El Gobierno intenta ampliar el consenso en el voto sobre financiación sanitaria

El Gobierno se plantea votar por separado los distintos aspectos de la financiación sanitaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará la próxima semana, para lograr sacarla adelante. El CPFF es un órgano mixto integrado por representantes del Ejecutivo y de las comunidades y decidirá las fuentes de financiación y el reparto entre las autonomías de los 165.000 millones con que prevé costear el déficit de la Sanidad pública.Con la fórmula del voto desagregado, el Gobierno trata de evitar un rechazo total de aquellas comunidades autónomas, como las gobernadas por e...

El Gobierno se plantea votar por separado los distintos aspectos de la financiación sanitaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará la próxima semana, para lograr sacarla adelante. El CPFF es un órgano mixto integrado por representantes del Ejecutivo y de las comunidades y decidirá las fuentes de financiación y el reparto entre las autonomías de los 165.000 millones con que prevé costear el déficit de la Sanidad pública.Con la fórmula del voto desagregado, el Gobierno trata de evitar un rechazo total de aquellas comunidades autónomas, como las gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha), o Cataluña por CiU, que han puesto reparos a que el Ejecutivo les corresponsabilice en el uso del medicamentazo (ampliación de la lista de fármacos extraídos de la financiación pública como fuente de financiación adicional de la Sanidad).

Con esta fórmula de votación, el Gobierno -aunque tiene asegurado el resultado favorable al disponer de su propio voto y el de 11 de las 17 comunidades- trata de conseguir el consenso más amplio posible en el CPFF ante una cuestión institucional como es el modelo de financiación sanitaria.

Todas las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE y los nacionalistas- aceptan la cifra de 165.000 millones así como los criterios de reparto, qué tienen en cuenta la variable de población, actualizada con el nuevo padrón de 1996. La Junta de Andalucía concretamente, gobernada por el PSOE, que representa la principal oposición del Gobierno en el Consejo, asume estos criterios, que había reclamado insistentemente en los últimos meses.

Con motivo de la votación en septiembre de 1996 del nuevo modelo de financiación autonómica, con la descentralización del 30% del IRPF y con la concesión de la capacidad normativa a las comunidades, el Gobierno ya intentó la fórmula de la votación desagregada, pero no tuvo éxito. Entonces, con una posición muy crítica por parte de las tres comunidades gobernadas por el PSOE, el Gobierno fracasó en su intento y todas ellas votaron en contra.

Las bazas del Ejecutivo

En esta ocasión, el Gobierno está convencido de que los resultados serán distintos. Cuenta con la baza de que la Junta de Andalucía sale muy beneficiada en el reparto de la financiación sanitaria que necesita para cubrir uno de los déficits más importantes. Se calcula que Andalucía percibirá unos 40.000 millones en el reparto. Por estas razones, el Ejecutivo cree que la Junta de Andalucía dará el voto afirmativo a estos aspectos del modelo de financiación sanitaria.Pero el Gobierno confia incluso en que el aspecto más conflictivo de la negociación -la introducción del medicamentazo- cuente con el voto favorable de la Generalitat catalana.