Una votación discutida
Los que durante casi 150 años ostentaron la titularidad del Liceo acordaron dos meses después del incendio, en una tumultuosa y movida votación, ceder el teatro a las administraciones que lo gestionaban y que financiaban sus temporadas líricas desde diciembre de 1980. La propiedad del Liceo había sido un asunto que las administraciones reclamaban desde mitad de la década pasada ante la necesidad de invertir dinero para las necesarias reforma y ampliación del teatro.La destrucción del teatro a causa de un incendio el 31 de enero de 1994 aceleró la cesión, dado que la reconstrucción del coliseo ...
Los que durante casi 150 años ostentaron la titularidad del Liceo acordaron dos meses después del incendio, en una tumultuosa y movida votación, ceder el teatro a las administraciones que lo gestionaban y que financiaban sus temporadas líricas desde diciembre de 1980. La propiedad del Liceo había sido un asunto que las administraciones reclamaban desde mitad de la década pasada ante la necesidad de invertir dinero para las necesarias reforma y ampliación del teatro.La destrucción del teatro a causa de un incendio el 31 de enero de 1994 aceleró la cesión, dado que la reconstrucción del coliseo pasaba por la aportación económica de fondos por parte de las administraciones. La reconstrucción del edificio y su gestión como teatro de ópera por los que habían sido sus propietarios era, a finales del siglo XX, imposible económicamente, a diferencia de lo que sucedió con el primer incendio que destruyó el Liceo en 1861.
El resultado de la votación de los antiguos propietarios fue favorable a la cesión por 356 votos contra 180. A cambio, los que habían sido propietarios de palcos y butacas, agrupados en sociedad, obtuvieron una representación del 20% en la Fundación del Liceo y el usufructo de sus localidades.
Los antiguos propietarios del teatro acudieron divididos a la asamblea. Los contrarios a ceder la titularidad habían alegado defectos de forma en la convocatoria de la asamblea y tras la votación anunciaron la presentación de una demanda judicial para impugnar el acuerdo. Lo que hicieron efectivo el 13 de mayo de 1994.