Derrota de la demagogia

NI "AMIGUISMO" ni "amnistía fiscal encubierta",como pretendía el Gobierno. La comisión parlamentaria que investiga la prescripción de actas tributarías por importe de 223.000 millones de pesetas ha concluido que hubo "negligencia en la gestión de los intereses de la Hacienda pública" y faltó "impulso político para toma medidas que hubieran podido evitar tales perjuicios' Tales conclusiones, rechazadas por el PSOE e IU, no respaldan las acusaciones de favoritismo fiscal, equivalentes a un delito de prevaricación, lanzadas gratuita mente por el Gobierno en enero y sancionadas de forma irresponsa...

NI "AMIGUISMO" ni "amnistía fiscal encubierta",como pretendía el Gobierno. La comisión parlamentaria que investiga la prescripción de actas tributarías por importe de 223.000 millones de pesetas ha concluido que hubo "negligencia en la gestión de los intereses de la Hacienda pública" y faltó "impulso político para toma medidas que hubieran podido evitar tales perjuicios' Tales conclusiones, rechazadas por el PSOE e IU, no respaldan las acusaciones de favoritismo fiscal, equivalentes a un delito de prevaricación, lanzadas gratuita mente por el Gobierno en enero y sancionadas de forma irresponsable por el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando denunció "una amnistía fiscal encubierta para los amiguetes del PSOE", para añadir que "con esos ingresos se podía haber aumentado el sueldo a los funcionarios".Las conclusiones de los parlamentarios deben ser interpretadas, en primer lugar, como una derrota en toda línea del Gobierno y de su política de utilizar las instituciones del Estado para castigar a la oposición, infligid además por sus asociados nacionalistas.

Una. vez reconocido por la comisión que no hubo amiguismo" ni "trato de favor" a "los amiguetes de PSOE", la posición del Gobierno y del Partido Popular queda desautorizada, puesto que la comisión se creó para demostrar si hubo o no trato de favor en la gestión de las actas supuestamente prescritas. El juicio introducido sobre "desaciertos en la gestión" o "negligencia" seguramente es correcto, pero carece de significado político. Que la Agencia Tributaría funciona con deficiencias desde que se creó -incluso en la actualidad- es algo sabido, imputable a causas administrativas diversas, pero ninguna de ellas delictiva.

En este desgraciado asunto, mal enfocado desde el principio, la posición del Gobierno ha resultado desairada también porque la Secretaría de Estado de Hacienda ha sido incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar que efectivamente existían actas prescritas por importe de 223.000 millones. De hecho, la comisión afirma que tal deuda todavía no está prescrita, a expensas, claro está, de lo que digan los tribunales en las sentencias pendientes. Hacienda ha enviado a la comisión tres listados diferentes de actas prescritas, en una demostración palpable de que desconocía los límitites jurídicos y temporales exactos de la prescripción.

Por otra parte, a estas alturas se sigue sin saber nada de la investigación teóricamente abierta -anunciada a bombo y platillo- al actual director de la Agencia Tributaria por parte- del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, por las visitas nocturnas realizadas a la Oficina Nacional de Inspección con objetivos todavía no aclarados.

La comisión avala que hubo negligencia en la gestión de la Agencia Tributaría hasta finales de 1994, por lo que la actuación estrictamente profesional de los gestores afectados queda en entredicho. Pero, sin duda, la víctima más clara del torpe comportamiento político del Gobierno es la Administración tributaria, cuya profesionalidad e independencia ha sido puesta en cuestión de manera abierta y estruendosa ante la opinión pública. La resistencia del PSOE a aceptar la conclusión de "negligencia" y la persistencia de los conservadores en insistir en privado y contra toda evidencia en que el "amiguismo" está demostrado auguran que la Agencia Tributaria seguirá durante algún tiempo en la picota.