El "informe Barea" critica Ias fórmulas del Gobierno para la gestión de la sanidad

El famoso informe del responsable de la Oficina del Presupuesto, José Barca, no sólo lanza duras acusaciones al Gobierno sobre el descontrol del gasto público. Es también una crítica a la innovadora fórmula de gestión privada de la sanidad pública, porque no no llega tan lejos como a Barea le gustaría. Considera "razonable" despedir a los trabajadores de un determinado servicio hospitalario cuando se contrate con una empresa privada, pero se queja de que "está prohibido". Barea indica también que el aumento de fondos para la Agencia Tributaria -11.000 millones- es contrario a la "austeridad"....

El famoso informe del responsable de la Oficina del Presupuesto, José Barca, no sólo lanza duras acusaciones al Gobierno sobre el descontrol del gasto público. Es también una crítica a la innovadora fórmula de gestión privada de la sanidad pública, porque no no llega tan lejos como a Barea le gustaría. Considera "razonable" despedir a los trabajadores de un determinado servicio hospitalario cuando se contrate con una empresa privada, pero se queja de que "está prohibido". Barea indica también que el aumento de fondos para la Agencia Tributaria -11.000 millones- es contrario a la "austeridad".

El gasto sanitario, dado su crecimiento por encima de todos los demás y el déficit que arrastra, es el aspecto a que el informe de Barea sobre los Presupuestos de 1998 del pasado 24 de septiembre, dedica mayor atención. Barea analiza la nueva fórmula de gestión hospitalaria a través de fundaciones y se queja de que las normas establecidas prácticamente anulan lo que se quería conseguir; es decir, un ahorro en el gasto sanitario."No parece congruente que se creen nuevas formas de gestión amparadas bajo la forma de Fundaciones para dotar al conjunto así formado de agilidad y libertad de elección de que gozan las empresas privadas que se dedican a igual actividad, para acto seguido iniciar un proceso de perversión de la idea inicial, sometiendo alas recién nacidas entidades a los controles, trabas administrativas y burocratización a que están sujetas las antiguas formas de gestión de las que se trataba de huir", dice el informe.

Pone el siguiente ejemplo. "Imagínese que para las tareas de lavado de un hospital regido por una Fundación se recibe la oferta de una empresa privada que resulta más conveniente y económica. Procedería de inmediato despedir a los trabajadores propios (esto lo posibilita su régimen laboral) y efectuar el contrato. Pues bien, esto tan razonable en términos de economía de la gestión estaría prohibido (...)".

Si en vez de despedir a todos se opta por reconvertir a parte del personal, Barea indica que serían necesarias las autorizaciones de dos direcciones generales, del, Ministerio de Economía y del de Administraciones Públicas. Igualmente, sería preciso el visto bueno del Ministerio de Economía para establecer conciertos de hospitalización o asistencia ambulatoria.

"Se queda al final en una situación en la que un informe procedente de un órgano no especializado y sin responsabilidades en el área sanitaria puede retrasar una importante toma de decisiones", dice el informe. "En definitiva", añade, "ante las nuevas fundaciones del Insalud no parece conveniente integrarlas en el tótum revolútum de la Administración que nos ha llevado a donde estamos".

El informe de Barea arremete también contra el aumento de fondos de que gozará la Agencia Tributaria gracias a otra modificación en la Ley de Presupuestos del año que viene. Según describe el director de la Oficina del Presupuesto, la Hacienda pública pasará de obtener un 16% de los actos de gestión y liquidación recaudatoria (actas de la inspección fiscal) a disponer de un 18%. "Esta modificación podría suponer incrementar los recursos de la Agencia en un 12,5%, lo que equivaldría a un total de 11.000 millones de pesetas de incremento de gasto, en un momento en que se impone la necesidad de un Presupuesto austero y riguroso", señala el informe.

Las pensiones

Junto al gasto sanitario, Barea ha arremetido en anteriores ocasiones contra el sistema actual de pensiones públicas. En su informe a los Presupuestos, se limita a hacer ver al Gobierno que no había introducido la cláusula que permitiría "regularizar la base de cálculo"; es decir, tener en cuenta la subida de 1997 (2,6%) de las pensiones para incrementos futuros. Con posterioridad, el ministro de Trabajo Javier Arenas, aclaró que sí se consolidaba.