro Tribunal Penal Internacional (TPI) que juzgará crímenes de guerra, delitos de genocidio y violaciones de los derechos humanos. Así lo planteó ayer AI en una conferencia de prensa en Madrid en la que pidió al Gobierno español que cambie su postura para asegurar una Corte Penal independiente.
A una semana de que se inicie en Roma la Conferencia Diplomática donde más de 140 países debatirán la creación de un Tribunal Penal permanente, AI instó ayer al Gobierno español a que cambie la postura que mantendrá el día 15 para asegurar esos principios.El presidente de la sección española de AI, Esteban Beltrán, citó entre algunos de los puntos de desencuentro con el Gobierno español el que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda «paralizar o demorar» los procesos iniciados por el TPI, opción que apoya el Ejecutivo de José María Aznar. Otro tema crucial para AI es que el fiscal pueda abrir investigaciones basadas en «denuncias de víctimas y no sólo en informaciones procedentes de los Estados». El Gobierno no apoya esta opción ya que considera que los procesamientos sólo pueden basarse en información facilitada por los Estados, el Consejo de Seguridad o el Secretario General de la ONU.
En la reunión con la prensa, el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, consideró que España tiene competencias para juzgar delitos de genocidio y que el tribunal sobre el que recae esta competencia es la Audiencia Nacional. Apuntó, sin embargo, que cuando se plantean problemas en la interpretación de los «límites» estos «serían más fáciles de resolver con la existencia de un Tribunal Penal Internacional». Auger se refirió a los procesos abiertos sobre los desaparecidos en Argentina y Chile y dijo que «las discusiones que hay sobre si las conductas juzgadas son propias de un delito de genocidio no se producirían si existiera un Tribunal Internacional ya que se le remitirían estos casos».