Un tribunal requiere a la Generalitat para que garantice la enseñanza en castellano
El Tribunal Superior de Cataluña ha decidido requerir a la Generalitat para que, de forma cautelar, escolarice en la lengua habitual que elijan a los niños de hasta siete años cuyos padres presentaron recurso contra la inmersión en el catalán y reclamaron la enseñanza en castellano. Los jueces también requieren a la Administración catalana para que promueva "las medidas de refuerzo necesarias que permitan la eficacia de la enseñanza en las dos lenguas" para los escolares mayores de siete años afectados por este recurso.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del ...
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El Tribunal Superior de Cataluña ha decidido requerir a la Generalitat para que, de forma cautelar, escolarice en la lengua habitual que elijan a los niños de hasta siete años cuyos padres presentaron recurso contra la inmersión en el catalán y reclamaron la enseñanza en castellano. Los jueces también requieren a la Administración catalana para que promueva "las medidas de refuerzo necesarias que permitan la eficacia de la enseñanza en las dos lenguas" para los escolares mayores de siete años afectados por este recurso.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto una parte del recurso presentado por el letrado Esteban Gómez Rovira en nombre de dos centenares de padres que se oponían a la enseñanza en catalán para sus hijos.El tribunal no ha entrado aún en el fondo del asunto -la legalidad de las instrucciones para iniciar este curso escolar del Departamento de Enseñanza, que universalizaba la inmersión lingüística-, pero sí en las medidas cautelares que reclamaban los recurrentes. Los jueces han rechazado la pretensión de estos padres de que se les ampare en su derecho a que sus hijos reciban ', con exclusividad" la docencia en castellano. También ha rechazado suspender con carácter general el proceso de inmersión lingüística.
Tanto el letrado recurrente como el consejero de Enseñanza, Juan Maria Pujals, dijeron ayer que el tribunal les da la razón y se la quita al contrario. Pujals afirmó que el auto confirma la política educativa de la Generalitat, que "garantiza los derechos lingüísticos individuales de los niños castellanohablantes a través de la atención individualizada en esa lengua". Según él, de ese auto no se infiere que, al menos en enseñanza primaria, deban haber líneas educativas en la lengua elegida por los padres.
El auto judicial se remite a la Ley de Normalización Lingüística vigente, que reconoce a los niños el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, y establece que todos los niños de Cataluña, sea cual sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de los estudios básicos.
El conflicto con un sector de padres estalló cuando el Departamento de Enseñanza adelantó a este curso la modificación de aquella ley, cuando aún se está negociando con la oposición. El anteproyecto elaborado por el Gobierno catalán extiende la inmersión lingüística a todas las escuelas al indicar que el catalán es la lengua propia de todos los niveles educativos y se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje. Los derechos de los niños castellanohablantes se respetan, según la Generalitat, a través de una atención personalizada para quienes lo requieran.
. En relación con la modificación de la llamada ley del catalán, los socialistas han reclamado que el Gobierno catalán retire el anteproyecto que está negociando con la oposición. El PSC considera que no es necesaria tal modificación, al menos tal como la plantea la Generalitat.
En todo caso, agregan los socialistas, debería ser una ponencia parlamentaria conjunta la que elaborara un proyecto de ley consensuado sin tener en cuenta ningún texto de partida. La legislación lingüística vigente fue elaborada precisamente por una ponencia conjunta en 1983 y se aprobó con una sola abstención. Sólo el Partido Popular apoya esta iniciativa.