Romay asegura que la sanidad tendrá 120.000 millones adicionales en tres años
Un cambio en la ley permitirá poner precios de referencia a los medicamentos
Animado por la bonanza económica, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, anunció ayer que se inyectarán 120.000 millones de pesetas adicionales -repartidos en tres años- al Sistema Nacional de Salud. Romay confía, además, en que el aumento del PIB en casi un 6% repercuta en la sanidad con otros 200.000 millones más en 1998. Para CiU es una propuesta aceptable pero de mínimos. El PSOE e IU se negaron a valorar la propuesta y dijeron que estudiarían el documento que el Grupo Popular entregó ayer a la subcomisión de sanidad. Entre las recomendaciones del PP está la de cambiar la Ley del Medic...
Animado por la bonanza económica, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, anunció ayer que se inyectarán 120.000 millones de pesetas adicionales -repartidos en tres años- al Sistema Nacional de Salud. Romay confía, además, en que el aumento del PIB en casi un 6% repercuta en la sanidad con otros 200.000 millones más en 1998. Para CiU es una propuesta aceptable pero de mínimos. El PSOE e IU se negaron a valorar la propuesta y dijeron que estudiarían el documento que el Grupo Popular entregó ayer a la subcomisión de sanidad. Entre las recomendaciones del PP está la de cambiar la Ley del Medicamento para poder aplicar precios de referencia a los fármacos.
En un intento de lograr un consenso parlamentario para reformar la sanidad, acariciado por el Gobierno en los últimos meses, el ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría aprovechó ayer una reunión de la subcomisión de sanidad en el Congreso para lanzar la propuesta: el Sistema Nacional de Salud (SNS) contará de 100.000 a 120.000 millones adicionales repartidos en los próximos tres años, además de los 200.000 millones que le correspondería a la sanidad si el PIB aumentara en un 5,9%. "Esto nos permite aproximar la participación del gasto sanitario en el PIB a la media europea", explicó Romay. (El incremento de la sanidad en la misma proporción que el PIB está vigente desde el acuerdo de 1994).El ministro, que no concretó de qué partidas presupuestarias saldrán los 120.000 millones, se empleó a fondo en aclarar que la financiación del SNS saldrá exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado. "Planteamos unos incrementos de, origen presupuestario sin tener en cuenta otras aportaciones de los ciudadanos. De copagos no se considera nada", manifestó Romay.
Para CiU, que viene reclamando insistentemente al Gobierno medidas concretas para financiar el SNS, la propuesta de Romay es "aceptable pero insuficiente, es admisible para empezar a trabajar pero hay que completarla", dijo Francesc Homs, diputado de CiU. Y reclamó que los 120.000 millones se hagan efectivos no en tres años, sino en uno y el año próximo.
Plantones del PSOE e IU
Pero el ministro también perseguía con este anuncio lograr el consenso parlamentario -de momento liquidado tras la marcha del PSOE e IU de la subcomisión parlamentaria-, para reformar la sanidad pública española. Y, de momento, sólo ha recibido plantones. "He venido sólo a recoger el documento, respondiendo al compromiso de Felipe González en el debate sobre el estado de la nación de acudir a recoger las propuestas de la subcomisión, pero nada más. Esta subcomisión ha sido útil para el Gobierno porque ha generado una apariencia de consenso que no se ha producido. Y el que estemos aquí no significa que nos hayamos reincorporado", matizó Ángeles Amador, portavoz del PSOE en la subcomisión, tras negarse a valorar el aumento de los recursos sanitarios.IU fue más lejos. Según su portavoz de Sanidad, Angeles Maestro, la coalición no sólo no se reincorpora, sino que planteará sus propuestas fuera de la subcomisión porque no coincide "en ningún punto" con el PP. Maestro añadió que IU no va a ser cómplice en el "desembarco del capital privado en la sanidad pública", emprendido por el Gobierno.
Sin embargo, el PP?, -tras pedir el Grupo Popular sucesivas prórrogas que provocaron la marcha del PSOE e IU de la subcomisión- ayer presentó por fin en el Congreso el documento que contiene cuatro apartados: gestión de los centros sanitarios, ámbito de las prestaciones, redefinición del papel del Ministerio de Sanidad tras las transferencias del Insalud a las Comunidades Autónomas y el modelo dé financiación del SNS.
El documento recomienda al Gobierno, entre otras medidas, promover medicamentos genéricos -con el mismo principio activo que el original pero bastante más barato- y modificar la Ley del Medicamento, "regulando la facultad de sustitución de especialidades por los farmaceúticos, teniendo en cuenta los precios de referencia". Es decir, el Estado paga el fármaco más barato y si el paciente quiere otro más caro él se paga la diferencia.
Además, el texto de la subcomisión -que volverá a debatirse la próxima semana-, recoge algunas aspiraciones de otros grupos políticos, en especial de CiU, y plantea modificar las cuotas de reparto de los fondos teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, los enfermos desplazados y los costes de docencia y excelencia.
Y considera que el Gobierno tiene que impulsar la autonomía de gestión para que el sistema de financiación de la sanidad se integre en el sistema de financiación ordinario de las Comunidades Autónomas, una vez que las 17 tengan transferidas la sanidad. Incluso el documento es partidiario de otorgarles capacidad para establecer prestaciones adicionales financiadas "en forma de impuestos adicionales del traspaso de fondos de otros capítulos de gasto público, o de otros mecanismos propios".
Deducciones fiscales
Los representantes del PP también se esforzaron en alejar fantasmas sobre la aplicación de medidas que supondrían a los ciudadanos sacudirse los bolsillos. "No plantea ninguna aportación del usuario, en ningún momento se ha planteado copago por receta, ni la desaparición de las deducciones de gastos sanitarios en el IRPF, ni impuestos especiales", dijo José Ignacio Echániz, del PP. Pero, los ponentes de la subcomisión, apelaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al Ministerio de Economía y Hacienda para que diga la última palabra.
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