La Generalitat renuncia a imponer al comercio la obligación de usar el idioma del cliente
El Gobierno que preside Jordi Pujol está dispuesto a renunciar a su pretensión inicial de exigir que las empresas privadas dispongan de empleados que contesten en catalán cuando el cliente utilice esa lengua. En aras del consenso político y social, el Gobierno catalán se contentará con que la nueva ley lingüística que está elaborando una ponencia parlamentaria conjunta reconozca el derecho del consumidor a expresarse en su lengua de elección y, por lo tanto, a que su interlocutor le comprenda, señalaron fuentes nacionalistas. La misma regulación se aplicará a los profesionales.
Éste era...
El Gobierno que preside Jordi Pujol está dispuesto a renunciar a su pretensión inicial de exigir que las empresas privadas dispongan de empleados que contesten en catalán cuando el cliente utilice esa lengua. En aras del consenso político y social, el Gobierno catalán se contentará con que la nueva ley lingüística que está elaborando una ponencia parlamentaria conjunta reconozca el derecho del consumidor a expresarse en su lengua de elección y, por lo tanto, a que su interlocutor le comprenda, señalaron fuentes nacionalistas. La misma regulación se aplicará a los profesionales.
Éste era el escollo más difícil de superar para alcanzar un consenso con el principal partido de la oposición, el PSC, y también con el PP, y lo que más había alarmado a las entidades de la inmigración y a un buen número de empresarios.Nacionalistas y socialistas buscarán un acuerdo para la elaboración de la nueva ley en la reunión que celebrarán el lunes en el Palau de la Generalitat. Acudirán el presidente Jordi Pujol; su consejero de Cultura, Joan Maria Pujals; el portavoz de CiU en el Parlament, Ramon Camp; el primer secretario del PSC, Narcís Serra, y el presidente del Grupo Socialista en la Cámara catalana, Joaquim Nadal.
Hace ya algunas semanas se produjo un cambio significativo en el contenido de los documentos de trabajo que utiliza de forma reservada la ponencia parlamentaria.
Los criterios que el Gobierno de la Generalitat envió en febrero a la ponencia parlamentaria encargada de elaborar la nueva ley señalaban que Ias empresas dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios (comerciales, turísticos, lúdicos, profesionales y sanitarios) que desarrollen sus actividades en Cataluña, sea cual sea su titularidad, deberán estar en condiciones de poder atender y corresponder a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña y, en consecuencia, deberán contar con el personal que tenga la capacidad lingüística necesaria, a un nivel adecuado a sus funciones".
La llamada disponibilidad lingüística también se extendía a todos los despachos y consultas profesionales radicados en Cataluña.
Sin embargo, de la propuesta articulada que aportó el representante de CiU en la ponencia habían desaparecido el término corresponder y toda referencia a la necesidad de que las empresas deban contar con personal con la capacidad lingüística necesaria para cumplir con esa obligación. Las empresas antes mencionadas "deben estar en condiciones de atender a las consumidores en la lengua oficial que éstos escojan", señala el texto de CiU. Los pequeños comercios quedarán exonerados de la reglamentación.
El Gobierno catalán no retirará, sin embargo, sus criterios lingüísticos en lo que se refiere a empresas concertadas o subvencionadas por la Generalitat o por las corporaciones locales, que, según su criterio, deberán utilizar "al menos el catalán" en la rotulación, los avisos y la documentación dirigida al público, las instrucciones de uso, el etiquetado y el embalaje de los productos o servicios que estén directamente vinculados al objeto de la ayuda o convenio.
Tampoco renuncia a que las empresas y entidades públicas o privadas que ofrezcan servicios públicos, como son el transporte, suministros, comunicaciones y similares, deban utilizar el catalán de forma general en la rotulación y en sus comunicaciones y notificaciones orales, por megafonía, escritas y en soporte audiovisual, incluidas las facturas y otros documentos de tránsito, sin perjuicio de que el usuario pueda pedirlas en castellano.