La Seguridad Social venderá bienes embargados y edificios para ingresar 160.000 millones

La Seguridad Social es el casero de 1.800 pisos y locales comerciales, el dueño de la finca dedicada a la cría de ovejas, de una urbanización en Canarias y de otras propiedades heterogéneas. Una parte de esos bienes procede de los embargos realizados a las empresas que no pagan las cotizaciones sociales y otra del patrimonio heredado de las antiguas mutualidades de prevision. Y todos van a ser vendidos. ara ello, la Seguridad Social creará una empresa que, con criterios de mercado, fije los precios y agilice el proceso de venta. El objetivo es obtener unos ingresos de 160.000 millones de peset...

La Seguridad Social es el casero de 1.800 pisos y locales comerciales, el dueño de la finca dedicada a la cría de ovejas, de una urbanización en Canarias y de otras propiedades heterogéneas. Una parte de esos bienes procede de los embargos realizados a las empresas que no pagan las cotizaciones sociales y otra del patrimonio heredado de las antiguas mutualidades de prevision. Y todos van a ser vendidos. ara ello, la Seguridad Social creará una empresa que, con criterios de mercado, fije los precios y agilice el proceso de venta. El objetivo es obtener unos ingresos de 160.000 millones de pesetas, según las previsiones efectuadas por el Ministerio de Trabajo.

Las arcas poco boyantes de la Seguridad Social se van a ver aliviadas con esos 160.000 millones de pesetas, la mitad procedente de la venta del patrimonio que no utiliza para ejercer sus funciones y la otra mitad de la enajenación de los bienes embargados a las empresas deudoras con el sistema público -la morosidad total suma 1,3 billones de pesetasLos bienes procedentes del patrimonio de las antiguas mutualidades están en explotación, pero con una dudosa rentabilidad. Se trata de 1.800 pisos y locales comerciales arrendados a particulares que pagan rentas en muchos casos simbólicas. El alquiler medio que se está pagando por los pisos y lo cales es de 30.000 pesetas mensuales cuando muchos de ellos tienen un precio de mercado que llega a las 300.000 pesetas. Se trata, en suma, de una explotación casi ruinosa y cuya rentabilidad total alcanza una cifra desconocida por los gesto res del sistema público.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, asegura que todo el patrimonio está identificado, pero no se hace una auténtica gestión empresarial. Su pro pósito es "hacer un análisis sobre la gestión del patrimonio y, a continuación, vender o aplicar una política correcta de alquileres"

A ese patrimonio en poder de la Seguridad Social se suman los bienes embargados a las empresas que no pagan las cotizaciones. Cada año el sistema público alcanza un volumen de embargos de 80.000 millones de pesetas y procede a iniciar su venta. Pero los actuales mecanismos no son ágiles, en primer lugar "para protegerse de los subasteros" y en segundo lugar porque son los delegados provinciales y los gestores de la Seguridad Social los encargados de venderlos, restando así tiempo y efectivos a lo que es su primordial tarea.

También en este caso se quiere ordenar el proceso de venta del mayor número posible de propiedades y, en los casos que no sea posible, evitar los gastos de almacenamiento que ahora producen. En estos momentos, en cada provincia española hay un gran almacén destinado a guardar los productos que se embargan a las empresas y uno de los mayores es el de Madrid, situado en Vicálvaro y con una extensión de 4.000 metros cuadrados.

Edificios históricos

Incluso algunos de esos bienes pueden cederse para la ayuda española a países subdesarrollados. Aparicio pone el ejemplo de furgonetas, vehículos y ordenadores que tienen una difícil colocación en el mercado español. En el caso de edificios de valor artístico se verá si pueden interesar a otras administraciones, como puede ser el caso del Cuartel Noreña de Córdoba, que se encuentra vacío, y es ahora un foco de marginalidad. La solución decidida por los responsables del Ministerio de Trabajo es constituir una empresa que se dedique a vender o gestionar el patrimonio en explotación y a traspasar los bienes embargados. Con un equipo pequeño, profesionalizado y centralizado en Madrid deberá aplicar criterios de mercado para fijar los precios de enajenación y a continuación acudir a los circuitos ordinarios de venta, a las revistas de segunda mano y a la búsqueda de compradores. Juan Carlos Aparicio asegura que, de esta forma, se liberará a los directores provinciales de una función que claramente no debe formar parte de su cometido.