Un grupo especial del FBI colabora con el juez García Castellón para investigar a Pinochet

Estados Unidos ha dado un nuevo e importante paso en la colaboración con la Justicia española en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. La Fiscalía General de EE UU ha adscrito a una fuerza especial de la Policía Federal (Joint FBI Terrorism Task Force) la misión de reunir y aportar las pruebas solicitadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye una causa por genocidio y terrorismo internacional contra Pinochet y otros máximos responsables de la dictadura chilena.

La documentación en l...

Estados Unidos ha dado un nuevo e importante paso en la colaboración con la Justicia española en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. La Fiscalía General de EE UU ha adscrito a una fuerza especial de la Policía Federal (Joint FBI Terrorism Task Force) la misión de reunir y aportar las pruebas solicitadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye una causa por genocidio y terrorismo internacional contra Pinochet y otros máximos responsables de la dictadura chilena.

La documentación en la que está trabajando este cuerpo especial procede de los archivos, del Departamento de Estado, FBI, Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos norteamericanos.La decisión de la autoridad judicial estadounidense es un mensaje inequívoco al Gobierno y a la cúpula militar de Chile, que hasta ahora han denegado al juez García Castellón cualquier tipo de colaboración. Y no sólo eso. Los generales chilenos enviaron recientemente a Madrid a un emisario de peso para interesarse por el curso de la investigación del magistrado español. El auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, brazo derecho del general Pinochet, compareció, sin haber sido citado, ante la Audiencia Nacional.

Fuentes próximas a la Fiscalía estadounidense confirmaron ayer que la ampliación de la comisión rogatoria presentada el mes pasado por el juez García Castellón ha sido acogida, aprobada y ejecutada sobre la base legal del tratado bilateral de asistencia judicial en materia penal entre EE UU y España, aprobado en 1995. En concreto, la ampliación de la comisión rogatoria pide a la fiscal general, Janet Reno, que ordene que un número determinado de testigos identificados (una decena) con residencia en Estados Unidos declaren ante el juez instructor.

Asimismo, solicita tener acceso a una serie de pruebas documentales existentes en archivos oficiales de EE UU sobre crímenes contra la humanidad y terrorismo internacional cometidos por funcionarios a las órdenes del general Pinochet entre el 11 de septiembre de 1973 y abril de 1990, en Chile o en cualquier otro Estado del mundo. La fuerza especial antiterrorista del FBI está ya trabajando en esta investigación. Los abogados de la acusación particular en la causa que instruye García Castellón han dirigido una carta a la Fiscalía General del Estado español en la que dan cuenta de la decisión adoptada por la autoridad judicial estadounidense "que coincide en el tiempo con la resolución adoptada, por unanimidad el 18 de septiembre pasado por el Parlamento Europeo, que explícitamente manifiesta su total respaldo a la investigación por la Justicia española de tan graves y masivos crímenes".

Los letrados solicitan una urgente entrevista con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que "nuestra Fiscalía no se encuentre en un nivel de participación en la investigación inferior al que por su trascendencia internacional se le atribuye en la Fiscalía General de Estados Unidos". La carta pide explícitamente "que se designe un fiscal especial que esté familiarizado con el Derecho Penal Internacional en que se fundamenta esta investigación judicial".

Se trata, señalan fuentes de la acusación particular, de aplicar el Derecho especial que nace en diciembre de 1946 al aprobar la Asamblea General de la ONU los principios del estatuto y sentencia del Tribunal de Nuremberg, codificados en 1947 por las Naciones Unidas y que, desde entonces, son normas de derecho internacional.

El abogado Juan Garcés, en representación de los familiares de Soria, los sacerdotes Joan Alsina y Antoni Llidó y cerca de otras 4.000 víctimas (asesinadas o desaparecidas) personadas en la causa, viajará en los próximos días a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con representantes del Departamento de Estado, de Justicia y otros. En relación con la causa que paralelamente investiga el también juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina, la reciente visita a España realizada con gran sigilo por Hugo Anzorreguy, jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, ha suscitado las primeras reacciones políticas. El secretario de Política Exterior de Izquierda Unida, Carlos Carnero, enviará mañana una carta formal en nombre de la coalición al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, para que explique lo que sabe de tal visita, qué clase de contactos mantuvo Anzorreguy, y si fueron oficiales, con quién y para qué. Según dijo Carnero a este diario, la coalición no descarta presentar una iniciativa parlamentaria que incluya una pregunta en pleno al propio presidente, José María Aznar, teniendo en cuenta la estrecha relación personal entre ambos.