Nuestro debate sobre cuba
Hace algunas semanas se publicaron en estas mismas páginas tres artículos duros y puros a favor de la discutida ley Helms-Burton. Uno era de Mario Vargas Llosa, debelador implacable de las gentes de izquierda de toda América Latina y ahora también en nuestro país. Otro, de Guillermo Gortázar, diputado del PP que parece querer erigirse en líder de la cruzada anticastrísta en España. El tercero, de Carlos Alberto Montaner, al que tengo por liberal sensato y dialogante y que parecía hacer todo lo posible para desmentir ambos adjetivos. El propósito de los tres columnistas era justificar la bondad...
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Hace algunas semanas se publicaron en estas mismas páginas tres artículos duros y puros a favor de la discutida ley Helms-Burton. Uno era de Mario Vargas Llosa, debelador implacable de las gentes de izquierda de toda América Latina y ahora también en nuestro país. Otro, de Guillermo Gortázar, diputado del PP que parece querer erigirse en líder de la cruzada anticastrísta en España. El tercero, de Carlos Alberto Montaner, al que tengo por liberal sensato y dialogante y que parecía hacer todo lo posible para desmentir ambos adjetivos. El propósito de los tres columnistas era justificar la bondad de dicha ley como elemento decisivo para acabar con el castrismo. Por consiguiente, oponerse a la misma era hacer el juego a Fidel Castro. Nada de medias tintas: o blanco o negro; o demócratas puros y duros o partidarios explícitos o implícitos de la dictadura. Siguiendo esa misma estela, el presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció al vicepresidente de Estados Unidos, el señor Gore, que el nuevo Gobierno del PP sería implacable con Fidel Castro y su gente, que se cortarían las ayudas públicas y, en definitiva, que España estaba al lado de Estados Unidos en esta batalla final contra el castrismo. A renglón seguido, tuvimos un intercambio de opiniones bastante movido en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista y el de Izquierda Unida presentaron sendas proposiciones denunciando la ley Helms-Burton. En el debate, el representante de Convergència i Unió, el señor Guárdans Cambó, lanzó una diatriba durísima contra dicha ley, pero, tras explayarse a gusto, dio un giro de no sé cuantos grados para decir que a pesar de todo votaría en contra de las proposiciones del Grupo Socialista y de IU porque les faltaba algo, no sé si un punto, una coma o'un punto y coma. Por consiguiente, la votación se perdió. Pero por entonces ya empezaban a manifestarse las protestas contra la ley en todas partes. Muchos gobiernos y grupos políticos del continente americano, encabezados por Canadá, se unieron al coro de los que Vargas Llosa llama los perfectos idiotas latinoamericanos. Y todos los gobiernos y prácticamente todas las fuerzas políticas europeas , de muy diverso signo, se incorporaron al mismo coro, pero ya con la fuerza que da la combinación del cabreo y la posibilidad de la represalia política y comercial. Al ver que el viento soplaba de otro lado, el grupo parlamentario del PP presentó otra proposición en la que se denunciaba, educadamente eso sí, la famosa ley, pero en al que se reiteraba la política de dureza hacia Castro y los suyos. Con alguna enmienda de CiU, ésta sí se aprobó, con los votos en contra de la izquierda. Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Matutes, recibió al principal inspirador de la ley Helms-, Burton y jefe de filas del anticastrismo más extremo, el señor Mas Canosa, para pedirle que, por favor, intentase hacer algo a favor de las empresas españolas que invierten en Cuba. Este gesto, que demos-traba una vez más la gallardía del Gobierno del PP, fue muy apreciado por los demás gobiernos de la Unión Europea, que intentaba formar un frente común y veían cómo el Gobierno español mendigaba por su cuenta.
A la espera de los avatares de la campaña electoral en Estados Unidos, donde la derecha republicana ha hecho de la controvertida ley uno de los ejes principales de su programa, así está de momento el asunto. Pero nosotros no podemos darlo por zanjado. El escándalo internacional que ha provocado la ley Helms-Burton tiene muchas dimensiones, y no todos protestan por lo mismo. Entre los que la denuncian hay gentes totalmente hostiles a Fidel Castro y su régimen, gentes que están en contra del sistema castrista y que desean un cambio pacífico a la democracia y gentes partidarias de ambos, de Fidel Castro y de su régimen.
Pero por diferentes que sean las opiniones de unos y otros hay un punto en el que todos tienen que. coincidir forzosamente: que esta ley es jurídicamente inaceptable, porque rompe el principio de territorialidad, destruye la libertad de comercio, quiebra la unidad del mercado internacional, se interfiere en los asuntos internos de otro país soberano y crea privilegios para unos nacionales en detrimento de ciudadanos de terceros países. Está tan claro todo esto que sólo el sectarismo o el servilismo pueden explicar los vaivenes del PP al respecto.
Pero ésta es una parte del asunto. La otra es el objetivo político que persigue la ley, porque lo que hay en el fondo de ella es una opción muy concreta sobre el cambio político en Cuba. Y aquí sí que en España hay diferencias profundas entre nosotros y no tenemos la misma concepción de lo que debe ser este cambio, de cómo puede y debe realizarse, de cómo podemos contribuir al mismo.
Voy a poner un ejemplo. Durante la anterior legislatura, en la Comisión de Asuntos Exteriores, que entonces yo presidía, tuvimos un encuentro de los portavoces de todos los grupos con el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Roberto Robaina. El PP se negó a estar presente en la reunión, para subrayar su absoluta hostilidad al régimen castrista. Los demás le enviamos al ministro cubano un mensaje que, sin ser idéntico y sin coincidir en algunos aspectos importantes, tenía en común un elemento esencial, a saber: que en Cuba es imprescindible y urgente el cambio hacía un sistema democrático; que este cambio debe hacerse de manera pacífica, y que nuestro deber como fuerzas políticas españolas es contribuir a hacer posible esta transición, sin revanchismos. Naturalmente, no teníamos la misma opinión sobre la naturaleza del actual sistema político cubano, ni sobre las medidas a tomar a corto plazo, pero sí queríamos evitar una confrontación que sólo podía llevar a mayores sufrimientos y a una desestabilización total del país.
No sé si es poco o mucho lo que podemos aportar desde España. Cada transición a la democracía es diferente, porque diferentes son las circunstancias y los tiempos, y por esto no hay que caer en la soberbia de intentar sacar lecciones generales de la nuestra y dictarlas a los demás como principios universales. Pero sí hay una lección que se repite en todos los casos y que se puede generalizar, a saber: que la transición a la democracia sólo se puede realizar por vía pacífica si hay un acuerdo de fondo entre sectores reformistas que proceden de la oposición interna o exterior. Cuando, estos sectores no existen, o no son suficientemente sólidos, o no son capaces de ponerse de acuerdo sobre las líneas generales del cambio, la transición pacífica se bloquea, el asunto queda en manos de los extremistas de un lado y otro, la violencia sustituye al diálogo y se cae en un inmovilismo que no deja ni un resquicio a la indispensable reforma. Pues bien: creo que la lógica profunda de la ley Helms-Burton Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior es totalmente contraria a la que acabo de señalar, y coincide con la que preconiza la extrema derecha del exilio cubano, encabezada por Mas Canosa y otros dirigentes ultras. Lo que intenta es; precisamente, impedir el diálogo entre los reformistas de uno y otro lado y llegar a la confrontación entre dos extremos. Creo también que en España ésta es la línea que ha preconizado y preconiza el PP -con algunas disensiones internas cómo la del propio Fraga Iribarne- y la que exponen sus portavoces cuando van por libre. Y esto es muy serio, porque el PP está ahora en el Gobierno.
Por eso, y volviendo a los tres articulistas que mencionaba al principio, lo que digan Vargas Llosa y Gortázar sirve para saber lo que piensa de verdad el PP, pero a ellos no les concierne personalmente, porque no son actores directos del drama. Pero me preocupa que sectores de la oposición cubana como el que representa Carlos Alberto Montaner acepten una lógica como la de la ley Helms-Burton, que lleva irremisiblemente a una sola conclusión: que los reformistas de uno y otro lado serán barridos y desaparecerán de la escena política en beneficio de Mas Canosa y los demás.
Es evidente que desde España no resolveremos el problema. Pero también lo es que, como demócratas, tenemos la obligación de contribuir a resolverlo de manera pacífica sin vueltas dramáticas de ninguna tortilla. Más allá de las frivolidades de unos y de los sectarismos de otros, esto es lo que hay en el fondo de nuestro debate.
Jordi Solé Tura es diputado por el PSC-PSOE.
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