La reforma del seguro de paro persigue un ahorro de 400.000 millones de pesetas en 1994

El agujero en el gasto de desempleo previsto para finales de año se sitúa en 416.578 millones de pesetas, y por esa razón, el Gobierno se propone corregir el déficit entre ingresos y gastos con unas reformas que pretenden un ahorro en torno a los 400.000 millones en 1994. Ese recorte en el gasto se suma al ahorro de 344.800 millones de pesetas, logrado con la reforma introducida en la primavera del pasado año a través del polémico decretazo. El Gobierno quiere también retirar el derecho a la prestación de desempleo a los trabajadores que vayan al paro por negarse a aceptar la movilidad geográf...

El agujero en el gasto de desempleo previsto para finales de año se sitúa en 416.578 millones de pesetas, y por esa razón, el Gobierno se propone corregir el déficit entre ingresos y gastos con unas reformas que pretenden un ahorro en torno a los 400.000 millones en 1994. Ese recorte en el gasto se suma al ahorro de 344.800 millones de pesetas, logrado con la reforma introducida en la primavera del pasado año a través del polémico decretazo. El Gobierno quiere también retirar el derecho a la prestación de desempleo a los trabajadores que vayan al paro por negarse a aceptar la movilidad geográfica.

De no haberse aprobado la reforma de 1992, el coste de las prestaciones de paro en junio de este año se habría situado en 2,46 billones de pesetas y con esas medidas el gasto real estimado es de 2,11 billones de pesetas.Pese al recorte ya aplicado, el sistema de protección de desempleo sigue teniendo un fuerte déficit. Para el conjunto del año 1993, la diferencia entre el presupuesto inicial y el liquidado estimado es de 382.675 millones de pesetas y el déficit total acumula do de 416.578 millones de pesetas. El conjunto de medidas que ahora propone el Gobierno intentan lograr un ahorro de 400.000 millones. Así se lo ha comunicado a los agentes sociales y lo sugiere en sus documentos al marcar el objetivo de restablecer el equilibrio financiero.

Para lograr ese ahorro del gasto de paro, el Gobierno ha propuesto a los interlocutores sociales un conjunto de medidas que denomina "de consolidación del sistema de protección". Los sindicatos las llaman lisa y llana mente "de recorte". Cualquiera que sea el nombre elegido, con ese paquete de medidas se endurecen las condiciones de acceso al subsidio asistencial. En las prestaciones contributivas también se produce un endurecimiento y se reduce la cuantía al estar sujetas a tributación del IRPF y a la cotización a la Seguridad Social.

El pago de cuotas e impuestos por parte de los parados con subsidio puede suponer en total unos 150.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones de los sindicatos.

Requisitos para el subsidio

Los requisitos para percibir e subsidio asistencial se quieren modificar de forma que se pague sólo a los parados que "carezcan de renta de cualquier naturaleza, individuales o de la unidad familiar, superiores a la cuantía del subsidio (75% del salario mínimo)". En la actualidad se accede al subsido con rentas inferiores al 100% del salario mínimo. La segunda medida para este mismo colectivo consiste en considerar "responsabilidades familiares" al cónyuge y a los hijos. En las causas legales de desempleo que dan derecho a la protección se producen sensibles cambios y se deniega el seguro de paro en las situaciones que "se aprecia voluntariedad del trabajador" para ir al paro "o que en cubren situaciones de bajas voluntarias previas". Por ello, si prospera la propuesta del Gobierno, no tendrán derecho a prestación los trabajadores que se nieguen a la movilidad geográfica o a la modificación de las condiciones de trabajo y opten por la extinción de contrato.

También se elimina el derecho a la prestación en los despidos calificados como procedentes por el orden jurisdiccional social y en las rescisiones de contrato durante el periodo de prueba cuando se haya producido una baja voluntaria previa. Una medida que produce una reducción en la cuantía de parte de las prestaciones contributivas es la que elimina el tope mínimo de prestación contributiva (75% del salario mínimo) que sólo se matendrá para los parados con hijos a cargo. En el amplio documento en el que se recoge la situación de la protección se justifica esa medida porque "el coste máximo del sistema" reside en los trabajadores con salarios bajos (de 2.801 a 4.000 pesetas-día), lo que induce a pensar al Gobierno que "el tope mínimo juega un papel importante en la composición del coste" total.

En cambio dice textualmente que los trabajadores con salarios altos (a partir de 7.200 pesetas-día) suponen aproximadamente el 10% de la población protegida y el 14% del coste total. De ahí se deduce que el Gobierno ha desestimado eliminar ' los topes máximos de prestación porque esa medida tendría una escasa repercusión en el gasto total.

Paro estructural

Con todo ello se persigue "evitar que ningún desempleado pueda cobrar más en el desempleo que trabajando" y fortalecer el principio de "involuntariedad" en la pérdida del empleo como causa de acceso a la protección.El documento recoge un dato que pone de manifiesto la gravedad del paro. Entre 1987 y 1990, la prestación de desempleo "ha protegido el paro provocado por la rotación en el mercado laboral, pero al agravarse la situación económica, en, 1991 y especialmente en 1992, la prestación ha pasado a proteger un paro de carácter más estructural que afecta a colectivos también más estables`.

En el reparto por edades se produce un incremento de parados mayores de 50 años entre 1991 y 1992, y se invierte la tendencia de descenso que se había iniciado en 1987. La Administración apunta que puede ser una "posible consecuencia del deterioro del mercado laboral".