Trabajo reforzará el control de las prestaciones de la Seguridad Social en las que se registra más fraude

Las 29 medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en la Seguridad Social aprobadas ayer por el Consejo de Ministros son, en gran parte, actuaciones ya previstas en la legislación actual que no se utilizan en su integridad y que se quieren endurecer. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo es reforzar el control de las prestaciones por incapacidad y los. complementos de mínimos de pensiones, y garantizar que quienes los cobran no cometen fraude. Asimismo, creará una unidad especial en la inspección para prevenir, controlar y sancionar el trabajo ilegal o fraudulento de menores de...

Las 29 medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en la Seguridad Social aprobadas ayer por el Consejo de Ministros son, en gran parte, actuaciones ya previstas en la legislación actual que no se utilizan en su integridad y que se quieren endurecer. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo es reforzar el control de las prestaciones por incapacidad y los. complementos de mínimos de pensiones, y garantizar que quienes los cobran no cometen fraude. Asimismo, creará una unidad especial en la inspección para prevenir, controlar y sancionar el trabajo ilegal o fraudulento de menores de 16 años.

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, aseguró ayer que el plan aprobado por el Gobierno se someterá a discusión en el seno de la Ponencia parlamentaria que debe desarrollar el Pacto de Toledo sobre pensiones y también en la mesa de diálogo sobre protección social constituida por el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. También se informará de él a la Conferencia de Asuntos Sociales y de Seguridad Social, que se constituirá este mes con todas las comunidades autónomas. Arenas quiere que todas las autonomías y ayuntamientos tengan "conciencia clara" de sus obligaciones con el sistema público. Según el ministro, "es injusto que la Seguridad Social sea lo último que se paga o lo primero que no se paga".Por ello, uno de los frentes es la lucha contra la morosidad, que en estos momentos suma 1,3 billones de pesetas. Cuando los deudores sean las comunidades autónomas las diputaciones, los cabildos, ayuntamientos u otras entidades públicas, el procedimiento de control será así: se retendrá a favor de la Seguridad Social las cuotas que adeuden de las transferencias que reciben del Estado.

Para las empresas morosas, el Gobierno ha decidido dar efectividad a medidas aprobadas por el PSOE que apenas se aplican únicamente podrán obtener subvenciones, bonificaciones, exenciones y deducciones las empresas que estén al corriente de pago en la fecha de su concesión. También prevé la pérdida automática de las subvenciones recibidas con anterioridad.

El ministro Arenas precisó ayer que esa medida no pretende agravar las dificultades de las empresas que negocian convenios de aplazamiento en el pago de cuotas. Se dirigen "contra las empresas que no aplazan sus cuotas ni tienen intención de pagar a la Seguridad Social".

La lucha contra el fraude pone el acento en las prestaciones donde se presume que hay mayores irregularidades. Se trata de la incapacidad temporal y permanente, donde se pretende garantizar su correcta percepción y donde se generalizará la implantación urgente de los Equipos de Valoración de Incapacidad. También se reforzará el control de los perceptores de complementos de mínimos -los cobran quienes han cotizado cantidades insuficientes para llegar a la pensión mínima contributiva, sobre todo del régimen de autónomos-. Esta partida cuesta cada año 500.000 millones de pesetas a la Seguridad Social, que en coordinación con Hacienda y las autonomías quiere obtener puntual información sobre la renta y otros ingresos de beneficiarios de los complementos de mínimos.

En relación a otras prestaciones contributivas, se estrechará la vigilancia de los perceptores de la prestación familiar; y de las defunciones y los matrimonios de beneficiarios de pensiones de viudedad para darles inmediatamente de baja. Asimismo se revisarán las incompatibilidades entre prestaciones y actividad laboral.

Para el pago correcto de las cotizaciones se recurre a mecanismos utilizados en los últimos años. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará medidas selectivas en las empresas y sectores con indicios de fraude; se reforzarán las Unidades de Recaudación Efectiva (URE) y de sus recursos humanos, y se actualizará la responsabilidad empresarial respecto al pago de prestaciones cuando no exista alta o cotización.

El cruce de bases de datos informáticos, también anunciado por el anterior Gobierno, será aplicado para el seguimiento de las pensiones no contributivas y de las distintas subvenciones que reciben las empresas. En este último caso se prevé crear un órgano específico de control de subvenciones, reforzando los recursos humanos adscritos a él y mejorando la formación de los equipos de seguimiento. En las prestaciones por desempleo, se persigue la plena aplicación de los requisitos vigentes (carencia de rentas, oferta adecuada de empleo o acción formativa) para el reconocimiento del derecho al subsidio, así como un control de beneficiarios a través de su presencia en las oficinas del Inem, los cruces de bases de datos y el seguimiento de las políticas activas para reforzar la reincorporación al mercado de trabajo.

Comités europeos

El proyecto de ley sobre derechos de información y consulta en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria recibió ayer la luz verde definitiva del Consejo de Ministros, que aprobó remitirlo al Parlamento para su aprobación. La norma cuenta con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social (CES) y, en consecuencia, de los agentes sociales y económicos que lo integran. También fue abordada en la reunión celebrada el pasado 15 de mayo entre el Presidente del Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT por ser uno de los temas incluidos en el listado del diálogo social.La previsión del Gobierno es que cerca de un millar de empresas deberán constituir los comités europeos. Su cometido es constituirse en vía de información y consulta sobre las circunstancias que afecten a la situación económica o financiera de la compañía, el empleo o los despidos colectivos. El proyecto de ley que ahora ha de aprobar el Parlamento debe ser aplicado en las empresas que tengan como mínimo una plantilla de 1.000 trabajadores y que en, por lo menos, dos Estados miembros de la Unión Europea tengan más de 150 trabajadores.