Un policía de la dictadura argentina ratifica la ejecución de españoles

"En 1977, el comisario mayor Fuster ejecutó en plena calle al hijo del presidente del centro asturiano en la ciudad argentina de Mar de Plata cuando salía de un laboratorio de productos medicinales. Días después, los miembros de la familia Téllez, propietaria del laboratorio, fueron secuestrados. Hoy por hoy, están dados por desaparecidos". Este es el testimonio de Eduardo Daniel Giordano, un perito en explosivos que trabajó para la policía argentina durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Giordano fue, "accidentalmente, testigo presencial de hechos aberrantes y del genocidio".Giordan...

"En 1977, el comisario mayor Fuster ejecutó en plena calle al hijo del presidente del centro asturiano en la ciudad argentina de Mar de Plata cuando salía de un laboratorio de productos medicinales. Días después, los miembros de la familia Téllez, propietaria del laboratorio, fueron secuestrados. Hoy por hoy, están dados por desaparecidos". Este es el testimonio de Eduardo Daniel Giordano, un perito en explosivos que trabajó para la policía argentina durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Giordano fue, "accidentalmente, testigo presencial de hechos aberrantes y del genocidio".Giordano declaró el pasado lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de cerca de 600 personas de origen español -38 de ellos nacidos en España- durante la dictadura militar. Ayer, en rueda de prensa, Giordano -que por primera vez hace público su testimonio- reconoció que, además de por "liberar" su conciencia, declaraba para lograr que termine "la impunidad" en que viven los máximos responsables del "genocidio" en Argentina, donde la ley de punto final de 1989 les eximió de responsabilidades.

Fuster tenía, según Giordano -de quien los abogados de la acusación particular dejan claro que no es un "arrepentido" y para el que piden que se garantice su seguridad en Argentina-, una "casa operativa" para torturas de las que "después se jactaba".

La acusación particular confía en que habrá más testigos que colaborarán con Garzón y en que el Gobierno español, que ya ha condenado el genocidio, "dé un paso más" y que en la próxima visita a Argentina de José María Aznar, éste pida al presidente Carlos Menem la colaboración de Buenos Aires en la investigación.

Por otra parte, el doctor Óscar Soto, médico del presidente de Chile Salvador Allende, aseguró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el general Augusto Pinochet, que gobernó Chile durante 17 años, ordenó la "desaparición" de 15 colaboradores de Allende, entre ellos el ministro José Tohá, hijo de españoles. El juez investiga la desaparición de un centenar de españoles en Chile durante la dictadura militar.