Aprobada con cinco años de retraso la ley de acceso a los datos ambientales

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de acceso a la información ambiental, cinco años después de que se promulgara la directiva europea que obliga a los Estados a facilitar este tipo de datos a los ciudadanos que lo soliciten. La norma reconoce el derecho de cualquier ciudadano de la UE a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones Públicas, sin obligación de acreditar un interés determinado.Una nota de ayer del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) indicaba que "con este proyecto de ley la Comisión Europea podrá paralizar la...

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de acceso a la información ambiental, cinco años después de que se promulgara la directiva europea que obliga a los Estados a facilitar este tipo de datos a los ciudadanos que lo soliciten. La norma reconoce el derecho de cualquier ciudadano de la UE a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones Públicas, sin obligación de acreditar un interés determinado.Una nota de ayer del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) indicaba que "con este proyecto de ley la Comisión Europea podrá paralizar la tramitación de la queja presentada ante la UE por el retraso en la transposición de la directiva al derecho español". Efectivamente, la Comisión abrió en 1993 un procedimiento de infracción contra el Estado Español por este asunto.

Las organizaciones ecologistas habían hecho una fuerte campana en los últimos meses pidiendo la regulación de este derecho, que consideran básico para poder ejercer sus campañas de protesta e información.

Entre las peticiones de datos, que hasta ahora estaban sometidas al arbitrio de cada administración, destacan las referidas a vertidos industriales y proyectos de obras públicas como carreteras.

Un estudio del grupo ecologista Aedenat sobre la aplicación de la directiva en los distintos países muestra como principal traba las numerosas excepciones recogidas para denegar la información; aquellos casos sujetos, por ejemplo, a la propiedad intelectual, defensa nacional y confidencialidad de datos.