El presupuesto de la Seguridad Social no recoge el acuerdo sobre pensiones

Los Presupuestos de la Seguridad Social para 1997 no recogen ni una sola de las medidas incluidas en el acuerdo sobre pensiones logrado entre el Gobierno y los sindicatos y que hoy firmarán el presidente Aznar y los líderes sindicales. Ese desarrollo del Pacto de Toledo se recogerá en un proyecto de ley específico que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar a mediados de mes.

De esa forma el Gobierno traslada a los grupos parlamentarios la decisión sobre el ritmo de aplicación de cada medida. Previsiblemente, sólo puedan entrar en vigor en 1997 los cambios normativos que suponen ...

Los Presupuestos de la Seguridad Social para 1997 no recogen ni una sola de las medidas incluidas en el acuerdo sobre pensiones logrado entre el Gobierno y los sindicatos y que hoy firmarán el presidente Aznar y los líderes sindicales. Ese desarrollo del Pacto de Toledo se recogerá en un proyecto de ley específico que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar a mediados de mes.

De esa forma el Gobierno traslada a los grupos parlamentarios la decisión sobre el ritmo de aplicación de cada medida. Previsiblemente, sólo puedan entrar en vigor en 1997 los cambios normativos que suponen un recorte de las futuras pensiones y se demoren las medidas que necesitan consignación presupuestaria.La razón oficial para ese retraso ofrecida por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, es que no les ha dado tiempo a plasmar el acuerdo en los Presupuestos de 1997 porque éstos "se han elaborado con carácter previo a alcanzarse el pacto" sobre pensiones entre el Gobierne y los sindicatos. Ese acuerdo se cerró el pasado 20-de septiembre, aunque estaba claramente definido semanas antes, y los Presupuestos se ultimaron el 27 de septiembre.

En cambio, al Gobierno sí le ha dado tiempo a recoger de una manera engañosa el punte medular de las recomendaciones del Pacto de Toledo: la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas. El Ejecutivo ha reducido de un 14,9% a un 5,6% la aportación de las cotizaciones a la asistencia sanitaria, pero paralelamente ha aumentado en una cantidad similar la financiación de otras prestaciones asistenciales vía cuotas. Es decir, no aumenta la aportación del Estado a las prestaciones universales que, según el Pacto de Toledo, se deben financiar paulatinamente con impuestos.

El ajuste presupuestario ha impedido que el Gobierno haya aplicado esa fuente de financiación alternativa y, de hecho, las cotizaciones sociales aportarán un total de 665.000 millones de pesetas a prestaciones no contributivas. El resto de las recomendaciones del Pacto de Toledo tampoco se recogen en los Presupuestos de 1997 e irán en una ley específica que el Gobierno quiere aprobar a mediados de este mes y remitirla al Parlamento por el trámite de urgencia, que dura dos o tres meses como mínimo. Luego es prácticamenten imposible que esa norma esté definitivamente aprobada a finales de diciembre, que es cuando el Parlamento da la luz verde a los Presupuestos Generales.

En consecuencia, la mayoría de las medidas de desarrollo del Pacto de Toledo recogidas en elacuerdo Gobierno-sindicatos no podrán entrar en vigor en 1997. El retraso previsiblemente afectará a lospuntos que precisan consignación presupuestaria: separación de las fuentes de financiación, mejora de las pensiones de viudedad y orfandad, constitución de un fondo de reserva, o el avance en la cotización por salarios reales (destopes). En cambio, es posible que sí se apliquen el próximo año otras medidas que suponen un cambio normativo, entre ellas el aumento de ocho a nueve años en el periodo de cálculo de la pensión o la modificación del peso de los años cotizados, que afectará negativamente a quienes hayan contribuido a la Seguridad Social tan sólo durante 15 años.

El secretario de Estado de la Seguridad Social aseguraba ayer: "No se pretendía desarrollar el Pacto de Toledo con carácter previo a los acuerdos y en un solo ejercicio. Cuando cerramos el presupuesto no se había producido la catalogación de las distintas prestaciones, luego no era planteable retirar las aportación de las cotizaciones al área no contributiva". El Gobierno quiere que sea "el Parlamento el que decida cómo se aplica cada punto del acuerdo".