Los artistas plásticos, en busca de sus derechos

La legislación española y la europea tienden a igualarse para proteger las de obras de arte y sus autores

Cuando el pasado martes los artistas plásticos se quejaban en Zaragoza de la falta de reconocimiento de sus derechos de autor tanto morales como económicos y solicitaban su equiparación con sus compañeros europeos, quizá muchos no sabían que con las legislaciones en la mano poco iban a ganar. El derecho de seguimiento es recogido en sus legislaciones por 8 de los 12 países de la Unión Europea. Sólo Holanda, el Reino Unido, Irlanda y Grecia no protegen el droft de suite de los artistas plásticos en su territorio, lo que genera que muchas de las ventas de obras importantes se traslade a esos paí...

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Cuando el pasado martes los artistas plásticos se quejaban en Zaragoza de la falta de reconocimiento de sus derechos de autor tanto morales como económicos y solicitaban su equiparación con sus compañeros europeos, quizá muchos no sabían que con las legislaciones en la mano poco iban a ganar. El derecho de seguimiento es recogido en sus legislaciones por 8 de los 12 países de la Unión Europea. Sólo Holanda, el Reino Unido, Irlanda y Grecia no protegen el droft de suite de los artistas plásticos en su territorio, lo que genera que muchas de las ventas de obras importantes se traslade a esos países para evitar el pago a los autores. El marco legislativo en la Unión Europea es muy homogéneo; lo que no lo es tanto es el desarrollo y la antigüedad de esos derechos. De ahí las clamorosas diferencias entre los 2.300 millones de pesetas recaudados el año pasado por Alemania o los 4.000 de Francia frente a los 100 de España.

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Lo que inicialmente nació en Francia para ayudar a las viudas de los artistas muertos en la I Guerra Mundial se ha convertido en el más simbólico de los derechos de autor de los plásticos. Es el conocido internacionalmente como droft de suite, o derecho de seguimiento, y consiste en que el autor percibe un tanto por ciento a partir de la primera reventa de la obra. La filosofia de este derecho, que es específico de los artistas plásticos y no tienen otros creadores, se basa en la de permitir a los autores disfrutar del éxito de su obra y compensarle de la falta de distribución al tratarse de una creación en soporte único.En el manifiesto de Zaragoza, los españoles solicitan que el precio umbral de venta a partir del cual el autor debe recibir un porcentaje se rebaje de las 300.000 pesetas actuales a los niveles imperantes en Europa, que rondan las 25.000 o 30.000 pesetas. Este precio umbral español es el más alto del mundo, a mucha diferencia del segundo país, Dinamarca, cuyo tope son unas 46.000 pesetas. Los porcentajes que debe cobrar el creador también varían: España (3%), Francia (3%), Alemania (5%), Dinamarca (5%), Portugal (6%), Bélgica (del 2% al 6%) e Italia (del 1% al 5%).

Éxitos y fracasos

A Javier Gutiérrez, gerente de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), desde su creación, en 1990, no le cabe ninguna duda de que las diferencias de las recaudaciones entre España y el resto de los principales países europeos estriban en el desarrollo y antigüedad de las entidades. "La Bild Kunst de Alemania tiene 25 años de existencia. Su éxito se debe a dos razones: la primera, que la ley ha sido consensuada con todos los usuarios culturales de los derechos, tanto editores como instituciones e industriales en general; la segunda, su recaudación por todos los derechos recogidos en la ley", dice Gutiérrez.La VEGAP no ha realizado cálculos sobre la recaudación que alcanzaría si se aplicara milimétricamente la ley, pero pone sobre la mesa las cifras del año pasado. Mientras en Alemania se recaudaron unos 2.300 millones de pesetas y en Francia 4.000, en España sólo se alcanzaron 100 millones de pesetas, y eso a pesar de que, según Gutiérrez, "las tarifas en nuestro país son las más bajas del Continente europeo, en algunos casos hasta de un 60% menos". El impacto sobre los productos, ya sean libros, postales u otro tipo de soportes, es "ridículo" según el gerente de VEGAP. Y pone como ejemplo las tarifas sobre las postales: por cada 10.000 ejemplares el editor tiene que abonar a la entidad 25.000 pesetas. Así, si la postal se vende al precio normal de 100 pesetas, el editor obtendría un millón de pesetas, de los que 25.000 irían a parar al VEGAP y de ahí a su creador.

Aunque no lo digan, otra de las reivindicaciones de los artistas plásticos, plasmadas en el manifiesto de Zaragoza, la de aumentar a 70 años -ahora están en 60- los derechos de explotación de la obra por parte de los herederos en caso de muerte del autor, es claramente favorable es nuestro país con respecto al resto de Europa. Sólo Alemania tiene legislados los 70 años solicitados por los españoles; en Francia lo acaban de rebajar a 50, cifra esta última compartida por Dinamarca y Luxemburgo; en Bélgica son 60, y en Italia, 56.

"Los artistas británicos han estado siempre poco protegidos. La situación está mejorando en virtud del proceso de armonización legislativa promovido por la Comunidad Europea", explica Janet lbbotson, subdirectora ejecutiva de la Design and Artists Copyright Society (DACS), la sociedad comercial encargada de recaudar los derechos de autor de artistas en el Reino Unido, informa

Su facturación en 1992 alcanzó un total bruto de 473.596 libras esterlinas (unos 90 millones de pesetas) en concepto de derechos de autor. En la actualidad, la DACS cuenta con unos 6.400 miembros, pero debido al acuerdo de reciprocidad que mantiene con las organizaciones del resto de los países tiene capacidad para representar a más de 40.000 artistas.

La propiedad intelectual de una obra de arte pertenece de por vida a su autor. Tras su muerte, los derechos de autor pasan inmediatamente a sus herederos hasta un periodo máximo de 50 años, que será ampliado hasta los 70 una vez aprobado por la Comisión Europea. A diferencia de otros países europeos, la legislación británica no contempla el derecho de los artistas a reclamar un porcentaje del precio de reventa de sus obras

En Francia, el número de sociedades que se ocupan de la gestión de los derechos de los artistas es de tres: la SPADEM, la ADAGP y DUTHUIT, aunque esta tercera tan sólo se interesa por la obra del pintor Henri Matisse. La más importante es la SPADEM. "Representamos a unos 5.000 franceses y a unos 10.000 extranjeros", explica un portavoz que no quiere, en cambio, avanzar el montante total del dinero gestionado, informa Octavi Martí."En ADAGP, entre otras cosas, nos ocupamos de cobrar el 3% que corresponde al artista cada vez que su obra es objeto de una venta pública". El matiz es importante, ya que en la SPADEM también dejan bien claro que intervienen "en el caso de subasta, no cuando se trata de una venta entre privados. A partir de 100 francos (2.350 pesetas), el comisario que dirige la subasta tiene la obligación de abonar ese 3% del precio de adjudicación a la sociedad que representa los intereses del autor".

La ADAGP, con unos 2.800 miembros franceses y casi 15.000 extranjeros, entre ellos Saura, Tápies, Miró, Barceló, Clavé y otros artistes españoles, confiesa haber gestionado, en 1992, "30 millones de francos (unos 700 millones de pesetas), de los cuales 20 corresponden a derechos de reproducción; 9, al 3% de las ventas, y 1, a diversos conceptos".

La Bild Kunst es la única sociedad en Alemania que se encarga de las artes plásticas y de la fotografía, informa Stefan Scheuermann. La VGBK Verwertungsgesellschaft Bild Kurist (VGBK), la Sociedad de Explotación Imagen-Arte, funciona, además de como sociedad de explotación, como una especie de sindicato, ya que no defiende sus propios intereses, sino los de unos 23.000 artistas, no sólo alemanes, ingresando anualmente unos 28 millones de marcos (2.300 millones de pesetas).

El derecho de explotación de las obras de arte por parte de los herederos del autor es en Italia de 50 años, con una prórroga de seis para aquellas que en 1944, durante la guerra, estaban bajo esta tutela, informa Karrnentxu Marín. La ley deberá ser modificada para el 1 dejulio de 1995, ya que la Comunidad Europea quiere elevar este derecho de explotación a 70 años.

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